El proceso judicial contra el empresario Carlos Mattos por sus salidas irregulares de la cárcel La Picota continuará en los estrados. Un juzgado de control de garantías de Bogotá decidió no avalar el principio de oportunidad que había sido pactado entre la Fiscalía General de la Nación y el empresario, al considerar que no se sustentó adecuadamente el beneficio solicitado.
La decisión fue adoptada por la juez 14 de garantías de Bogotá, quien concluyó que, aunque el mecanismo del principio de oportunidad podría ser viable en este caso, la Fiscalía no presentó una justificación suficiente ni demostró que la propuesta cumpliera con los requisitos legales exigidos para suspender la acción penal.
El acuerdo que buscaba cerrar el proceso
El principio de oportunidad planteado por el ente acusador contemplaba que Mattos entregara, como reparación integral, dos camionetas Hyundai Staria y una motocicleta KTM 250 Adventure modelo 2025. A cambio, se pretendía suspender la persecución penal por las denominadas “escapadas” del empresario desde el centro penitenciario La Picota.
Estas salidas irregulares se conocieron tras investigaciones periodísticas que evidenciaron que el empresario abandonaba el penal para reunirse con familiares, socios y abogados, con el presunto apoyo de funcionarios del Inpec. Según la Fiscalía, durante esos desplazamientos Mattos acudía a oficinas privadas y en ocasiones su paradero era desconocido por varias horas.
El ente acusador calificó estas conductas como posibles delitos de peculado por uso y prevaricato por omisión, que podrían acarrear penas de prisión adicionales.
Los cuestionamientos de la juez
Durante la audiencia virtual en la que se evaluó el acuerdo, la jueza cuestionó la falta de argumentación de la Fiscalía para justificar el beneficio. Señaló que el principio de oportunidad implica renunciar a la acción penal del Estado y que, por tanto, debe existir una contraprestación proporcional y suficiente.
“¿Por qué es justificable que la Fiscalía General de la Nación sacrifique los fines que le son inherentes del ejercicio de la acción penal y qué se obtiene en contraprestación a cambio de evitar hacer acudir a una persona ante un juez?”, preguntó la togada.
La jueza agregó que no se acreditó de manera adecuada la reparación del daño colectivo ni se explicó cómo la entrega de los vehículos resultaba proporcional frente a la gravedad de las conductas investigadas. También advirtió que el ente acusador debe demostrar que el beneficio garantiza que la conducta no se repetirá.
Aunque reconoció que el principio de oportunidad “es viable” en términos jurídicos, concluyó que en este caso no hubo una sustentación suficiente por parte de la Fiscalía para concederlo.
El proceso continúa
Con la negativa judicial, el proceso penal contra Carlos Mattos por las salidas irregulares de prisión seguirá su curso normal ante la justicia. La Fiscalía deberá decidir si presenta una nueva solicitud mejor sustentada o si continúa con la acusación formal por los delitos imputados.
El empresario, quien ya cumple otra condena, buscaba con este acuerdo cerrar definitivamente el frente judicial relacionado con las salidas de La Picota. Sin embargo, tras la decisión del juzgado, el caso permanece abierto y podría avanzar hacia nuevas etapas procesales.
