El proyecto reformulado aumenta en cerca de $59 billones frente a la propuesta presentada por el gobierno de Gustavo Petro. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que fue necesario “poner la casa en orden” ante obligaciones que no estaban plenamente incorporadas y el impacto fiscal del terremoto. El servicio de la deuda se llevaría el 24 % del presupuesto y crecería cerca de 50 %.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radicó este jueves 27 de agosto ante el Congreso de la República el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que asciende a $634,9 billones, luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas devolvieran la propuesta presentada por la administración anterior.
La nueva cifra representa un incremento de aproximadamente $59,3 billones frente a los $575,6 billones contemplados en el proyecto inicial elaborado durante el gobierno de Gustavo Petro y presentado por el entonces ministro de Hacienda Germán Ávila.
El encargado de llevar la nueva propuesta al Legislativo fue el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien explicó que las cuentas tuvieron que ser revisadas por dos grandes factores: obligaciones fiscales que, según el nuevo Gobierno, no estaban adecuadamente incorporadas y los enormes costos que tendrá para el Estado la atención y reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
“Este presupuesto se vio afectado naturalmente por la tragedia del terremoto”, aseguró Gómez durante la presentación de la nueva propuesta.
¿Cómo se distribuirán los $634,9 billones?
Uno de los puntos centrales de la nueva propuesta es el peso que tendrá el funcionamiento del Estado y, especialmente, el servicio de la deuda.
Según las cifras reveladas por el ministro de Hacienda, el 62 % del presupuesto estará destinado a funcionamiento, el 24 % al servicio de la deuda y el 14 % a inversión. Esta última partida sería de aproximadamente $86 billones.
El Gobierno advirtió particularmente sobre el crecimiento de las obligaciones financieras. Gómez señaló que el servicio de la deuda aumentará alrededor de 50 % frente a 2026 y alcanzaría el nivel más alto registrado en la historia del país.
El cambio es significativo frente al proyecto anterior. La propuesta inicial destinaba $367,7 billones a funcionamiento, $118 billones al servicio de la deuda y $90 billones a inversión.
Gobierno dice que encontró gastos que no estaban plenamente presupuestados
Una parte importante del aumento se explica, según Hacienda, por obligaciones que el nuevo Gobierno considera que no habían quedado adecuadamente reflejadas en las cuentas presentadas por la administración Petro.
Entre ellas aparecen aproximadamente $8 billones para pensiones; $5,8 billones para subsidios; $4 billones para salud; $3,6 billones correspondientes a aportes parafiscales de nómina, y $9,6 billones para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
En el caso del FEPC, la administración busca que la obligación aparezca expresamente dentro de las cuentas públicas y deje de manejarse como un pasivo implícito.
También se revisó el cálculo de las obligaciones pensionales de Colpensiones, teniendo en cuenta el crecimiento anual de la población pensionada y las presiones que ese aumento representa sobre las transferencias que debe realizar la Nación.
Las cuentas macroeconómicas también fueron revisadas
El Gobierno argumentó que el presupuesto inicial fue construido con supuestos macroeconómicos que ya no correspondían con las nuevas condiciones del país.
Según el documento presentado por el Ejecutivo, el proyecto anterior subestimaba la inflación y sobreestimaba el crecimiento económico, circunstancias que podían distorsionar tanto la proyección de ingresos tributarios como los gastos que por ley deben ajustarse de acuerdo con la inflación.
La reformulación plantea elevar el supuesto de inflación de cierre de 2026 del 6 % al 6,6 % y reducir la expectativa de crecimiento real de la economía para 2027 del 2,2 % al 1,8 %.
También se revisa el supuesto de la tasa de cambio, con una TRM promedio para 2026 de $3.400 por dólar y un cierre estimado alrededor de $3.100, variable que tiene efectos sobre ingresos relacionados con comercio exterior, IVA externo y aduanas.
El Ejecutivo sostiene que el propósito de estos cambios es “poner la casa en orden” y presentar ante el Congreso un presupuesto construido sobre ingresos y obligaciones que considera más cercanos a la realidad fiscal.
El terremoto cambió las prioridades del presupuesto
El segundo gran elemento que modificó las cuentas fue el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto.
El Gobierno calcula que la reconstrucción demandará más de $30 billones: aproximadamente $24,5 billones por daños en edificaciones y otros $5,5 billones en infraestructura.
El desastre obligó además a declarar la emergencia económica, social y ecológica y llevó al Ejecutivo a crear el denominado Fondo Milagro, que tendrá a su cargo la administración y coordinación de recursos destinados a la reconstrucción.
El propio presidente De La Espriella señaló esta semana que el Fondo deberá coordinar recursos públicos y privados y que cada peso tendrá mecanismos de seguimiento. El Gobierno estima inversiones cercanas a $30 billones dentro del proceso integral de reconstrucción.
Por esta razón, el nuevo PGN incorpora recursos extraordinarios destinados a rehabilitación de infraestructura, vivienda y atención de las poblaciones damnificadas.
El hueco que tenía la propuesta anterior
El proyecto presentado inicialmente por la administración Petro contemplaba un presupuesto de alrededor de $575,6 billones, equivalente aproximadamente al 27 % del PIB.
Sin embargo, frente a ese nivel de gasto se habían calculado ingresos por cerca de $545,4 billones, dejando un faltante cercano a $30,2 billones.
El Gobierno De La Espriella cuestionó que parte de la financiación estuviera condicionada a nuevos ingresos tributarios que todavía dependían de decisiones legislativas.
Por ello, dentro del denominado “sinceramiento” de las cuentas, la administración decidió retirar de las proyecciones aquellos recursos que no cuentan todavía con una fuente jurídicamente aprobada, con el propósito de evitar que el presupuesto dependa de ingresos inciertos.
Gobierno prepara además un recorte por más de $21 billones
Pese al aumento del monto global del presupuesto, el ministro Gómez reveló que el Ejecutivo también presentó ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) una propuesta de recorte superior a $21,9 billones.
La iniciativa deberá ser analizada posteriormente por el Consejo de Ministros.
La combinación entre mayor presupuesto nominal y ajustes de gasto responde, según Hacienda, a la necesidad de reconocer obligaciones que estaban subestimadas, atender la emergencia provocada por el terremoto y, simultáneamente, adelantar un proceso de consolidación fiscal.
¿Por qué el Congreso devolvió el primer presupuesto?
Las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron el pasado 11 de agosto la devolución de la propuesta inicial, a solicitud del propio ministro Gómez Martínez.
La petición permitió al nuevo Gobierno reformular las cuentas que había recibido de la administración anterior y presentar un nuevo texto.
El proyecto original había sido radicado el 29 de julio y quedó identificado en la Cámara como Proyecto de Ley 152 de 2026 Cámara, correspondiente al presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones para la vigencia comprendida entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2027.
¿Qué sigue ahora en el Congreso?
Con la nueva radicación comienza nuevamente la discusión presupuestal en el Legislativo. El trámite tiene una característica particular: las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara, conocidas como Comisiones Económicas, estudian conjuntamente el proyecto en primer debate.
Allí los congresistas podrán revisar las proyecciones de ingresos y gastos, escuchar al ministro de Hacienda y a otros funcionarios del Gobierno, solicitar explicaciones sobre las partidas, presentar proposiciones y discutir modificaciones.
Una de las primeras discusiones será precisamente determinar el monto definitivo del presupuesto, paso fundamental antes de avanzar sobre la distribución sectorial de los recursos.
Después de superar el primer debate en las Comisiones Económicas Conjuntas, el proyecto deberá pasar a las plenarias de Senado y Cámara, donde continuará la discusión y podrán aprobarse modificaciones dentro de las reglas especiales que rigen el presupuesto.
La Constitución establece un calendario estricto: si el Congreso no expide el presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, regirá el proyecto presentado por el Gobierno. Una vez aprobado por ambas cámaras y surtido el trámite correspondiente, pasa a sanción presidencial y se convierte en la ley que determinará cómo podrá gastar la Nación durante 2027.
El debate que comienza ahora estará marcado por tres asuntos que seguramente concentrarán la discusión política y económica: el fuerte incremento del servicio de la deuda, la financiación de la reconstrucción tras el terremoto y la capacidad del Gobierno para cerrar el déficit sin depender de ingresos tributarios todavía inexistentes.
El presupuesto, por tanto, será una de las primeras grandes pruebas económicas y políticas del Gobierno De La Espriella ante el nuevo Congreso.