Soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, de la Cuarta Brigada, en conjunto con la Brigada contra la Minería Ilegal, el Batallón de Inteligencia Especializada N.° 2 y la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, llevaron a cabo una operación estratégica en el municipio de San Rafael, Antioquia, para desarticular una red de minería ilegal. La operación, que forma parte del Plan de Operaciones Ayacucho, tuvo como objetivo debilitar las capacidades de las organizaciones criminales que operan en la región, específicamente la Subestructura Pacificadores de Samaná, del Clan del Golfo.
El operativo se realizó en la vereda El Ingenio, donde, gracias a labores de inteligencia, se logró ubicar un complejo minero ilegal que operaba en el lugar. En el sitio fueron halladas varias máquinas y equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales, entre ellos una excavadora, dos dragas tipo buzo, siete motobombas, una clasificadora de minerales y 1700 galones de ACPM. Todo el material fue destruido de manera controlada por expertos, cumpliendo con la Ley 1801 y el Decreto 1035 sobre la destrucción de equipos utilizados en actividades ilícitas.
Este golpe al Clan del Golfo, que operaba en la región, tiene un impacto económico considerable, con pérdidas estimadas en más de 1600 millones de pesos. Estos recursos, destinados a financiar actividades criminales, fortalecían la capacidad armada del grupo, que ha perpetrado ataques tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil. La operación también afectó gravemente el medio ambiente, ya que la minería ilegal en la zona ocasionó daños sobre más de 6 hectáreas de tierra, con la remoción de cerca de 45 mil metros cúbicos de suelo y la deforestación de aproximadamente 5000 árboles. Además, los afluentes hídricos de la región fueron contaminados, lo que afectará la biodiversidad local durante un largo periodo, con un tiempo de recuperación estimado en más de 40 años.
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Con esta operación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional refuerzan su compromiso con la protección de los recursos naturales del país, mientras continúan atacando las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales que operan en Antioquia y otras regiones del país.
