2 de septiembre de 2025 – Brasilia, Brasil
El expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, enfrenta desde este martes la etapa final de un juicio sin precedentes en la historia del país. Por primera vez, un exmandatario brasileño es juzgado formalmente por intento de golpe de Estado. El proceso judicial, que comenzó meses atrás, se intensifica hoy con la apertura de la fase de veredicto y sentencia, que se extenderá hasta el próximo 12 de septiembre ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
A las 9:00 de la mañana, hora local, comenzaron las sesiones que podrían definir el destino político y judicial de Bolsonaro, acusado de encabezar una presunta conspiración para impedir la asunción del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego de las elecciones de octubre de 2022.
El exmandatario cumple prisión domiciliaria, luego de que un juez determinara que violó las restricciones judiciales, incluyendo el uso de redes sociales y dispositivos electrónicos.
¿Qué puede esperar Bolsonar
Si es declarado culpable en esta causa, el expresidente podría enfrentar más de 40 años de prisión
Una causa sin antecedentes
El caso se centra en el llamado «Núcleo Crucial», una supuesta organización compuesta por Bolsonaro y siete exfuncionarios de su gobierno. Según la denuncia de la Fiscalía General, este grupo habría articulado una serie de acciones destinadas a socavar el Estado democrático de derecho, entre ellas el rechazo anticipado a los resultados electorales, la manipulación de la opinión pública y, finalmente, los hechos violentos del 8 de enero de 2023, cuando miles de manifestantes tomaron por la fuerza las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Las imputaciones incluyen intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal, daños al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.
El trasfondo: fraude, violencia y un plan extremo
De acuerdo con la Fiscalía, la trama comenzó en 2021, cuando Bolsonaro y su entorno comenzaron a sembrar dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral, en particular sobre las urnas electrónicas. Esta narrativa, sostenida durante toda la campaña presidencial, habría tenido como objetivo desacreditar por adelantado el resultado electoral y preparar el terreno para una ruptura institucional.
Uno de los aspectos de la acusación señala que la conspiración incluso contemplaba el asesinato de Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez del Supremo, Alexandre de Moraes, mediante métodos como envenenamiento o explosivos. Aunque esa parte del plan nunca se concretó, la fiscalía la incluye como prueba del grado de organización y radicalización del grupo.
El 8 de enero de 2023, ya con Lula en el poder, se produjo el punto culminante del supuesto intento de golpe: una violenta irrupción en el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y la sede del Supremo Tribunal, con el objetivo —según la acusación— de forzar la intervención de las Fuerzas Armadas y revertir el resultado electoral. Sin embargo, la maniobra fracasó por la negativa de los altos mandos militares a apoyar el plan.
Pruebas clave y delación de un excolaborador
Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía se encuentran escuchas telefónicas, registros bancarios, documentos incautados en allanamientos y testimonios. Uno de los elementos más significativos proviene de Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, quien firmó un acuerdo de colaboración con la Justicia. Su testimonio fue calificado como “clave” por los investigadores.
La defensa del expresidente rechaza todas las acusaciones. Bolsonaro ha declarado en varias ocasiones que nunca promovió actos ilegales, que autorizó la transición de gobierno y que condenó los hechos violentos ocurridos en Brasilia. Además, sostiene que el juicio responde a motivaciones políticas.
Tensión internacional y presión diplomática
El juicio también ha tensado las relaciones exteriores de Brasil. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump —aliado cercano de Bolsonaro—, ha expresado su desacuerdo con el proceso, al que califica como una «persecución política». En respuesta, Washington impuso aranceles del 50% a productos brasileños y sancionó a varios magistrados implicados en el juicio. Desde el gobierno de Lula, sin embargo, aseguran que la Justicia en Brasil actúa con plena independencia.
Bolsonaro, sin cargos públicos y en prisión domiciliaria
Desde 2023, Bolsonaro se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de ocho años, tras haber sido declarado culpable en otra causa por abuso de poder, relacionada con la difusión de desinformación electoral.
Actualmente, el exmandatario cumple prisión domiciliaria, luego de que el juez Alexandre de Moraes determinara que violó las restricciones judiciales, incluyendo el uso de redes sociales y dispositivos electrónicos.
¿Qué puede esperar Bolsonaro?
Si es declarado culpable en esta causa, el expresidente podría enfrentar más de 40 años de prisión. La decisión final está en manos de los jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, que ya han fijado un calendario para deliberar hasta el 12 de septiembre.
Mientras tanto, Brasil y el mundo observan atentos el desarrollo de este juicio histórico, que podría marcar un antes y un después en la democracia más grande de América .
