Según información de la Fiscalía fueron recopilados elementos de prueba suficientes para inferir que la fiscal delegada ante los jueces del circuito solicitó en el 2022 a través de un tercero dinero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho relacionada con el «Carrusel de Carros Blindados de la UNP».

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La fiscal Monsalve Gaviria es investigada como posible responsable del delito de Concusión.

Un fiscal de la Dirección contra la Corrupción, solicitó la declaración de contumacia debido a la renuencia de la fiscal Monsalve a comparecer en las diligencias a las que fue citada.

El delegado señaló que la funcionaria judicial no ha asistido a cuatro diligencias de imputación citadas el 12 de octubre, 26 de octubre, 9 de noviembre y el 27 de noviembre.

Prueba de que si había sido notificada correctamente, es que la funcionaria designó abogado para representarla el 22 de noviembre.

La fiscal Angélica Monsalve es representada por  el abogado Miguel Ángel Del Río, destacó que la funcionaria no actúa con rebeldía, sino con justificaciones válidas, y catalogó las citaciones como una «persecución» contra su cliente.

Al inicio de la audiencia el juez expusó que su despacho ha buscado dar celeridad al caso para garantizar la pronta administración de justicia y no se esta persiguiendo a la funcionaria. La asignación de las fechas las realiza el Centro de Servicios Judiciales.

El juez manifestó que aunque Monsalve no se presente, no puede dilitarse más la realización de la audiencia de imputación por lo que se declara a la ciudadana Angélica Monsalve en contumacia.

Al respecto, el juez indicó que en el marco de lo que en esta audiencia quedó claro que no hay persecución o retaliación en contra Monsalve Gaviria: “En todo caso no se vislumbra (…) que esta reiteración o esta insistencia del delegado de la Fiscalía, de iniciar esta pretensión punitiva o formulación de imputación, constituye un acto desviado, o un acto de retaliación o persecución en contra de la ciudadana indiciada”.

A esta audiencia del 29 de noviembre no asistió la fiscal Angélica Monsalve.

Del Rio, manifiesta que no serían 4, sino 3 las audiencias en las que había faltado, igualmente que la funcionaria ha sido objeto de persecusión por parte el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa  por lo que fue recusado y que el fiscal delegado por depender organicamente del fiscal, no puede continuar con la investigación.

El defensor interpuso recurso de reposición a la decisión del juez de declarar la contumacia,  situación procesal que se da en el proceso penal cuando el imputado debidamente notificado no comparece a la audiencia preliminar u ordinaria, y no existen motivos fundados para considerar que su ausencia se debe a alguna causa justificada.

Según el Código de Procedimiento Penal en su Artículo 291. Contumacia establece:   «Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa justificada así sea sumariamente, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurriere a la audiencia, sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada por el sistema nacional de defensoría pública, en cuya presencia se formulará la imputación«.

Este caso, que se remonta a 2022, está relacionado con presuntos sobornos para direccionar una investigación sobre el ‘cartel de los carros blindados’ en la Unidad Nacional de Protección (UNP) donde estan siendo investigados Martín Manjarrez y su esposa Marcela Montes, quienes denunciaron a la fiscal porque supuestamente les habían pedido 500 millones de pesos para archivar el proceso a traves del abogado Jimmy Forero, afirmando que venía por parte de la funcionaria. Monsalve ha mantenido su postura de inocencia a través de sus redes sociales.

El fiscal del caso relató que el abogado Jimmy Forero y Manjarrez se habrían encontrado en varias ocasiones y hablado telefónicamente con la fiscal, para darle legalidad al acuerdo el profesional planteó hacer un contrato por valor de $600 millones donde $100 eran sus honorarios y los $500 respantes para la fiscal Monsalve para pagar entre agosto y septiembre de 2022.

Pero dado que no se firmo el contrato ni se pagó lo solicitado la fiscal citó a los procesados a formulación de imputación en contra de Marcela Montes en octubre de 2022 y Manjarrez fue citado a interrogatorio y entrevista y les planteó un principio de oportunidad.

El delito de concusión delito donde un servidor público induce a una persona a dar o prometer un pago en dinero, tiene una pena de 96 a 180 meses e inhabilidad para ejercer funciones públicas de 80 a 144 meses. El delito es agravado por la función que cumple la fiscal.