Fiscalía imputó al exsubdirector de programas y proyectos del Departamento Administrativo para la Prosperidad social (DPS) por el presunto direccionamiento de 28 contratos relacionados con el caso de «Las Marionetas» del fallecido senador Carlos Castaño.
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El exfuncionario habría aprovechado el cargo que ocupaba para asignar irregularmente un contrato superior a los 48.000 millones de pesos y 27 contratos más derivados de este.
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Por su posible actuar ilícito, al parecer, recibió junto a otra persona dádivas por 1.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a un grupo delincuencial integrado por un senador, funcionarios, particulares y contratistas, que habrían direccionado varios procesos de contratación entre el Departamento Administrativos para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa para el Desarrollo Territorial ‘Proyecta Quindío’.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a Pierre Augusto García Jacquier, exsubdirector de Proyectos del DPS; y le imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos que no fueron aceptados.
El material de prueba da cuenta de que el exfuncionario habría aprovechado su cargo y participación en los comités de contratación del DPS, en 2021, presuntamente para orientar irregularmente la celebración del contrato interadministrativo No. 670 de 2021, suscrito entre el DPS y ‘Proyecta Quindío’, por 48.660 millones de pesos; y otros 27 proyectos relacionados con este proceso contractual, que contemplaba la financiación de obras de infraestructura en Tolima, Quindío y Valle del Cauca.
En el curso de la investigación se acreditó que el señor García Jacquier, al parecer, se reunió con congresista y el entonces gerente de ‘Proyecta Quindío’, quienes presuntamente le indicaron los contratistas y municipios con los que se debían contratar los proyectos definidos en el contrato interadministrativo.
Asimismo, se estableció que el exsubdirector del DPS en la selección de los contratistas, al parecer, no tuvo en cuenta criterios de priorización; y por el contrario habría actuado motivado por los intereses particulares de la empresa criminal.
De otra parte, se conoció que, por el posible proceder ilegal, el exfuncionario presuntamente recibió dádivas por 1.000 millones de pesos, dinero que fue compartido con el congresista involucrado.
Siga aquí la audiencia de imputación al exfuncionario:
