El documento, de más de 130 páginas, fue entregado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. El Gobierno de Abelardo de la Espriella asegura haber identificado más de 80 situaciones que requieren revisión y destaca 10 casos que, según su análisis, pusieron en riesgo la gestión pública. Además, un capítulo anticorrupción relaciona 23 asuntos que fueron objeto de revisión especial. Las observaciones no constituyen por sí mismas decisiones judiciales ni determinan responsabilidades.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella puso en manos de los organismos de investigación y control uno de los documentos con los que pretende marcar el cierre definitivo del proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro: el denominado “Libro de la Verdad”, un informe de más de 130 páginas que recoge hallazgos, alertas y presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la gestión estatal correspondiente al periodo 2022-2026.
El documento fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, instituciones que deberán determinar, dentro de sus respectivas competencias, cuáles de los hechos denunciados tienen mérito para investigaciones penales, disciplinarias o fiscales.
La dimensión del informe va mucho más allá de los diez casos que el Gobierno escogió para representar los principales riesgos encontrados. Según la información presentada por la nueva administración, el ejercicio de revisión comprende más de 80 situaciones o casos de presuntas irregularidades distribuidos en diferentes sectores del Estado y un capítulo especial recoge 23 casos asociados a posibles hechos de corrupción que ameritaron un examen adicional.
“Mi obligación como Presidente es construir el futuro de Colombia, pero también es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que, por su gravedad, comprometen la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, aseguró De la Espriella durante la entrega del informe.
El mandatario agregó una de las frases más fuertes de la presentación: “El país quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre”.
Sin embargo, será la justicia y no el Ejecutivo la encargada de establecer si efectivamente existieron delitos y quiénes serían sus responsables.
¿Qué es el “Libro de la Verdad”?
El informe funciona como una radiografía elaborada por la administración entrante a partir de la información recopilada durante el empalme gubernamental.
No se limita a enumerar contratos cuestionados. La metodología intenta identificar patrones que, según el nuevo Gobierno, se repitieron en diferentes ministerios, departamentos administrativos, fondos y entidades públicas.
El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que el análisis permitió agrupar los problemas en nueve comportamientos críticos.
“Hoy el ‘Libro de la Verdad’ no está describiendo hechos aislados en 22 sectores críticos, sino que estamos viendo nueve comportamientos que se repiten”, afirmó Restrepo.
De esa manera, el documento tiene varios niveles de lectura: primero identifica comportamientos estructurales; posteriormente analiza sectores y entidades; después presenta casos concretos y, finalmente, separa aquellos asuntos que considera suficientemente delicados para ponerlos en conocimiento de los organismos de control.
Los nueve comportamientos que, según el Gobierno, se repitieron
Una de las principales conclusiones del informe es lo que denomina “destrucción del rigor técnico”. La nueva administración sostiene que durante el Gobierno Petro el mérito habría sido reemplazado en algunos escenarios por relaciones de conveniencia o dependencia política para determinados nombramientos.
De acuerdo con la tesis presentada, esa pérdida de capacidad técnica terminó afectando la toma de decisiones y facilitando errores administrativos.
Otro comportamiento identificado es la parálisis operativa, relacionada con entidades que contaban con recursos presupuestales, competencias y responsabilidades, pero que habrían mostrado niveles insuficientes de ejecución.
El informe también plantea problemas por obsolescencia o insuficiencia tecnológica, así como por la utilización de información que califica como poco confiable, incompleta o insuficientemente contrastada para la toma de decisiones públicas.
A ello se suma la supuesta concentración contractual y del poder operativo, que habría reducido la competencia entre proveedores y aumentado los riesgos de prácticas clientelistas.
Otros capítulos advierten sobre una creciente exposición del Estado a contingencias fiscales y jurídicas, la pérdida de control territorial frente a economías criminales, dificultades de coordinación entre entidades y una capacidad fiscal restringida para el Gobierno que asumió el poder el pasado 7 de agosto.
“Cuando existe un manejo desordenado, irresponsable o poco íntegro, o cuando hay usos indebidos de los recursos públicos, lo que se pone en riesgo es la Nación misma”, señaló Restrepo.
Estos son los 10 casos que el Gobierno puso como principales alertas
Aunque el informe aborda decenas de situaciones, la administración De la Espriella seleccionó un Top 10 de casos que, según su análisis, pusieron en riesgo la gestión pública.
Estos son los casos y las cifras que aparecen en el documento:
1. UNGRD: ejecución del 4,3 % y problemas de trazabilidad
El primer lugar corresponde a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El informe asegura que la entidad “solo ejecutó el 4,3 % de $15,3 billones en cuatro años”, y menciona además $240.766 millones sin reintegrar y un decreto relacionado con $4 billones que fue suspendido por el Consejo de Estado.
El Gobierno clasifica este caso dentro de un escenario de “parálisis operativa” y cuestiona la trazabilidad contractual de los recursos.
La situación adquiere especial relevancia en momentos en que la UNGRD debe encabezar buena parte de la respuesta estatal frente al terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto.
2. La Guajira: 1.085 contratos por $1,78 billones
El segundo caso está relacionado con los recursos destinados a atender la crisis humanitaria de la niñez en La Guajira y el cumplimiento de la Sentencia T-302.
Según el cuadro presentado por el Gobierno, entre 2022 y julio de 2026 se suscribieron 1.085 contratos por $1,78 billones, pero el nuevo Ejecutivo afirma que no encontró resultados verificables suficientes para la niñez guajira.
El informe resume la alerta con una frase: “La sentencia que protegía a la niñez de La Guajira, usada como sombrilla para contratar $1,78 billones”.
3. “Nóminas paralelas”: hasta 900.000 contratistas
La tercera alerta apunta al uso de contratos de prestación de servicios dentro del Estado.
El Libro habla de hasta 900.000 contratistas y cuestiona la utilización de esta modalidad para atender funciones permanentes.
De acuerdo con el documento, esta práctica habría dejado un pasivo contingente superior a $5 billones para el Estado.
Este punto fue uno de los destacados personalmente por el presidente De la Espriella durante la presentación del informe, al referirse a lo que calificó como “nóminas paralelas”.
4. Defensa: déficit de $14 billones y solo 8 de 19 MI-17 operativos
El cuarto capítulo crítico se concentra en la seguridad y defensa nacional.
El Gobierno sostiene que mientras los grupos armados y las economías criminales ampliaron su presencia territorial, las Fuerzas Militares perdieron capacidad operacional.
La cifra central es un supuesto déficit presupuestal de $14 billones.
El documento agrega un dato particularmente sensible sobre la aviación militar: solo ocho de 19 helicópteros MI-17 estarían operativos.
Para la nueva administración, el caso refleja una pérdida de control territorial frente a las economías criminales y dificultades para mantener capacidades estratégicas de la Fuerza Pública.
5. Colombia Mayor: recursos agotados desde julio
El quinto caso es social.
El Gobierno advierte sobre una desfinanciación del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026.
Según el informe, el programa atiende aproximadamente a tres millones de adultos mayores en condición de pobreza y habría agotado su presupuesto en julio después de una ampliación de cobertura que, según cuestiona el Ejecutivo entrante, se hizo sin un plan financiero suficiente para garantizar su continuidad.
La consecuencia es que el nuevo Gobierno asegura haber recibido el programa sin los recursos necesarios para terminar la vigencia.
6. Fonigualdad: $140.910 millones bajo cuestionamiento
La sexta alerta se concentra en el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad).
Según el Libro, el Fondo pagó $140.910 millones a una empresa de servicios temporales.
El cuestionamiento se centra en los soportes de la ejecución.
“Los contratos con la empresa de servicios temporales carecen de soportes que acrediten que el personal contratado cumplió la finalidad del fondo, según se denuncia en el Congreso”, señala el documento citado por el Gobierno.
El caso fue incluido dentro de la categoría de riesgo por captura contractual y concentración del poder operativo.
7. Reforma agraria: tierras entregadas sin registro pleno
La reforma agraria ocupa el séptimo lugar.
El documento presentado por el Gobierno señala que el Fondo de Tierras reportó 351.463 hectáreas entregadas, pero asegura que solo 98.148 hectáreas cuentan con registro pleno.
Este dato es especialmente importante porque difiere de otras cifras divulgadas sobre el mismo hallazgo. En la gráfica oficial del Top 10 entregada con el informe se especifican 98.148 hectáreas, por lo que esa es la cifra que se toma como referencia en este artículo.
Según el Gobierno, se habría pagado cerca de $1 billón por los predios.
La alerta fue clasificada como un problema de opacidad y distorsión de la información pública.
8. Air-e: patrimonio negativo y $2,59 billones en pérdidas
El octavo caso es la situación financiera de Air-e, compañía encargada del servicio eléctrico para aproximadamente 5,9 millones de personas en el Caribe.
El informe sostiene que la empresa pasó de registrar un patrimonio de aproximadamente $2,22 billones en 2023 a -$377.662 millones en 2025.
Además, calcula $2,59 billones en pérdidas acumuladas.
Para el Gobierno, la situación de Air-e es un ejemplo de lo que denomina fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica.
9. Fomag: 61 hallazgos por $548.000 millones
La novena alerta tiene que ver con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
El Libro menciona 61 hallazgos de la Contraloría por $548.000 millones.
A las dudas sobre el manejo administrativo y financiero se agregan las dificultades que han enfrentado los maestros con sus prestaciones.
El documento sostiene que existen docentes que deben esperar hasta siete años para recibir el pago de su pensión.
El caso es presentado como una muestra de cómo la ineficiencia administrativa puede terminar afectando directamente los derechos de los ciudadanos.
10. Deuda pública: “una bomba de tiempo fiscal”
El décimo caso seleccionado se refiere al manejo de las finanzas públicas.
El Gobierno De la Espriella lo denomina “la bomba de tiempo fiscal: deuda contratada a las tasas más altas de la historia”.
El documento menciona observaciones de organismos de control frente al manejo de la deuda y cuestiona modificaciones relacionadas con los límites de adjudicación por emisor de Títulos de Tesorería (TES).
Este caso se ubica dentro de la categoría de opacidad y distorsión de la información pública y forma parte de la advertencia general de la nueva administración sobre la situación fiscal que asegura haber recibido.
Más allá del Top 10: 23 casos bajo la lupa anticorrupción
Una de las claves para comprender el Libro es que los diez casos anteriores no representan la totalidad de las situaciones identificadas.
El documento incluye un apartado sobre actuaciones adelantadas por un denominado Equipo Élite Anticorrupción, creado para revisar hallazgos que surgieron durante el proceso de empalme y que requerían, según el nuevo Gobierno, una revisión inmediata.
“Los casos que se presentan a continuación recogen algunas de las actuaciones adelantadas por el Equipo Élite Anticorrupción, con ocasión de los hallazgos advertidos durante el ejercicio de empalme institucional llevado a cabo en el marco del proceso de transición gubernamental”, señala el informe.
La revisión se concentró especialmente en procesos contractuales próximos a ser adjudicados, decisiones administrativas adoptadas durante la transición y gestión de recursos públicos.
En ese capítulo aparecen 23 casos asociados a posibles irregularidades o hechos de corrupción.
San Juan de Dios: nómina antes de entrar plenamente en funcionamiento
Entre los asuntos destacados aparece el Hospital San Juan de Dios, cuya recuperación constituyó una de las principales apuestas del Gobierno Petro.
El nuevo Ejecutivo cuestionó el tamaño y costo de la planta de personal frente al nivel real de funcionamiento de la institución.
Según el Libro, el Equipo Élite decidió revisar “la proporcionalidad entre el crecimiento de la planta de personal y el nivel de operación efectivo de la institución”.
El asunto fue trasladado a la Procuraduría y a la Contraloría para que determinen si existieron irregularidades administrativas.
Contratos de ciencia y tecnología por $900.000 millones
Otro caso señalado corresponde a proyectos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El nuevo Gobierno afirma que el 6 de agosto, apenas un día antes de finalizar la administración Petro, estaban en curso decisiones relacionadas con proyectos por aproximadamente $900.000 millones.
Precisamente la cercanía de esas decisiones con el cambio presidencial llevó al equipo de empalme a intervenir y revisar los procesos.
Fines de semana declarados hábiles para contratar
El documento también llama la atención sobre decisiones adoptadas en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
El cuestionamiento se concentra en la decisión de habilitar algunos fines de semana de julio como días hábiles para adelantar trámites contractuales durante las últimas semanas del Gobierno anterior.
Para el equipo entrante, la proximidad con la terminación del mandato justificaba una revisión especial de esas actuaciones.
Cenit: contrato de $23.663 millones
Otro caso incluido está relacionado con Cenit y un contrato adjudicado a Gesycobro S.A.S.
Según la información presentada en el Libro, el negocio alcanzaba los $23.663 millones, mientras que la compañía seleccionada tendría un capital cercano a $117 millones.
El contraste entre el tamaño del contrato y el capital reportado de la empresa llevó a que el proceso fuera incluido entre los asuntos revisados.
Fenoge y Electrohuila también aparecen
El informe también menciona modificaciones realizadas dentro de un proceso contractual del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).
Otro de los asuntos corresponde a Electrohuila, donde el Gobierno entrante cuestionó modificaciones estatutarias que, según su interpretación, buscaban garantizar la permanencia de su gerente.
Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos contenidos en el informe y deberán ser contrastadas por los organismos competentes antes de que pueda establecerse la existencia de una conducta irregular.
Procuraduría: se habrían frenado contratos por cerca de $5 billones
La presentación del Libro estuvo acompañada de otra revelación de alto impacto.
El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que la actuación preventiva del Ministerio Público permitió impedir que durante los últimos días del Gobierno anterior se concretaran procesos contractuales por aproximadamente $5 billones.
La afirmación introduce otro elemento al balance de la transición: además de revisar lo que efectivamente se contrató o ejecutó, los organismos de control deberán establecer qué ocurrió con los procesos que estaban en trámite al finalizar el anterior Gobierno.
Fiscalía creará grupo especial
La entrega del documento a los organismos de control no significa que las personas mencionadas sean responsables de delitos.
Ese fue precisamente uno de los mensajes planteados desde la Fiscalía General de la Nación.
La fiscal general sostuvo que el tratamiento de la información deberá mantener un equilibrio entre el avance de las investigaciones y las garantías constitucionales de quienes eventualmente puedan resultar involucrados.
“La lucha contra la corrupción hoy, que es el Día Nacional contra la Corrupción, exige instituciones firmes, pero también prudentes; decididas, pero respetuosas de las garantías; comprometidas con la rendición de cuentas, pero igualmente con la presunción de inocencia y con el debido proceso”, afirmó.
La precisión resulta fundamental: el “Libro de la Verdad” es un documento elaborado por el Gobierno De la Espriella con hallazgos y denuncias de su proceso de empalme, no una sentencia judicial.
Corresponderá ahora a la Fiscalía establecer si existen elementos para abrir o profundizar investigaciones penales; a la Contraloría determinar eventuales responsabilidades fiscales, y a la Procuraduría evaluar posibles faltas disciplinarias.
Del empalme a las investigaciones
Con la entrega del informe comienza una segunda etapa.
La primera correspondió al proceso político y administrativo de empalme, en el que el Gobierno entrante examinó contratos, presupuestos, programas, plantas de personal, deudas, proyectos y decisiones tomadas por la administración saliente.
La siguiente estará en manos de los organismos de control y de la justicia.
Las cifras incluidas en el documento —$15,3 billones asociados al presupuesto analizado de la UNGRD; $1,78 billones en contratación vinculada a la atención de La Guajira; hasta 900.000 contratos de prestación de servicios; un déficit de $14 billones señalado en Defensa; $140.910 millones cuestionados en Fonigualdad; $2,59 billones en pérdidas acumuladas de Air-e y $548.000 millones en hallazgos relacionados con el Fomag, entre otras— muestran la dimensión de los asuntos que el nuevo Ejecutivo quiere que sean examinados.
Pero el punto central estará en determinar qué parte corresponde a ineficiencia administrativa, decisiones de política pública discutibles o problemas presupuestales, y en cuáles casos existen realmente elementos que permitan hablar de responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal.
Ese será el verdadero alcance jurídico del denominado “Libro de la Verdad”: convertir las advertencias surgidas del empalme en información verificable y permitir que los organismos competentes establezcan, caso por caso, si detrás de las más de 80 situaciones señaladas existieron simplemente fallas de gestión o hechos que deban terminar ante la justicia.