Inició la esperada audiencia de imputación a Olmedo López y Sneyder Pinilla. La diligencia está a cargo del juez 35 de control de garantías de Bogotá, Sidulfo Hernández Toro quien hacía las nueve de la mañana dio apertura a la diligencia.
A la entrada del parqueadero del complejo judicial de Paloquemao se dispuso un fuerte dispositivo de seguridad. Olmedo López y Sneyder Pinilla ingresaron por el parqueadero, mientras que los abogados, los hermanos Luis Moreno y Gustavo Moreno entraron por la puerta principal.
Luego de la presentación de los investigados y sus abogados defensores, se hicieron presentes los abogados representantes de víctimas que en este caso son la Agencia Jurídica del Estado, la Contraloría General de la República, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres y el abogado Santiago Caballero.
La fiscal Andrea Muñóz quien adelanta la investigación hizo una presentación de los delitos y los hechos jurídicamente relevantes en este caso y señaló que frente al delito de peculado por apropiación en favor de terceros esta cuantificado en $5.276 millones de pesos, dinero que se habrían apropiado los exdirectivos de la UNGRD:
La Fiscalía afirmó que los exdirectivos de la UNGRD pagaron sobornos al expresidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, por instrucciones de Carlos Ramón González, a través de Sandra Ortiz.
La Fiscal Andrea Muñoz, reveló que Olmedo López habría recibido instrucciones de Carlos Ramón González, cuando era director del DAPRE, para entregar $4.000 millones a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes por intermedio de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortíz.
La fiscalía señaló que Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habrían redireccionado contratos de la @UNGRD para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
«Usted señor Olmedo López dirigió con Sneyder Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la Unidad con destino a Congresistas.
Coordinó con Ricardo Bonilla, Ministro de Hacienda, Maria Alejandra Benavides, asesora del ministro y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) en los cuales estaban interesados indebidamente los Senadores y Representantes integrantes de la comisión tercera de hacienda y crédito público, Julio Elías Chagüi, Wadith Alberto Manzur, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muño y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Bonilla.»
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Siga aquí la audiencia y el análisis jurídico con los abogados penalistas invitados:
La fiscal delegada, imputó cargos a Olmedo López por concertarse para delinquir con Sneyder Pinilla y «coordinar la entrega en efectivo de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de Sandra Ortíz y la entrega de 1.000 millones directamente al presidente de la Cámara, Andrés Calle, conforme las instrucciones que le dió Carlos Ramón González, quien para ese momento se desempeñaba como director del DAPRE y actualmente se desempeña como director de inteligencia.
Sneyder Pinilla, habría solicitado a la esposa del contratista, Sandra Brand, suplantar la firma de los representantes legales de las empresas que manejaba en los documentos de los procesos de la UNGRD.
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Respecto al contratista Luis Eduardo López Rosero, la fiscal señaló que controla más de 30 empresas, entre esta cinco empresas que fueron utilizadas para la contratación en la UNGRD, bajo la modalidad de adquisición y asistencia humanitaria de emergencia por declaratoría de desastre nacional y decretos de calamidad pública, Luis Eduardo López, conocido como el «pastuso» se habría apropiado de 7.821 millones.
«Mediante la utilización de la figura expedita de declaratoria pública funcionarios de la UNGRD contactaban a los contratistas para que realizarán las cotizaciones con sobrecostos que permitirían cubrir con esa coima que tenían que pagar»: fiscal Andrea Muñoz
La fiscalía les imputó 5 delitos: Concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.
El empresario Luis Eduardo López, conocido como el «pastuso», no aceptó cargos y pidió perdón al país por estos hechos.
Las Fiscales destacadas para el caso de la UNGRD
La imputación de cargos estuvo a cargo de dos fiscales, la fiscal 79 especializada de la dirección contra la corrupción, Andrea Muñoz, encargada del caso de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (UNGRD) para La Guajira, quien también investigó en su momento el caso de la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TICS. Muñoz estuvo acompañada de la abogada externadista María Cristina Patiño González, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien tiene amplia experiencia en la academia como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y en la Corte Suprema de Justicia, donde se desempeñó como magistrada auxiliar durante nueve años.
