En una maniobra criminal que permitía a cabecillas de estructuras ilegales y personas con antecedentes judiciales portar armas de fuego de manera legalizada fue desmantelada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, tras una investigación que puso al descubierto la complicidad de varias empresas de seguridad privada.
De acuerdo con las autoridades, estas compañías habrían carnetizado como escoltas a reconocidos delincuentes requeridos por la justicia y, mediante contratos fraudulentos, les facilitaban armas de fuego, municiones y otros elementos con aparente aval de los entes de control.
Como resultado de las investigaciones, fueron capturados en Bogotá y Barranquilla tres representantes legales de empresas de vigilancia involucradas en el esquema ilícito. Entre los detenidos figuran dos exoficiales de la Policía Nacional: el coronel (r) Pedro Alexander Ruiz Pulido y el capitán (r) José Omar Urrego Chitiva, junto a Jorge Oswaldo Castaño Galindo.
Durante los operativos se incautaron seis teléfonos celulares, tres memorias USB, 3.735 cartuchos de distintos calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, cinco escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo.
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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado y enriquecimiento ilícito, cargos que no fueron aceptados.
Delincuentes armados como escoltas
Según los elementos probatorios, el coronel (r) Ruiz Pulido, a través de su empresa, habría simulado pagos por el alquiler de armas y carnetizó como escolta a Edgar Elicio Munévar, alias El Caballista, integrante de una red que transportaba drogas en vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y señalado por su participación en la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota.
A su vez, el capitán (r) Urrego Chitiva, mediante su empresa, habría proporcionado armas a Jesús Martín Bello, también vinculado a la fuga de Matamba, y a Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén, cabecilla del grupo criminal La Oficina, con presencia en Medellín y otros municipios de Antioquia.
Por su parte, la compañía de Jorge Oswaldo Castaño Galindo habría suministrado armamento a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, exintegrante de las AUC, y a Oliverio Isaza Ramírez, alias Terror, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y del Clan del Golfo, recientemente abatido en una operación policial.
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Extinción de dominio por más de $1.800 millones
Paralelo al proceso penal, la Fiscalía impuso medidas cautelares de extinción de dominio sobre bienes valorados en más de 1.800 millones de pesos, relacionados con esta red criminal.
Entre los activos ocupados figuran dos sociedades, tres empresas de seguridad, tres inmuebles y un vehículo de alta gama. Los operativos de ocupación se realizaron en Bogotá, Villavicencio (Meta), Ibagué (Tolima), Neiva (Huila) y Puerto Triunfo (Antioquia).
La acción de extinción de dominio se originó tras la captura de Manuel Antonio Castañeda Bernal, quien fue sorprendido transportando 168 kilogramos de cocaína en una camioneta oficial de la UNP en vías del Cauca.
Los bienes incautados quedarán a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso judicial contra los capturados y las investigaciones sobre posibles nuevos implicados en esta red que usó la fachada de la seguridad privada para blindar a peligrosos delincuentes.
