Con 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones, 72 de carácter disciplinario y la solicitud de apertura de Indagación Preliminar por un total de $99.000 millones sobre 3 contratos suscritos por el Ministerio del Interior, entre otros resultados, concluyó la Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial que adelantó la Contraloría General de la República en el marco del seguimiento a las órdenes contenidas en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional.
- De los 265 niños fallecidos reportados por el Ministerio de Salud, en las vigencias auditadas (2019 a 2022), 95 hacían parte de los programas del ICBF y no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición.
- El Vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, encabezó en Riohacha un acto de Rendición Cuentas con los resultados de esta Actuación.
Mediante dicha sentencia de tutela, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuú.
Un equipo auditor, integrado por funcionarios de 9 Contralorías delegadas sectoriales, 2 Contralorías delegadas generales, la Unidad de Regalías y la Gerencia Departamental de la CGR en La Guajira, verificó el impacto en la comunidad de las acciones realizadas por 42 entidades estatales del orden nacional y municipal que invirtieron recursos cercanos a los $2.1 billones en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos plasmados en la sentencia.
«A pesar de las cuantiosas inversiones realizadas, la CGR evidenció falta de articulación entre las entidades, tanto del orden Nacional, como del orden Territorial y las Comunidades Indígenas. Ejemplo de esta desarticulación se ve en atención a los niños Wayuu, en donde la actuación especial de la CGR encontró que las entidades gubernamentales desarrollan sus programas y proyectos, pero no comparten sus resultados ni se comunican debidamente»: Carlos Mario Zuluaga, Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República
Esto algo que se ha vuelto común en los procesos de atención a los niños Wayuú: las entidades desarrollan sus programas y proyectos y los resultados de los mismos no son compartidos con otras entidades interesadas y que también deben intervenir el proceso de combatir la desnutrición infantil.
Vale decir que el seguimiento realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Salud permitió determinar un incumplimiento de la meta de casos de muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años de la población Wayuu. La tasa de mortalidad en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure por desnutrición promedio es 61,88 por 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 – 2022; la cual es mayor respecto a lo registrado en el promedio nacional y departamental.
Se observó el incremento de casos (acumulado) por desnutrición (corte a 31 de diciembre de 2022) en la población indígena Wayuu menor de 5 años, reportados en los municipios de Uribia (161), Maicao (76), Riohacha (42) y Manaure (151).
Por otro lado, la sentencia establece acciones relacionadas con las “actividades de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, en el contexto particular y específico de La Guajira”, conforme a las competencias de esta entidad, y se desconoce su ejecución y resultados sobre los responsables del cumplimiento de las ordenes de la Corte o los actores relacionados, como la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira, las Empresas Sociales del Estado de los municipios del mandato judicial o las Entidades Promotoras de Salud con habilitación en esta zona.
En el componente seguridad alimentaria se detectaron 10 hallazgos administrativos con alcance fiscal por $68.221.080.
La Contraloría pudo determinar que no se cumplió la normatividad vigente para la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), hubo deficiente seguimiento y control a los procesos contractuales por parte de la administración temporal y de los supervisores, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones el contrato, todo lo cual conllevó a que se incumplieran los lineamientos establecidos en el programa y se afectara la calidad de mismo.
Se canceló al contratista un valor superior por concepto de costo de manipuladora de alimentos. Adicionalmente, no se conminó a los contratistas a la presentación oportuna de las pólizas, situación que conllevó a que se iniciara el programa de alimentación escolar en varios establecimientos educativos, sin que se cumplieran los requisitos de legalización del contrato y asumiendo la administración directamente los riesgos que eventualmente se presentaran durante la ejecución del contrato.
En el componente de salud se detectaron 18 hallazgos administrativos con alcance fiscal por $2.257.150.297, generados por:
- Incumplimiento del principio de planeación y transparencia en la contratación pública.
- Debilidades en la etapa precontractual y falta de mecanismos de control interno y de supervisión, frente a la realización de las actividades contratadas.
- Falta de seguimiento y control por parte del ente territorial, en la expedición de la respectiva acta de liquidación.
- Falta de planeación, mecanismos de control y falta de gestión por parte de los entes territoriales, para contratar de manera oportuna el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) de la respectiva vigencia.
En el componente de Vivienda y Saneamiento Básico, la Delegada de este sector encontró deficiencias administrativas y de planeación en la gestión de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. (ESEPGUA). Además, se evidenciaron retrasos injustificados para dar inicio a los contratos de obras para construcción e implementación de proyectos de abastecimiento de agua potable.
En este sector, se determinaron en total 6 hallazgos de carácter fiscal por $9.399.381.292. Estos últimos incluyen lo relacionado con el Convenio Interadministrativo No. 003 de 2020 para el suministro de agua potable en el municipio de Manaure.
*Hallazgo por Contrato No. 895 de 2019 suscrito entre el Ministerio del Interior- FONSECON y CONSORCIO OPL – Consulta del Plan de Acción de la Sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, vigencia 2019 (D, IP)
Se establecieron diferencias entre los valores contemplados en la factura No.19278 y los precios techo de referencia del contrato específicamente en el ítem “Alquiler de salón (…)” en la facturación presentada, se observa una diferencia entre los dos montos por CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS ($14.234.102), generando un aumento injustificado en el valor del contrato en cuantía de recursos.
