El Ministerio de Justicia y del Derecho anunció que el ministro saliente, Eduardo Montealegre Lynett, presentará como último acto oficial ante la Comisión Asesora de Política Criminal el proyecto de Ley Estatutaria “Por medio del cual se crea la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado y se dictan otras disposiciones”. La iniciativa será sometida a estudio técnico y jurídico con el fin de impulsar su trámite legislativo en el Congreso de la República.
La propuesta busca reforzar las capacidades del Estado frente a la criminalidad organizada mediante la creación de una dependencia especializada adscrita a la Fiscalía General de la Nación, que tendrá a su cargo labores de investigación con un enfoque estratégico y preventivo.
Según el Ministerio, la nueva Guardia se enfocaría en anticipar las actividades investigativas respecto a redes delictivas que operan en territorio nacional, actuando bajo control judicial estricto, respeto al principio de legalidad y coordinación interinstitucional con las demás agencias de seguridad e inteligencia del país.
De aprobarse, la Fiscalía contaría —según el Gobierno— con “la más poderosa herramienta institucional” para enfrentar fenómenos como el narcotráfico y las estructuras armadas de crimen organizado, al incorporar competencias innovadoras que permitirían desmantelar de manera preventiva las organizaciones que afectan la seguridad ciudadana.
El proyecto también incorpora mecanismos reforzados de transparencia, control y vigilancia democrática, en línea con los estándares internacionales y con la sentencia “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia” (CAJAR), emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023. Ese fallo ordenó al Estado colombiano fortalecer la supervisión civil y la regulación de las actividades de inteligencia para garantizar principios como la legalidad y la proporcionalidad.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Justicia afirma que se busca modernizar la política criminal y avanzar hacia un modelo de justicia proactivo, capaz de responder a los nuevos desafíos de la macrocriminalidad, sin vulnerar las garantías constitucionales de los ciudadanos.
