El proceso entra en etapa de juicio tras la radicación del escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia. La Fiscalía sostiene que los exministros habrían participado en una red para direccionar contratos y convenios a cambio de apoyos legislativos.
La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Con este paso, el proceso judicial entra en una nueva etapa: será esa sala la encargada de adelantar el juicio contra los dos exfuncionarios, señalados por el ente acusador de los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
La acusación marca un avance clave dentro de una de las investigaciones más delicadas sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el actual periodo de gobierno. Según la tesis de la Fiscalía, Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, habrían tenido un rol de dirección dentro de un supuesto esquema que utilizó contratos y convenios de entidades del Ejecutivo para obtener respaldo político en el Congreso.
Qué dice la Fiscalía
De acuerdo con la acusación, los exministros habrían hecho parte de un “pacto criminal” orientado, presuntamente, a ofrecer proyectos financiados con recursos del Estado a congresistas o a sus círculos políticos, con el propósito de asegurar votos favorables para iniciativas del Gobierno en el Legislativo.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, ha sostenido en audiencias previas que ambos exfuncionarios no habrían actuado de manera aislada, sino desde posiciones de liderazgo dentro de una estructura más amplia que operaba con apoyo de redes políticas, administrativas y relacionales ya consolidadas.
La hipótesis del ente acusador apunta a que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, se habría promovido el direccionamiento de 79 proyectos por un valor superior a los 612.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, 74 de esas iniciativas correspondían a Invías y cinco a la UNGRD. En ese conjunto de proyectos estarían convenios en distintos municipios del país que, presuntamente, se ofrecieron como mecanismo de intercambio político para fortalecer mayorías en el Congreso.
La Fiscalía asegura que de ese universo inicial solo una parte de los convenios se concretó, pero sostiene que el esquema alcanzó a materializarse en varios casos y que su finalidad era alterar el curso normal de la contratación pública y de la deliberación legislativa.
Los delitos imputados
Los cargos formulados contra los exministros son tres:
Concierto para delinquir, por la supuesta articulación con otros funcionarios y terceros dentro de una organización orientada a cometer delitos contra la administración pública.
Cohecho por dar u ofrecer, por la presunta promesa o entrega de beneficios a congresistas a cambio de apoyo político.
Interés indebido en la celebración de contratos, por el supuesto direccionamiento de convenios y proyectos públicos con fines distintos al interés general.
Hasta ahora, ambos exfuncionarios han rechazado de manera tajante las acusaciones y han insistido en su inocencia.
El antecedente: no aceptaron cargos y fueron enviados a prisión
El 1 de diciembre de 2025, durante una audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
En esa diligencia, Bonilla afirmó que era inocente y que no aceptaba la imputación. Velasco, por su parte, también negó los señalamientos y aseguró que no tenía nada que negociar con la Fiscalía porque, según dijo, no había cometido delito alguno.
Al término de esa audiencia, ambos fueron enviados a centros de reclusión por decisión judicial. La medida no estuvo sustentada, según lo expuesto en la diligencia, en un riesgo de fuga inminente, sino en la necesidad de evitar una eventual rearticulación de las prácticas investigadas o interferencias relacionales propias de un esquema de corrupción de gran alcance.
Desde entonces permanecen privados de la libertad por solicitud del ente acusador, que argumentó que las dinámicas bajo investigación habrían trascendido el ejercicio formal de sus cargos y se habrían apoyado en estructuras políticas y administrativas previas.
La valoración judicial sobre el caso
En decisiones conocidas durante las audiencias preliminares, la magistrada Aura Alexandra Rosero señaló que, de acuerdo con el material presentado por la Fiscalía en esa etapa, los imputados no habrían actuado de forma episódica o aislada, sino que presuntamente integraban, desde posiciones de liderazgo, un acuerdo criminal organizado.
La valoración judicial también recogió la tesis de que los investigados, presuntamente, habrían instrumentalizado funciones administrativas y presupuestales para fines ajenos al interés público. En esa línea, se advirtió sobre un posible uso de la contratación estatal como mecanismo de intercambio político, algo que, de comprobarse en juicio, significaría una grave afectación a la independencia del Congreso y a la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Cómo se habría movido el supuesto esquema
La Fiscalía ha descrito una presunta operación en la que participaron varios niveles del Ejecutivo y de entidades estatales. En esa reconstrucción aparecen mencionados exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como exasesoras y otros funcionarios que, según el ente acusador, habrían intervenido en la identificación, trámite y eventual asignación de proyectos.
En el caso de Luis Fernando Velasco, la acusación sostiene que desde el Ministerio del Interior se habrían impulsado acercamientos con congresistas para asegurar apoyos a la reforma pensional y otras iniciativas del Gobierno, particularmente en comisiones clave del Senado.
Respecto de Ricardo Bonilla, la Fiscalía lo ubica como una pieza central en el supuesto direccionamiento de proyectos que debían contar con respaldo financiero o presupuestal. Según el relato del ente acusador, desde el Ministerio de Hacienda se habrían facilitado listados e iniciativas orientadas a favorecer intereses políticos concretos.
La investigación también ha hecho referencia a reuniones de alto nivel en dependencias del Gobierno, entre ellas un encuentro realizado el 27 de noviembre de 2023, en el que, según la Fiscalía, se habría discutido la estrategia para consolidar apoyos legislativos a través de la asignación de convenios y proyectos.
Los proyectos bajo sospecha
Durante las audiencias, la Fiscalía mencionó convenios y proyectos en municipios como Cotorra, Saravena, El Carmen de Bolívar, Puerto Concordia, Aguazul, Mistrató, Los Córdobas, Lorica y Tierralta.
La tesis del ente acusador es que esas iniciativas no obedecían únicamente a necesidades técnicas o territoriales, sino que habrían sido usadas como parte de un sistema de favores políticos. En otras palabras, se investiga si los recursos públicos destinados a infraestructura o atención institucional fueron manipulados para incidir en votaciones de congresistas en comisiones estratégicas del Capitolio.
Ese es uno de los ejes más sensibles del caso: la posible utilización de entidades del Estado no solo para desviar recursos, sino para alterar el equilibrio entre el Gobierno y el Congreso mediante beneficios contractuales.
El contexto del escándalo UNGRD
El caso UNGRD se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del país luego de que salieran a la luz denuncias sobre irregularidades en contratos, sobrecostos y manejo discrecional de recursos en la entidad encargada de la gestión del riesgo.
Con el paso de los meses, la investigación dejó de centrarse únicamente en las irregularidades administrativas dentro de la UNGRD y empezó a extenderse hacia una posible red más amplia de intercambio de favores, presiones políticas y direccionamiento de contratos en diferentes entidades del Estado.
La tesis de la Fiscalía es que el caso no puede entenderse como una suma de hechos aislados, sino como un esquema de corrupción con capacidad de articulación entre funcionarios públicos, operadores políticos y terceros. En esa línea, el expediente ha ido escalando hasta involucrar a exministros y altos exfuncionarios del Gobierno.
La relevancia institucional del proceso radica en que no solo se investigan eventuales delitos contra la administración pública, sino una posible distorsión del funcionamiento democrático: la utilización de recursos presupuestales y contractuales para influir en el trámite de reformas en el Congreso.
Qué sigue en el proceso
Tras la radicación del escrito de acusación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema deberá surtir las etapas procesales previas al juicio y definir el calendario de audiencias.
En esa fase, la Fiscalía expondrá formalmente las pruebas con las que pretende demostrar su acusación, mientras que las defensas podrán controvertir el material probatorio, solicitar nulidades, presentar su teoría del caso y oponerse a los señalamientos del ente acusador.
Tanto Bonilla como Velasco conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.
