La Fiscalía presentó ante la juez 53 de conocimiento la acusación contra un capitán, un intendente y dos patrulleros de la Policía Nacional que, al parecer, mediante diferentes actuaciones ilícitas, habrían inducido en error a dos fiscales y a dos jueces para lograr la interceptación de los teléfonos de dos exempleadas de Laura Sarabia en ese momento jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro.
Se estableció que el 30 de enero del 2023, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredy Morales Cárdenas, presuntamente, acudieron ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Quibdó, Chocó y, con informes falsos sustentados con el testimonio de una aparente fuente humana, pidieron el aval para interceptar dos líneas telefónicas que pertenecerían a alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’.
Durante la audiencia del 26 de abril, la juez reconoció como víctimas a la niñera Marelbys del Carmen Mesa; Fabiola Perea, exempleada de Laura Sarabia; Jhonson Pineda y Lucelia Robles Arrieta, amigos de Meza; quienes manifiestan que se les dañó su reputación.
Igualmente, fueron reconocidos Marbel Alcira Morales Quevedo, fiscal 101 local, quien investigó el hurto a la residencia de la exjefe de gabinete, y el fiscal Óscar Fernández Gutiérrez, fue el que avaló el procedimiento en los celulares tanto de Meza como de la otra trabajadora de Sarabia, Fabiola Perea.
La Fiscalía anunció que se realizará un preacuerdo con la patrullera Dana Alejandra Canizales.
La decisión fue apelada por los abogados Miguel Angél del Rio y Diego Gutiérrez, defensores de los Policías investigados en este caso, por las presuntas «chuzadas» a las líneas telefónicas, para los penalistas no se acreditaron los daños materiales y morales a las víctimas.
Respecto a los funcionarios, del Rio dice que no han sido retirados de su cargo, que no hay daño en su reputación.
Diego Gutierrez, abogado del intendente Alfonso Quinchanegua, argumentó que no se acreditó el daño, solo fueron mencionados en el expediente, respecto a Jhonson Pineda no dice las razones por las que supuestamente fue despedido, o si fue despedido. «No se recibió ningún medio probatorio para establecer el daño sufrido por la fiscal Marbel Alcira Morales Quevedo, al igual que el fiscal Óscar Fernández Gutiérrez, ellos no verificaron los informes y la orden de interceptación entregadas por los agentes de la SIJIN. Solo tenemos el dicho de los funcionarios, no se entregaron pruebas del daño sufrido«.
Vea la adiencia aquí:
Ahora el proceso queda suspendido hasta que se resuelva por parte del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia la apelación al reconocimiento de víctimas.
Según la Fiscalía entre el 1 y el 3 de febrero de 2023, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales, presuntamente presentaron dos informes de policía a una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional de Bogotá, en los que solicitaban autorización para intervenir las comunicaciones de tres personas, se trataría de la exniñera del hijo de la señora Laura Sarabia y dos amigos muy cercanos a esta empleada a quienes, al parecer, hicieron pasar como dos peligrosos integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto a residencias en Bogotá, con el supuesto de que estarían involucrados en la pérdida de un dinero.
Los elementos de prueba permitieron establecer que estos dos objetivos, en realidad, eran las ex empleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y los cuatro exfuncionarios son señalados de brindar información equivocada a fiscales, la cual, posteriormente fue presentada ante jueces para legalizar las órdenes.
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Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó a los cuatro uniformados los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Adicionalmente, al intendente Quinchanegua Quinchanegua y a la patrullera Canizales Bonilla se les formuló el delito de falsedad material en documento público agravado.
Los procesados no aceptaron cargos. Los uniformados estan bajo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
