El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia, es una práctica inaceptable que viola los derechos fundamentales de los niños y adolescentes del país.
Tras las declaracion de un congresista, quien afirmó que el ELN tiene la supuesta licencia para reclutar menores entre los 15 y 17 años. El Defensor del Pueblo condenó enérgicamente esta práctica, calificándola de cruel y sin justificación alguna y reiteró que «Ningún menor de 18 años debería estar involucrado en grupos armados ilegales, recordando que este punto es innegociable en cualquier proceso de negociación de paz» e hizo hincapié en la necesidad de que los menores estén protegidos en sus hogares y educándose en escuelas y colegios, en lugar de portar armas.
Por lo cual, la Alerta Temprana 005 del 2023 del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo destacó la concentración de afectaciones por el reclutamiento forzado de menores en varias regiones del país, así como la existencia de «escuelas de entrenamiento» en ciertas áreas.
“El reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en el desarrollo del conflicto armado es un delito cruel que no tiene justificación. Infortunadamente, es naturalizado por quienes tienen mentes retorcidas, así como por quienes están al mando de organizaciones al margen de la ley, grupos que lo único que hacen es truncar el porvenir de las nuevas generaciones en nuestro país”, afirmó Carlos Camargo Assis.
Según las cifras proporcionadas por la Defensoría del Pueblo, durante el 2023 se registraron 184 casos de reclutamiento de menores en varios departamentos, siendo el Cauca el más afectado. La mayoría de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas, lo que subraya la gravedad de la situación para este grupo poblacional.
En lo que va del 2024, se han reportado 23 casos adicionales de reclutamiento, lo que demuestra la persistencia de esta problemática. El Defensor del Pueblo instó al Gobierno y al ELN a poner fin a esta práctica y a divulgar detalladamente cada acuerdo alcanzado en las mesas de negociación para garantizar la transparencia y la protección de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo continúa monitoreando de cerca el reclutamiento de menores en todo el país y aboga por la implementación de un programa integral de prevención para mitigar los riesgos asociados con esta práctica.
