Un hallazgo con presunta incidencia fiscal por más de $1.466 millones de pesos fue detectado por la Contraloría General de la República en la EPS Indígena Mallamás, por concepto de pagos irregulares a miembros de su Junta Directiva.
Los recursos involucrados provienen del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), específicamente del componente de parafiscalidad, y fueron destinados a cubrir gastos de desplazamiento y permanencia no justificados.
De acuerdo con el organismo de control, estos pagos fueron autorizados directamente por el Gerente General de la entidad, e incluyeron viáticos de hasta 14 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) por día, incluso para actividades ajenas a las sesiones formales de la Junta Directiva.
La auditoría, adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Salud durante el primer semestre del año, evidenció que dichos pagos no contaban con soportes suficientes que acreditaran su pertinencia o necesidad. Además, Mallamás EPS-I no contaba con políticas internas ni controles efectivos para evitar el uso indebido de los recursos públicos.
Violación a los estatutos y a la destinación específica de los recursos
Según el informe, estos gastos contravienen los estatutos internos de la EPS, que prohíben expresamente el pago de remuneraciones a los integrantes de su junta, a menos que estén relacionadas con el objeto social de la entidad. Además, se estaría violando la destinación específica de los dineros del SGSSS, cuyo uso debe enfocarse exclusivamente en garantizar el acceso a servicios de salud para la población afiliada.
El hallazgo también tiene posibles implicaciones disciplinarias, y ha sido trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para su evaluación. La Contraloría anunció que mantendrá el seguimiento del caso junto a otros entes de control.
Autonomía indígena no es excusa para incumplir la ley
Aunque el organismo reconoce la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a la autodeterminación, recordó que esta no puede ser interpretada como una exención del cumplimiento de la ley, especialmente cuando se trata de administrar recursos públicos de destinación específica.
Alarma por sostenibilidad financiera
Además del hallazgo fiscal, la Contraloría alertó que Mallamás EPS-I presenta una grave situación financiera, con deudas superiores a los $302.000 millones con prestadores de servicios de salud, y sin cumplir con el indicador de patrimonio adecuado. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de la entidad y la atención médica de sus más de 410 mil afiliados en regiones históricamente vulnerables
