En un análisis exhaustivo, la Contraloría General de la República ha arrojado luz sobre la situación de la seguridad en Colombia durante el periodo 2018-2022, a pesar de la asignación de considerables recursos que superan los $220 billones.
El estudio sectorial, centrado en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, revela importantes hallazgos que plantean interrogantes sobre la eficacia de las inversiones realizadas.
El informe destaca la evolución del concepto de seguridad en América Latina y señala la persistencia de factores estructurales como la pobreza y la desigualdad, que continúan afectando la seguridad de los ciudadanos. La relación entre el conflicto armado en Colombia, el desarrollo limitado y el aumento de la inseguridad territorial también se subraya como un desafío significativo.
A pesar de un aumento considerable en el presupuesto destinado a Defensa y Policía, el estudio sugiere que estos recursos no han logrado traducirse en una reducción significativa de las conductas delictivas. Se destaca la necesidad de un análisis detallado del proceso de planificación, ejecución y seguimiento de las inversiones en el componente policial para identificar posibles deficiencias.
Un aspecto destacado del estudio es la variación en los indicadores de seguridad durante la pandemia, evidenciando mejoras durante las restricciones de movilidad, seguidas de un aumento en la inseguridad tras la relajación de estas medidas en algunos lugares del país.
En sus conclusiones, la Contraloría enfatiza la coherencia entre el Plan Nacional de Desarrollo y la PMCSC, pero subraya la falta de correspondencia entre el aumento presupuestario y la efectividad en la reducción del delito. Se insta a una revisión integral de la PMCSC, con un enfoque en la evaluación de su efectividad y la identificación de posibles deficiencias en la gestión de inversiones relacionadas con la seguridad ciudadana.
La Contraloría hace un llamado a un mayor control sobre la gestión fiscal y el uso adecuado de los recursos, especialmente en programas y proyectos vinculados a la seguridad ciudadana, con una atención particular a las operaciones de la Policía Nacional.