En el marco del octavo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado contundente para intensificar los esfuerzos en la implementación del enfoque de género incluido en el histórico pacto de 2016.
Durante un pronunciamiento, destacó que este componente es crucial para garantizar una paz sostenible y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos en Colombia.
A pesar de los avances logrados, los datos preocupan: de las 130 disposiciones del Acuerdo relacionadas con el enfoque de género, más del 50% siguen en etapas iniciales de implementación. Según Marín Ortiz, esta situación no solo pone en riesgo la consolidación de la paz, sino que perpetúa barreras históricas para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.
“Este panorama es alarmante porque retrasa los compromisos asumidos y perpetúa las desigualdades que el Acuerdo buscaba combatir. Es urgente que el Gobierno nacional y las entidades responsables asuman con mayor decisión la implementación de estas medidas”, afirmó la Defensora.
Principales desafíos y recomendaciones
La Defensoría del Pueblo identificó varias barreras que frenan la materialización de este enfoque, y presentó siete recomendaciones clave para abordar los rezagos:
- Acceso a la tierra para mujeres rurales: Solo el 13,98% de las hectáreas prometidas han sido entregadas a mujeres rurales. La actualización de la Ley 731 de 2002 y una dinamización de los programas del Fondo de Tierras son esenciales para responder a estos desafíos.
- Participación política: Aunque el Acuerdo creó las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) para ampliar la representación política, apenas tres de los 16 escaños han sido ocupados por mujeres. Se requiere fortalecer el financiamiento de campañas y medidas contra la violencia política de género.
- Justicia restaurativa y reparación: Las víctimas de violencias de género, sexual y reproductiva necesitan acciones concretas. La Defensoría pidió priorizar los proyectos de reparación en el marco de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Ley de Víctimas.
- Protección para lideresas y firmantes de paz: Urge la implementación efectiva del Programa Integral de Reincorporación y del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, diseñados con un enfoque de género.
- Inversión pública diferencial: Es necesario destinar recursos específicos para las mujeres en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
- Incorporación del enfoque étnico: Las mujeres de grupos étnicos enfrentan violencias desproporcionadas y obstáculos particulares para participar en los procesos. La Defensoría llamó a garantizar su inclusión en condiciones seguras y dignas.
Un compromiso que no puede esperar
El llamado de la Defensora del Pueblo resalta la importancia de colocar el enfoque de género como prioridad en la agenda nacional. “La paz no será sostenible sin la garantía de derechos para mujeres y personas LGBTIQ+”, concluyó Iris Marín Ortiz.
A ocho años de la firma del Acuerdo, la Defensoría reiteró que avanzar en estos compromisos es un paso indispensable para consolidar una paz que sea realmente incluyente y transformadora.