El Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique dentro del proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una de las investigaciones más amplias por presuntas irregularidades en contratación estatal de los últimos años.
La decisión fue adoptada durante la audiencia de lectura de fallo en segunda instancia y ratifica la medida privativa de la libertad que había sido decretada en julio de 2025 por un juez de control de garantías. El fallo cobija también a otras siete personas vinculadas al proceso, quienes continúan bajo medidas judiciales mientras avanza la investigación.
Un exalto funcionario en la mira
César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y exintegrante del gabinete distrital durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado y otros delitos relacionados con presuntas irregularidades en contratación pública.
El exfuncionario permanece prófugo de la justicia y es buscado mediante circular roja de Interpol en más de 90 países. Las autoridades mantienen vigente la orden de captura internacional mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.
La medida de aseguramiento fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación y decretada inicialmente el 29 de julio de 2025 por el Juzgado 66 de Control de Garantías de Bogotá, que consideró que existían elementos suficientes para inferir su posible participación en una estructura criminal orientada a direccionar contratos públicos.
Los delitos imputados
De acuerdo con la Fiscalía, Manrique y los demás investigados habrían incurrido en varias conductas delictivas dentro del entramado de corrupción detectado en la UNGRD. Entre los delitos imputados se encuentran:
- Concierto para delinquir agravado.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Peculado por apropiación propio y en favor de terceros.
- Lavado de activos.
- Falsedad en documento privado.
- Falsedad ideológica en documento público.
Durante la audiencia, el juez de segunda instancia revisó los argumentos de la defensa y del ente acusador y concluyó que se mantienen vigentes los presupuestos legales para la medida de aseguramiento, entre ellos la posible obstrucción a la justicia, el riesgo de no comparecencia y la gravedad de los hechos investigados.
El convenio por 100.000 millones de pesos
Según la investigación de la Fiscalía, uno de los ejes del caso es la presunta gestión realizada por Manrique para direccionar la entrega de 100.000 millones de pesos correspondientes a un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y un fondo administrado por la UNGRD.
El ente acusador sostiene que el exfuncionario habría intervenido para facilitar la aprobación y ejecución de ese convenio con la condición de que contratos derivados fueran adjudicados a personas o empresas cercanas a él o sugeridas por su círculo.
Las evidencias recaudadas incluirían documentos, registros de comunicaciones y testimonios que, según la Fiscalía, apuntan a la existencia de un esquema coordinado para influir en la contratación pública y obtener beneficios económicos indebidos.
Un entramado de corrupción en la UNGRD
El caso forma parte de una investigación más amplia por presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD, entidad encargada de ejecutar recursos para la atención de emergencias y desastres naturales en el país.
Las pesquisas han revelado la posible existencia de una red que habría utilizado convenios interadministrativos y contratos para desviar recursos públicos y direccionar adjudicaciones. En este proceso han sido vinculados funcionarios, exfuncionarios, contratistas y particulares.
Para la Fiscalía, la gravedad del caso radica en el presunto uso de recursos destinados a la gestión del riesgo y atención de emergencias, lo que habría afectado la confianza en la institucionalidad y el manejo de fondos públicos.
La decisión judicial
Con la confirmación de la medida de aseguramiento por parte del Juzgado 11 Penal del Circuito, se mantiene vigente la orden de detención contra César Manrique y los demás procesados mientras avanza el proceso penal.
El juez consideró que los elementos probatorios presentados permiten inferir razonablemente la posible responsabilidad de los investigados y que la medida resulta necesaria para garantizar la comparecencia al proceso y la protección de la investigación.
La decisión se produce en un momento clave del caso, en el que la Fiscalía continúa recaudando pruebas y adelantando diligencias para ubicar al exfuncionario prófugo y avanzar hacia la etapa de juicio.
Lo que viene en el proceso
El expediente por corrupción en la UNGRD continúa en etapa preparatoria. Las autoridades judiciales buscan consolidar el material probatorio, definir la situación jurídica de todos los implicados y establecer el alcance de las presuntas irregularidades.
Mientras tanto, la circular roja de Interpol contra Manrique sigue activa y las autoridades mantienen la búsqueda internacional para lograr su captura y comparecencia ante la justicia colombiana.
El caso se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes por presunta corrupción en el manejo de recursos públicos recientes, con implicaciones políticas, administrativas y penales que aún están por definirse en los estrados judiciales.