La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.067 millones de pesos contra Guillermo Enrique Grosso Sandoval, a título de culpa grave, en su calidad de agente especial Interventor de la EPS Saludcoop hoy en liquidación.
Durante su administración, Grosso autorizó pagos de eventos culturales y deportivos, conferencias y arriendo de vehículos blindados con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Gastos que no tienen relación con la atención de pacientes afiliados.
Lo anterior, por autorizar el giro de los dineros parafiscales para cubrir conceptos ajenos a su destinación como fueron: eventos culturales, conferencias y arriendo de vehículos blindados.
La entidad compulsará copia del fallo a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, para que se investigue la posible comisión de conductas con incidencia disciplinaria y penal, de acuerdo a lo de su competencia.
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Recursos utilizados con fines diferentes
De acuerdo a la decisión proferida por el Contralor Delegado, el interventor de la EPS Saludcoop dispuso de recursos del SGSSS para solventar gastos que no tenían relación con la atención de pacientes afiliados, ocasionando de esta manera un detrimento al erario.
Fue así como los dineros de la parafiscalidad, con los que se debían atender las necesidades en salud de los afiliados a la EPS, se destinaron para subsidiar gastos ajenos al servicio de salud.
Estos recursos terminaron utilizados en pago del eventos culturales de fin de año, olimpiadas deportivas, día de la familia y torneo de bolos y pago de contratos de arrendamiento de vehículos blindados.
Los recursos del SGSSS, tienen una destinación específica: cubrir los gastos derivados de la efectiva prestación de servicios de salud de los afiliados a las EPS; sin embargo, el interventor de la EPS Saludcoop pasó por alto esta premisa.
Antecedentes
Vale recordar que, el 25 de enero de 2021, la Unidad de Responsabilidad Fiscal ordenó el archivo de este proceso y un mes después, el 2 de febrero de 2021, se surtió el grado de consulta y se revocó esa decisión.
Posteriormente el 25 de marzo de 2021, los hechos objeto de la investigación fueron declarados de impacto nacional y finalmente el 8 de noviembre de 2022 se profiere fallo con responsabilidad fiscal.
