La Contraloría General de la República lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto que está teniendo la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación dentro del sector Defensa.
Según el organismo, esta falta de recursos está profundizando un rezago tecnológico que compromete la capacidad del país para responder a amenazas cada vez más complejas, desde ciberataques hasta delitos cometidos mediante sistemas no tripulados.
El llamado fue hecho por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, durante un foro sobre nuevas estrategias de innovación para la seguridad nacional, en el que participaron representantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la academia, varios ministerios y otros órganos de control. Allí, el jefe del ente fiscal advirtió que la asignación presupuestal del sector evidencia una rigidez preocupante y una clara desproporción entre los recursos destinados al funcionamiento y los asignados a proyectos de modernización.
Rodríguez explicó que, en 2024, el 94,5 % del presupuesto del sector —equivalente a $53,8 billones— se empleó en gastos de funcionamiento y personal. Mientras tanto, solo el 4,6 %, es decir, $3,8 billones, se destinó a inversión, lo que limita de manera crítica la renovación de equipos, sistemas y tecnologías necesarias para adaptarse a los nuevos riesgos globales. “No podemos seguir enfrentando amenazas del siglo XXI con tecnología del siglo pasado”, afirmó.
La Contraloría advirtió que este rezago ocurre en un contexto donde las amenazas crecen a un ritmo acelerado. Ciberataques con capacidad para paralizar sistemas financieros o redes eléctricas, operaciones criminales apoyadas en drones y dispositivos autónomos, y nuevas formas de delincuencia digital hacen urgente una modernización profunda de la Fuerza Pública, tanto en capacidades operativas como en infraestructura tecnológica.
En ese panorama, el organismo de control insistió en la necesidad de descongelar recursos y aumentar la inversión para fortalecer las capacidades militares en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial. Señaló que esta modernización debe incluir herramientas como inteligencia artificial, sistemas antidrones y plataformas tecnológicas avanzadas que permitan anticipar y neutralizar amenazas.
La advertencia se sustenta también en hallazgos detectados por el ente fiscal en diferentes auditorías. Uno de ellos está relacionado con la inadecuada administración de municiones y material de guerra en el Ejército, donde se encontraron explosivos y municiones vencidas o almacenadas en condiciones deficientes. La situación no solo representó un daño patrimonial superior a $9.500 millones, sino que también puso en riesgo la seguridad del personal militar.
Otra irregularidad destacada se presentó en los convenios del Ministerio del Interior, a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (FONSECON), para la construcción de estaciones de policía en diversos municipios. Varias de estas obras presentan retrasos considerables, como las de Montelíbano (35 % de avance), Alto Baudó (11 %), Liborina (15 %) y Carmen de Viboral, donde no se registra avance significativo.
La Contraloría también reiteró las irregularidades detectadas en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), que transfirió 14 predios por más de $540 mil millones para recibir un edificio que, cinco años después, aún no ha sido entregado. El caso avanza en un proceso de responsabilidad fiscal que incluye medidas cautelares de embargo y secuestro.
Asimismo, el organismo recordó el daño patrimonial de más de $27.800 millones asociado al proyecto inconcluso del Hospital de Rehabilitación Funcional BASAM, que lleva ocho años sin finalizar pese a la millonaria inversión. Y se sumó la reciente advertencia sobre el contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17, en el que existe un riesgo de pérdida de USD 13,5 millones por incumplimiento del contratista extranjero.
Estas fallas administrativas ocurren mientras aumentan indicadores de criminalidad. Según datos del GAULA, en 2025 se reportaron 4.573 casos de extorsión, de los cuales el 56 % corresponde a modalidades digitales. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, las áreas afectadas por explotación ilícita de oro crecieron un 73 %, alcanzando más de 100.000 hectáreas.
Ante este panorama, la Contraloría hizo un llamado a que Gobierno, Fuerza Pública, academia y sector privado trabajen de manera conjunta para consolidar una política de seguridad integral que asegure el desarrollo del país y la protección ciudadana. “La seguridad de la Nación no es un gasto, sino una inversión”, concluyó el contralor Rodríguez, insistiendo en que modernizar las capacidades del sector es indispensable para garantizar el futuro y la tranquilidad de los colombianos.
