Errores Graves: La Cadena de Desaciertos en el Caso de Explotación Sexual en Medellín

Frente al caso de explotación sexual de dos menores de 12 y 13 años el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció y advirtió que agentes de Policía habrían incurrió en errores que permitieron la huida del estadounidense Timothy Alan Livingston.

«Frente a lo ocurrido con dos niñas de 12 y 13 años de edad, víctimas de posible explotación sexual en Medellín, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Renacer reiteran que el Código Penal Colombiano establece una pena de 14 a 25 años de prisión para “El que directamente o a través de tercera persona, solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza”.

La norma no exige que haya constreñimiento, intimidación o cualquier forma de coacción para que se configure el delito. De hecho, el eventual consentimiento dado por la víctima no exonera de la responsabilidad penal, siendo un agravante que la conducta es cometida por un turista y las víctimas son menores de (14) años de edad.

De otra parte, y una vez se tuvo conocimiento de los hechos, el ICBF designó equipos especializados de Defensorías de Familia para brindar acompañamiento a las niñas, quienes se encuentran en centros hospitalarios recibiendo atención en salud y psicosocial. 

Sobre las actuaciones de la administración del ‘Hotel Gotham’, debió primar el sentido de corresponsabilidad y debida diligencia en la protección de las niñas víctimas; según la Ley1336 de 2009 todos los establecimientos que prestan servicios turísticos deben establecer un código de conducta para la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

Así mismo, la Resolución 3840 de 2009 que fija las reglas para la implementación efectiva de este código establece la obligación de “Impedir el ingreso de niñas, niños y adolescentes a los hoteles o lugares de alojamiento y hospedaje… con fines de explotación o abuso sexual”; también obliga a “denunciar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y demás autoridades competentes, los hechos de que tenga conocimiento, así como la existencia de lugares, relacionados con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, la empresa debe contar con protocolos y canales internos para la denuncia.

En consecuencia, la responsabilidad de la empresa no es solo impedir el ingreso de las niñas víctimas, sino también denunciar las situaciones presentadas que, de no ser por un reporte ciudadano, quizá no se hubiesen conocido.

Según la información reportada en el Sistema de Información Misional SIM del ICBF, desde enero de 2023 a 29 de febrero de 2024 se tiene un reporte de 313 casos de violencia sexual, 48 de los cuales corresponden a Antioquia, 39 a Bogotá e igual número a Bolívar y 37 en Valle del Cauca.

De acuerdo con las cifras históricas del ICBF, las regiones con mayores ingresos a procesos de restablecimiento de derechos por motivos de violencia sexual en contra de la niñez y la adolescencia entre los años 2020 al 2024 son Bogotá y Cundinamarca con 58.221; Valle del Cauca 27.300 y Antioquia con 14.592.

En un panorama de este delito en Medellín, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, solo entre 2020 y 2023, en Medellín se cometieron 885 delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. La Fundación Renacer atendió junto al ICBF 342 niñas, niños y adolescentes victimas de explotación sexual, trata con fines sexuales y violencia sexual durante 2023 en Colombia.

Tanto el ICBF como la Fundación Renacer aplauden la conducta del ciudadano/a que alertó a las autoridades e insta a la ciudadanía en general para que reporte todo posible caso de trata y explotación sexual a la línea 123 de Policía, 122 de la Fiscalía o la línea nacional 141 del ICBF.

Finalmente, la Fundación Renacer, pone a disposición de las empresas, la herramienta internacional The Code, código de conducta contra la explotación sexual comercial en el contexto de viajes y turismo, que, en el marco de la debida diligencia de empresas y derechos humanos, consolida herramientas para la protección de las niñas, niños y adolescentes».

El escándalo desatado por el caso de explotación sexual en el Hotel Gotham ha revelado una serie de errores e irregularidades por parte de las autoridades, que han puesto en entredicho la integridad del proceso investigativo.

Al momento de ingresar los agentes se encontraron evidencias claras de consumo de drogas, como marihuana y restos de cocaína, así como cinco condones usados tirados en el baño. A pesar de la presencia de este material probatorio, la Policía no tomó medidas para resguardar la escena del crimen ni garantizar la preservación de la cadena de custodia, una negligencia que ha generado fuertes críticas.

La Fiscalía,  ha manifestado que se enteró por los medios de comunicaciín e informado que no se preservo adecuadamente la escena del crimen, lo que incluso podría haber alterado evidencia crucial para la investigación. La omisión de ordenar la preservación del lugar permitió que el personal de limpieza del hotel desechase elementos potencialmente cruciales para el caso, como colillas de cigarrillo y botellas.

La Procuraduría ha anunciado investigaciones contra los policías que atendieron el caso, mientras que la Policía Metropolitana realizará investigaciones internas para esclarecer lo sucedido. Por su parte, la Fiscalía trabaja en armar un caso sólido que permita solicitar una eventual extradición o emitir una circular de Interpol contra Livingston.

Mientras tanto, ciudadanos en Ohio y Florida están utilizando redes sociales para difundir información sobre Livingston y presionar para que rinda cuentas por su presunta participación en este caso de explotación sexual comercial contra dos menores en Medellín. Se presume que Livingston podría estar en Fourt Lauderdale, Florida, aunque su paradero exacto aún es desconocido.