El fiscal general Francisco Barbosa, rechazó al reciente ataque armado perpetrado contra una comisión conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República en la localidad de Tierralta, Córdoba. El objetivo de esta comisión era investigar los perturbadores eventos relacionados con el caso de los militares que amenazaron a la población.
El atentado se produjo contra el helicóptero que transportaba a expertos investigadores de ambas entidades, lo que ha generado preocupación por la seguridad de los equipos que trabajan en la esclarecimiento de este delicado caso.
El helicóptero transportaba una comisión de varios servidores públicos, entre ellos miembros de la Fiscalía. «Esta comisión buscaba llevar a cabo una investigación atada a unos hechos que el país conoció y que están siendo sujetos de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde presuntamente miembros del Ejército Nacional violentaron los Derechos Humanos de campesinos, ciudadanos y niños, hecho que es repudiable conforme a los estándares de Derechos Humanos del país».
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El Fiscal Francisco Barbosa enfatizó: “rechazamos el ataque porque lo que denota es que no existen garantías de investigación en Colombia, que el Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General de la Nación. He conversado con la Procuradora General de la Nación, en las próximas horas dirigiremos una comunicación al Presidente de la República manifestándole esa preocupación, de que miembros no solamente de la Procuraduría, sino de la Fiscalía, como Rama Judicial del poder público, no puedan cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional».
«Esto se añade a lo que ha venido ocurriendo contra la Rama Judicial del poder público en Colombia. Las denuncias hechas por la misma Corte Suprema de Justicia por los hechos acontecidos en Tuluá contra los juzgados, contra los jueces, contra los fiscales. Un Estado de Derecho en donde la Rama Judicial del poder público no puede ejercer adecuadamente sus funciones, es un Estado de Derecho fracturado», aseguró en su declaración el Fiscal General de la Nación.
Sobre la investigación de los hechos, razón por la cual la comisión de la Fiscalía buscaba llegar a Tierralta, el Fiscal Francisco Barbosa explicó que estamos «investigando plenamente lo qué está ocurriendo en esa zona. Los actos urgentes se van a adelantar a pesar de los obstáculos que quieran poner diferentes sectores a esa investigación».
En el marco de la investigación del caso de los militares de Tierralta, Córdoba, el fiscal general anunció:
«Ya solicitamos que 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón de la Décima Primera Brigada del Batallón de Infantería Número 83 sean interrogados por la Fiscalía General de la Nación».
El Fiscal Barbosa subrayó que «en esa zona del país, donde ocurrieron los hechos, opera una subestructura criminal del Clan del Golfo, que es la Javier Yepes Cantero, y al día de hoy tenemos 83 órdenes de captura sin ejecutar contra sus miembros y comandantes en esa zona del país. Es importante que la Policía y la Fuerza Pública estén al frente de esas capturas en zonas rurales para sacar a los criminales de las zonas, no para atemorizar a la ciudadanía«.
Además del incidente en Tierralta, el fiscal Barbosa condenó un atentado con explosivos dirigido contra fiscales y jueces en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Esto ha intensificado su preocupación por el estado de la justicia en Colombia, y expresó: «Un Estado de derecho donde la Rama Judicial del poder público no puede ejercer adecuadamente sus funciones es un Estado fracturado.»
