La familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay expresó su rechazo a la declaratoria de insubsistencia del mayor retirado Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado y que recientemente había ordenado la preclusión de la investigación contra el subcomisario Víctor Gómez, jefe del esquema de protección de la Policía Nacional encargado de la seguridad del dirigente político.
A través de la firma de abogados Víctor Mosquera Marín, representante de las víctimas, la familia manifestó su preocupación por la salida del funcionario judicial, ocurrida poco después de concluir la audiencia en la que se resolvió cerrar la investigación contra el oficial de la Policía.
La decisión que favoreció al jefe de seguridad
Durante la audiencia, el juez González Gutiérrez concluyó que el subcomisario Víctor Gómez no incurrió en conductas constitutivas de delito y determinó la preclusión del proceso por atipicidad.
Según la decisión judicial, el oficial desplegó las acciones de protección que estaban a su alcance para garantizar la seguridad de Miguel Uribe Turbay, pese a las limitaciones operativas que enfrentaba el esquema de seguridad.
En la providencia se indicó que el jefe de escoltas «desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las limitaciones operativas, la escasez de personal y un esquema reducido».
El despacho también concluyó que las presuntas falencias en la protección no recaerían directamente sobre el subcomisario, sino que correspondería analizar la actuación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la asignación de recursos para el esquema de seguridad, asunto que deberá ser evaluado por la justicia ordinaria.
Rechazo de la familia de Miguel Uribe
Los representantes de las víctimas calificaron como preocupante que la declaratoria de insubsistencia del juez se produjera apenas una hora después de terminada la audiencia de preclusión.
En un comunicado señalaron:
«Como apoderados estamos plenamente comprometidos en adelantar todas las acciones tendientes al esclarecimiento y determinación de los responsables de este magnicidio. No obstante, resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidad».
La defensa de la familia sostuvo que la situación genera interrogantes sobre las garantías de independencia judicial en medio de las investigaciones relacionadas con el atentado contra el senador.
Asimismo, advirtieron:
«Resulta de especial gravedad que el Juez asegurara la existencia de una relación directa entre la decisión judicial y la medida administrativa que determinó la insubsistencia; estas actuaciones representan vulneraciones a la seguridad jurídica y la independencia judicial».
Investigación contra el director de la UNP
La firma de abogados recordó que la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una investigación por presunto prevaricato por omisión contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección.
Según la representación de las víctimas, la audiencia de imputación prevista dentro de ese proceso fue aplazada y hasta el momento no se ha informado una nueva fecha para su realización.
La defensa considera que las eventuales responsabilidades relacionadas con la conformación y fortalecimiento del esquema de seguridad del senador deben ser plenamente esclarecidas por las autoridades judiciales.
Contexto del atentado contra Miguel Uribe
El caso se remonta al atentado sufrido por Miguel Uribe Turbay, hecho que es investigado por las autoridades como un posible magnicidio debido a su condición de dirigente político y figura pública nacional.
Tras el ataque, surgieron cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad que rodeaban al senador y sobre la suficiencia del esquema de protección asignado por las autoridades competentes.
Las investigaciones se han concentrado en determinar si existieron fallas en la planeación, coordinación y ejecución de las medidas de protección, así como en establecer eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales de funcionarios encargados de garantizar su seguridad.
«La lucha por la memoria y el legado de Miguel»
La familia reiteró que continuará impulsando todas las acciones judiciales necesarias para esclarecer completamente los hechos y establecer responsabilidades.
En su pronunciamiento concluyó:
«Nuestra lucha por la memoria y el legado de Miguel Uribe Turbay no dará tregua, pero siempre se enfatizará en el respeto de las garantías e independencia de los servidores judiciales».
Mientras tanto, las investigaciones continúan tanto en la jurisdicción ordinaria como en otros escenarios judiciales que buscan establecer si existieron omisiones o fallas institucionales relacionadas con el esquema de seguridad del senador.
