El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia sostuvo que los contactos con la defensa de Diego Marín fueron oficiales, no clandestinos, y que buscaban su regreso al país para colaborar con la justicia. La controversia estalló tras la divulgación de audios y videos que abrieron preguntas sobre los límites de esas gestiones y el alcance de los acercamientos con el señalado “zar del contrabando”.
La nueva tormenta política alrededor del caso de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, escaló con la respuesta de Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace pocos días director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Lemus defendió sus reuniones con el abogado del presunto contrabandista, aseguró que fueron “institucionales” y expresó que “Claro que temo por mi vida y por la de mi familia”.
“Temo por mi vida y mi familia”: Jorge Lemus
La declaración llegó después de que Noticias Caracol revelara grabaciones de dos reuniones celebradas a comienzos de 2025 entre Lemus —entonces jefe de la DNI— y Luis Felipe Ramírez, abogado de Marín. Según esa investigación, los audios muestran contactos entre emisarios que hablaban en nombre del Gobierno y el entorno de “Papá Pitufo”, así como conversaciones sobre una eventual entrega del investigado en Colombia y posibles beneficios jurídicos.
La respuesta de Lemus
En entrevista con Blu Radio, Lemus rechazó que hubiera existido una operación secreta o un canal paralelo por fuera de sus funciones. Su versión fue que la reunión se produjo porque el abogado buscó el contacto y que el encuentro se realizó formalmente en su despacho. “El abogado nos buscó y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Hay misión de trabajo sobre eso. No fue una cosa por debajo”, dijo el exfuncionario. También sostuvo: “No estaba negociando nada. Fue una conversación para que él viniera a Colombia y hablara con la Fiscalía”.
Según Lemus, el propósito era persuadir a Diego Marín para que compareciera ante la justicia y aportara información sobre redes de contrabando y sus posibles apoyos en estructuras del Estado o de la política. En la misma entrevista, afirmó que en esas conversaciones no hubo nada “por debajo de la mesa” y que la intención era institucional, no personal.
Qué muestran los audios conocidos hasta ahora
Uno de los apartes citados de las grabaciones corresponde a la primera reunión, fechada por Noticias Caracol el 26 de febrero de 2025. Allí, Lemus dice: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana”. El abogado responde que, si Marín hablara de todo, sería “armar una hecatombe”. Ese intercambio se convirtió en uno de los ejes del escándalo, porque sugiere que el entorno de “Papá Pitufo” aseguraba tener información delicada sobre funcionarios, políticos y personas cercanas al poder.
Otro tramo de los audios publicados menciona la posibilidad de explorar fórmulas legales si Marín regresaba a Colombia. De acuerdo con la transcripción divulgada, Lemus habló de qué podía hacer el Estado para que el investigado viniera a responder, e insinuó que el Gobierno podría ayudar en algunos contactos, aunque insistiendo en que las decisiones sobre libertad o beneficios correspondían a la Fiscalía y a los jueces.
El exdirector de la DNI defendió esa conversación diciendo que nunca ofreció un pacto cerrado para frenar una extradición. Afirmó, eso sí, que se habló del marco legal vigente y mencionó la Ley 2272 de 2022, norma asociada a la política de “paz total”, al señalar que esta contempla mecanismos para suspender órdenes de extradición cuando un procesado colabora activamente con la justicia.
El contexto: de dónde sale esta controversia
El origen inmediato de la crisis está en la investigación de Noticias Caracol, que reconstruyó dos reuniones entre Lemus y el abogado de Marín y señaló que, antes de cualquier contacto formal de autoridades judiciales con el investigado, al menos cuatro emisarios que se presentaban en nombre del Gobierno habían tenido comunicación con él. El informe menciona a Ramón Devesa, Isaac Beltrán, Augusto Rodríguez y Gloria Arias como nombres clave dentro de esos acercamientos.
El mismo reportaje ubica el primer encuentro después del consejo de ministros del 4 de febrero de 2025, cuando Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dijo que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría intentado ser infiltrada con recursos provenientes de ese sector del contrabando. A partir de allí, según la versión publicada, creció el malestar en el entorno de Marín y se activaron nuevos contactos con funcionarios o personas cercanas al Gobierno.
Lemus, por su parte, sostuvo que el objetivo de los encuentros era lograr que Marín hablara ante la justicia colombiana, no blindarlo. También afirmó que hubo investigaciones “rigurosas” sobre él y que por eso hoy teme por su seguridad y la de su familia.
Quién es Jorge Lemus
Jorge Arturo Lemus Montañez es abogado y venía ocupando la dirección general de la UIAF; antes había sido director de la DNI, dos cargos sensibles dentro de la arquitectura de seguridad e inteligencia financiera del Estado. La propia UIAF lo presentaba como director general de la entidad, es uno de los funcionarios de mayor cercanía con el presidente Gustavo Petro dentro de esa línea de gobierno.
En medio del escándalo, Lemus confirmó que presentó su renuncia a la UIAF durante la Semana Santa.
Quién es “Papá Pitufo”
Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, es señalado por autoridades y medios colombianos como uno de los mayores contrabandistas del país y suele ser mencionado como el “zar del contrabando”. Uno de los delincuentes más buscados y el foco de una investigación que involucra una presunta red de contrabando con posibles nexos en entidades estatales. Actualmente esta en Portugal
Presidencia afirmó que el propósito exclusivo de los contactos de inteligencia era traer a Marín a Colombia. Sin embargo, el mismo mensaje sostuvo que “varios agentes de inteligencia” habrían aprovechado esos acercamientos para pedir dinero, y agregó que el presidente Gustavo Petro cree que existió “un pacto entre la Fiscalía General y los directores de DNI” para no traer a Marín al país.
El capítulo de la campaña presidencial
Marín habría ofrecido primero 5.000 millones de pesos y luego 10.000 millones para apoyar esa aspiración. Según su relato, el entonces candidato fue informado y decidió que el dinero no debía recibirse. Lemus añadió que un intermediario extranjero habría recibido 500 millones, suma que, aseguró, el mandatario ordenó devolver.
Ese elemento conecta el caso judicial con una controversia política de mayor tamaño: la presunta tentativa de infiltrar dineros del contrabando en la campaña presidencial.
Presidente Gustavo Petro a través de su oficina de comunicaciones. La respuesta oficial sostuvo que “todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”. Pero la Presidencia añadió que algunos agentes aprovecharon esos acercamientos para pedir dinero y que, por esa razón, salieron de las entidades. También señaló que el mandatario considera que existió un acuerdo entre funcionarios de la DNI y la Fiscalía para impedir el regreso de Marín al país.
Lo que está en discusión
Por ahora, la defensa pública de Jorge Lemus no cierra la polémica. Su versión insiste en que todo fue oficial y orientado a que Diego Marín regresara a Colombia. Pero los audios divulgados, la reacción de la Presidencia y la gravedad de los nombres y hechos mencionados mantienen abierto uno de los episodios más sensibles del año para el Gobierno.