La exjefa de Gabinete y excanciller Laura Sarabia se declaró inocente de los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. La Fiscalía sostuvo que habría utilizado su posición en la Presidencia y recursos del Estado para esclarecer la desaparición de una maleta con dinero de su residencia. Su abogado, el exfiscal general Mario Iguarán, cuestionó la imputación y pidió precisiones sobre la condición de determinadora que el ente acusador le atribuye.
Laura Camila Sarabia Torres, una de las funcionarias más poderosas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, no aceptó los cargos que la Fiscalía General de la Nación le imputó este lunes 14 de septiembre por el denominado caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de su hijo.
La diligencia se desarrolló ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y terminó con la imputación de tres delitos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Este último cargo fue incorporado por la Fiscalía durante la audiencia.
«No acepto los cargos narrados por la Fiscalía» Laura Sarabia
Al ser interrogada sobre si aceptaba los cargos formulados por el ente acusador, Sarabia manifestó que no aceptaba responsabilidad. La jueza posteriormente avaló la formulación de imputación, por lo que la investigación continuará ahora hacia una eventual presentación de escrito de acusación y juicio.
La maleta con dinero que originó el caso
Los hechos se remontan a finales de enero de 2023, cuando Sarabia era jefa de Gabinete del entonces presidente Gustavo Petro.
Según reconstruyó la Fiscalía durante la diligencia, el caso comenzó con la desaparición de una maleta o bolsa que contenía dinero y otros elementos y que había sido enviada a la residencia de Sarabia.
La Fiscalía señaló que la bolsa debía ser recibida por Andrés Parra, esposo de Sarabia, pero como este no se encontraba en el apartamento terminó quedando en manos de Marelbys Meza. Posteriormente, cuando Sarabia pidió buscarla, el elemento ya no habría sido encontrado.
A partir de ese momento comenzó una serie de actuaciones que hoy son objeto de investigación penal.
De acuerdo con la teoría expuesta por la Fiscalía, Sarabia contactó al entonces responsable de la seguridad presidencial, el coronel Carlos Alberto Feria, para informarle sobre la desaparición y solicitar actuaciones encaminadas a establecer qué había sucedido.
El ente acusador sostiene que posteriormente se impartieron instrucciones para que Marelbys Meza fuera sometida a una prueba de polígrafo, pese a tratarse de una empleada particular y de un asunto que, según la Fiscalía, no correspondía a los fines institucionales para los cuales estaban destinados los funcionarios y equipos de seguridad de la Presidencia.
“Usted estaba obligada a obrar siempre conforme a derecho”
Uno de los momentos centrales de la audiencia se produjo cuando la fiscal explicó por qué considera que Sarabia habría desbordado las competencias que tenía como alta funcionaria del Gobierno.
La Fiscalía sostuvo que la entonces jefa de Gabinete no tenía facultades para ordenar la utilización del polígrafo de la Presidencia con el propósito de esclarecer un asunto relacionado con la desaparición de bienes de su residencia.
Durante la imputación, la fiscal le recordó a Sarabia que, por su condición de servidora pública, estaba sometida al principio de legalidad:
“Usted estaba obligada a obrar siempre conforme a derecho”, señaló la representante del ente acusador durante la diligencia.
La tesis de la Fiscalía es que Sarabia habría determinado al coronel Carlos Feria para que se utilizara la estructura institucional destinada a la seguridad presidencial con el objetivo de practicarle el polígrafo a Meza.
Según lo expuesto durante la audiencia, Sarabia también habría hablado directamente con la trabajadora sobre la realización de la prueba. Para el ente investigador, la relación laboral y de subordinación existente entre ambas es relevante para establecer las circunstancias en las que Meza terminó aceptando someterse al procedimiento.
El traslado de Marelbys Meza al polígrafo
La Fiscalía reconstruyó además lo sucedido el 29 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue llevada para la realización del examen.
El cuestionamiento central del ente investigador es que se habría puesto en funcionamiento una estructura del Estado —personal de seguridad, instalaciones y equipos oficiales— para esclarecer un asunto de naturaleza privada.
Precisamente de ese hecho surge el tercer delito incorporado este lunes a la imputación: peculado por uso.
Para la Fiscalía, el presunto uso de bienes y recursos públicos destinados a funciones institucionales para realizar el polígrafo a una empleada particular podría configurar ese delito.
Los tres delitos imputados
Inicialmente se había anunciado que Sarabia sería imputada por abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. Sin embargo, durante la audiencia la Fiscalía agregó peculado por uso, ampliando a tres los delitos por los cuales quedó formalmente vinculada al proceso.
En el caso del abuso de función pública, la Fiscalía considera que Sarabia habría realizado o determinado actuaciones que estaban por fuera de las competencias que tenía como jefa de Gabinete.
Respecto del constreñimiento ilegal agravado, el ente investigador analiza las circunstancias bajo las cuales Marelbys Meza terminó sometiéndose al polígrafo y la relación de subordinación existente entre ella y Sarabia.
Finalmente, el peculado por uso está relacionado con la presunta utilización de recursos oficiales para atender una situación de carácter particular.
Mario Iguarán cuestionó la imputación
La defensa de Laura Sarabia está encabezada por Mario Iguarán Arana, exfiscal general de la Nación, quien intervino durante la audiencia para solicitar varias aclaraciones sobre la imputación.
Uno de sus cuestionamientos estuvo relacionado con la forma en que la Fiscalía atribuyó a Sarabia la condición de determinadora de algunas de las conductas investigadas.
La defensa pidió que quedara claramente establecido cuáles habrían sido las órdenes impartidas por Sarabia, quién habría ejecutado cada una de ellas y cuál sería concretamente su participación frente a los tres delitos.
Iguarán también cuestionó con dureza que la Fiscalía hubiera incorporado el delito de peculado por uso y planteó que el nuevo cargo podía representar un incremento injustificado de la imputación.
“Para eso les pagan, para imputar y acusar, pero hay que ser objetivos, y ojalá que, como no hemos accedido a lo de la aceptación de cargos, al preacuerdo, no se trate de una inflada de cargos”, afirmó el exfiscal durante la diligencia.
La intervención dejó en evidencia una de las principales líneas que tendrá la defensa: discutir si Sarabia realmente tenía dominio o capacidad de determinación sobre las actuaciones ejecutadas por los funcionarios encargados de la seguridad presidencial y cuestionar la configuración jurídica de los delitos atribuidos.
Fiscalía tuvo que precisar la imputación
Los cuestionamientos de la defensa llevaron incluso a que durante la audiencia se decretara un receso de más de dos horas para que la Fiscalía organizara y precisara sus respuestas frente a las solicitudes de aclaración.
Una vez reanudada la diligencia, la jueza consideró que la Fiscalía había cumplido los requisitos necesarios para formular la imputación y declaró ajustado a derecho el acto de comunicación de los cargos.
Esto no significa que Sarabia haya sido declarada culpable. La imputación constituye la comunicación formal de los hechos y delitos por los cuales una persona comienza a ser investigada penalmente en calidad de imputada.
Sarabia no aceptó responsabilidad
Después de escuchar la exposición de la Fiscalía y las intervenciones de su defensa, Laura Sarabia decidió no aceptar ninguno de los tres cargos.
Con esa decisión, la exfuncionaria renunció a cualquier beneficio inmediato que pudiera derivarse de una aceptación temprana de responsabilidad y optó por controvertir la teoría de la Fiscalía dentro del proceso penal.
La Fiscalía deberá continuar recaudando y consolidando los elementos materiales probatorios con los cuales determinará si presenta formalmente un escrito de acusación y lleva a Sarabia a juicio.
Un escándalo que sacudió al gobierno Petro
El caso de Marelbys Meza estalló públicamente en 2023 y se convirtió en uno de los primeros grandes escándalos del gobierno de Gustavo Petro.
Además del episodio del polígrafo, la investigación terminó revelando presuntas interceptaciones ilegales realizadas contra Meza. Dentro de esa línea del caso han sido investigados integrantes de la Policía.
Uno de los nombres relevantes es el del capitán Óscar Leandro Mojica, quien llegó a un principio de oportunidad y se comprometió a colaborar con la justicia. La Fiscalía sostiene que se habrían elaborado informes falsos que permitieron tramitar interceptaciones contra la exniñera.
El expediente también ha involucrado al coronel Carlos Feria y a otros integrantes de la estructura de seguridad que operaba en la Presidencia durante el gobierno Petro.
Sarabia, por su parte, salió inicialmente del Gobierno en medio del escándalo, aunque posteriormente regresó a ocupar posiciones de primer nivel. Fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), canciller y posteriormente embajadora de Colombia ante el Reino Unido.
Ahora, más de tres años después de los hechos, la exfuncionaria quedó formalmente vinculada al proceso penal por el episodio del polígrafo.
La audiencia de este lunes marca así una nueva etapa judicial del caso: la Fiscalía ya comunicó formalmente los tres delitos que atribuye a Sarabia, la jueza avaló la imputación y la exfuncionaria dejó clara su posición ante la justicia: no acepta los cargos y enfrentará el proceso ejerciendo su defensa.