El Ministerio del Trabajo publicó el borrador de un decreto que modificaría de forma sustancial el manejo de los ahorros pensionales de miles de trabajadores colombianos. La propuesta normativa obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir a Colpensiones los recursos acumulados por afiliados que decidieron trasladarse al régimen público en el marco de la reforma pensional aprobada en 2024.
El proyecto, que hace parte de la implementación de la Ley 2381 de 2024, plantea que las AFP deberán girar a la Administradora Colombiana de Pensiones la totalidad de los valores contenidos en las cuentas individuales de los afiliados que se acogieron a la denominada “ventana de traslado”, junto con todos los rendimientos financieros generados hasta el momento de la transferencia.
La iniciativa ha generado reacciones inmediatas del sector privado, especialmente de Asofondos, que advirtió posibles inconsistencias frente a lo aprobado por el Congreso y alertó sobre el uso de recursos pensionales en una forma que, según el gremio, no estaría prevista en la ley.
El alcance del decreto
El borrador del decreto establece que las AFP deberán trasladar a Colpensiones los recursos correspondientes a los afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) que decidieron cambiarse al Régimen de Prima Media administrado por el Estado.
Según el texto, el traslado incluirá:
- El total del capital acumulado en la cuenta individual.
- Los rendimientos financieros generados hasta la fecha de transferencia.
- Los recursos de quienes ya ejercieron la oportunidad de traslado.
Una de las disposiciones más relevantes es el plazo: una vez el decreto entre en vigencia, los fondos privados tendrían 15 días hábiles para girar el dinero de los afiliados que ya realizaron el cambio de régimen. En los nuevos traslados que se aprueben, la transferencia deberá completarse antes de finalizar el mes siguiente a la aceptación del proceso.
El Ministerio del Trabajo argumenta que esta medida busca evitar que los recursos permanezcan bajo administración privada cuando la obligación de reconocer la pensión pasa a manos del sistema público.
Cuántos afiliados serían trasladados
El decreto está dirigido a trabajadores que se acogieron a la oportunidad de traslado contemplada en el artículo 76 de la reforma pensional. Con corte al 5 de febrero de 2026, el Gobierno reportó que 119.632 personas ya ejercieron esa opción.
Para acceder a esa “ventana” de traslado, los afiliados debían cumplir condiciones específicas:
- Mujeres con al menos 750 semanas cotizadas.
- Hombres con al menos 900 semanas cotizadas.
- Estar a menos de diez años de cumplir la edad de jubilación.
Se trata, en su mayoría, de trabajadores cercanos a pensionarse que decidieron cambiarse al régimen público en busca de mejores condiciones de mesada o mayor estabilidad en el reconocimiento de su pensión.
Más de 25 billones de pesos en juego
El Ministerio estima que el traslado de recursos podría superar los 25 billones de pesos que actualmente están en las cuentas individuales administradas por las AFP. Estos fondos pasarían a Colpensiones para respaldar el pago de pensiones de quienes migraron al régimen público.
El documento oficial sostiene que la medida busca “blindar la sostenibilidad financiera del sistema público y garantizar el pago de las mesadas”, en momentos en que el número de pensionados reconocidos por Colpensiones provenientes del régimen privado ha venido aumentando.
Las cifras oficiales muestran ese crecimiento:
- En 2023, la nómina de Colpensiones fue de 47,2 billones de pesos, de los cuales 12,9 billones provinieron de traslados desde el régimen privado.
- En 2024, la nómina ascendió a 55,5 billones, con 15,3 billones provenientes del RAIS.
- Actualmente, Colpensiones paga pensiones a 22.472 personas que migraron desde fondos privados.
Para el Gobierno, estos números evidencian la necesidad de que los recursos acompañen el traslado de los afiliados y respalden el pago de sus mesadas.
La controversia con Asofondos
La publicación del borrador provocó la reacción inmediata de Asofondos, el gremio que agrupa a las administradoras privadas. La organización expresó preocupación por la interpretación del artículo 76 de la reforma pensional.
Según el gremio, la ley establece que los recursos de quienes se acogieron a la ventana de traslado deben ser trasladados al fondo de ahorro del Banco de la República únicamente cuando el afiliado alcance la edad de pensión, y no de forma inmediata a Colpensiones.
Asofondos advirtió que el decreto podría permitir el uso de ahorros pensionales en condiciones distintas a las previstas por el Congreso. También planteó inquietudes sobre la seguridad jurídica del proceso y el manejo de los recursos durante el periodo previo a la pensión efectiva.
El gremio pidió claridad normativa y un debate técnico para evitar interpretaciones que puedan afectar la confianza en el sistema pensional.
Lo que sigue
El decreto se encuentra en fase de comentarios públicos, lo que permite a gremios, expertos y ciudadanos presentar observaciones antes de su expedición definitiva. Una vez firmado, se convertiría en una pieza clave en la implementación de la reforma pensional.
El debate que se abre no solo es técnico, sino también político y fiscal: de un lado, el Gobierno sostiene que la medida garantiza la sostenibilidad del sistema público y el pago de pensiones; del otro, los fondos privados alertan sobre posibles cambios en el destino de los ahorros de los trabajadores.
En las próximas semanas, el país asistirá a una discusión determinante sobre el futuro de más de 25 billones de pesos en ahorros pensionales y sobre la arquitectura financiera del nuevo sistema de jubilación en Colombia.