La juez Séptima Penal de Medellín con función de control de garantías ordenó este miércoles, 15 de octubre, medida de aseguramiento intramural (en establecimiento carcelario) contra Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, y María Yaneth Rúa, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Ambos son investigados por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con seis contratos celebrados entre el AMVA y los bomberos, por un valor cercano a $18.000 millones.
El tercer implicado en el proceso, Elkin González, exjefe operativo del cuerpo de bomberos, continuará en libertad mientras avanza la investigación.
Los delitos imputados y los indicios de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación imputó a los tres procesados los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, tras considerar que existían suficientes elementos que evidencian posibles irregularidades en la ejecución de los convenios suscritos durante 2020 y 2021, en plena pandemia por Covid-19.
Según el fiscal del caso, el dinero habría sido desviado mediante maniobras contables, sobrecostos en la adquisición de kits de bioseguridad, servicios no prestados y facturas falsas. En las grabaciones presentadas ante el despacho judicial, se escucha a la funcionaria Rúa instruyendo a miembros del cuerpo de bomberos sobre cómo debían presentar las facturas “por precios superiores a los reales”, para justificar gastos inflados ante el Área Metropolitana.
Los investigadores también sostienen que parte de los recursos desviados —unos $2.481 millones— habrían sido destinados a financiar la campaña política de Cadavid, quien aspiró a la Cámara de Representantes en 2022.
Los hallazgos clave y la presunta red de corrupción
Durante los allanamientos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, las autoridades hallaron documentos, chats y grabaciones que revelarían intentos de los implicados por ocultar evidencias y coordinar versiones con los proveedores cuando el escándalo empezó a ser investigado.
Entre los elementos de prueba, la juez citó facturas emitidas a nombre de Olga Lucía Jaramillo, tía de Cadavid, quien al parecer no tenía ninguna empresa legalmente constituida para proveer los kits contratados. También se encontraron cuentas de cobro por recargas de celulares que no se realizaron, y un testimonio de un transportador que aseguró haber cobrado $27 millones, aunque en la contabilidad se registró una factura por $120 millones.
El despacho judicial resaltó que no se realizó ningún estudio comparativo de mercado antes de contratar a los bomberos de Itagüí, lo cual vulnera los principios de transparencia y economía de la contratación pública.
La decisión de la juez y las razones para la detención
Tras escuchar los alegatos de las defensas y el análisis de las pruebas, la juez consideró que tanto Cadavid como Rúa podrían obstruir la justicia si permanecen en libertad.
“Indudablemente a la señora María Yaneth hay que sacarla de la comunidad y del Área Metropolitana para que no siga supervisando contratos, y en cuanto al señor Misael Cadavid, hay elementos para afirmar que puede obstruir la justicia”, señaló la funcionaria judicial al sustentar su decisión.
La juez también enfatizó en la gravedad de los hechos, al recordar que los recursos presuntamente desviados estaban destinados a la atención del Covid-19 y al fortalecimiento de los cuerpos de socorro, lo que representa un daño social considerable.
Por estas razones, resolvió imponer medida de aseguramiento intramural contra Cadavid y Rúa, mientras el proceso continúa su curso ante un juez de conocimiento.
Posibles nuevas capturas y contexto del caso
El caso también salpica a exdirectivos del AMVA, entre ellos Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y el exsubdirector financiero Álvaro Villada, quienes habrían participado en un esquema más amplio de manipulación de contratos. La Fiscalía no descarta nuevas capturas en los próximos días.
El proceso se convierte en uno de los más significativos en materia de corrupción administrativa reciente en Antioquia, pues involucra recursos públicos destinados a la atención de emergencias y a la gestión del riesgo.
La investigación continúa y las autoridades esperan que en los próximos meses se defina si los implicados serán llamados a juicio formal por los delitos imputados.
