El Canciller encargado Gilberto Murillo afirmó que el ex Secretario General no tenía competencia para adjudicar la licitación de pasaportes, ya que la decisión de declarar desierto el proceso de contratación la tomó el suspendido Canciller Álvaro Uribe, su superior jerárquico y manifestó que aunque fue retirado de su cargo el 26 de febrero el funcionario desde el 22 de febrero sabía de su retiro.
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Mediante un comunicado el Canciller Murillo afirmó:
«El despacho del ministro de Relaciones Exteriores conserva todas las facultades y deberes que la Constitución y la Ley le atribuyen.
El pasado 22 de febrero, de conformidad con el régimen institucional de la Cancillería, se decidió que la Secretaría General retomaría el trámite del proceso licitatorio LP 003 de 2023, que aún está en curso, para la elaboración y suministro de pasaportes.
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Esto se hizo con el fin de fortalecer la institucionalidad en la gestión de todos los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y demás de la Cancillería.
El 23 de febrero se suspendió, y se mantiene suspendido el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia.
El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el Canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023.
El mismo Dr. José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y por tanto contrarias a las instrucciones del Canciller (e).
El 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro.
Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario.
No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido.
Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal.
Las sedes en Bogotá, las gobernaciones y nuestros consulados alrededor del mundo, siguen y seguirán prestando el servicio de pasaportes sin alteraciones, como quiera que el Contrato No. 356 se encuentra en ejecución hasta el 2 de octubre de 2024″
José Antonio Salazar, Exsecretario General de la Cancillería está en el ojo del huracán luego de la adjudicación del millonario contrato de pasaportes con la firma Thomas Greg, cuando el Canciller Murillo se encontraba de viaje en Suiza.
Salazar dice que no le pidieron la carta de renuncia, pero que desde que llegó el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, han salido del Ministerio de Relaciones Exteriores funcionarios cercanos al suspendido Canciller Álvaro Leyva.
Por su parte Salazar respondió al canciller (e) Luis G. Murillo que cuando se inició el proceso licitatorio se contaba con los certificados de disponibilidad presupuestal y que cumplia con las funciones delegadas.
El funcionario fue tildado por el Presidente de la República Gustavo Petro como «traidor».
«El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopilización de todos los datos privados en una sola empresa privada.
Toda la investigación penal debe desarrollarse«: Presidente de la República, Gustavo Petro
Salazar, quien es amigo de Álvaro Leyva, desde hace 40 años manifestó que creía que «el embajador Murillo vino a quedarse y yo me voy a ir y, pensé, dejándole al país, al ministerio y al mismo canciller una cantidad de problemas» y por eso decidió aplicar la ley y adjudicar el proceso licitatorio. Además el Canciller (e) Murillo le habría expresado que debía hablar con el Presidente Petro ya que la mejor decisión era conciliar.
Igualmente dijo «Yo no estoy apegado al puesto, estoy apegado a la ley. A mí me interesa prestarles un servicio público a los conciudadanos, al país, con toda eficacia y eficiencia. No estoy pegado al cargo público. Yo vine a la Cancillería a prestarle un apoyo a Álvaro Leyva a quien conozco hace 40 años«.
“La Constitución y la ley están por encima del presidente”: José Antonio Salazar
El contrato adjudicado fue por valor de $599.651.582.571 pesos. Salazar, también dijo que no era su deber informarle a nadie sobre la decisión que tomó y agregó que con su decisión salvó a la Nación de una demanda de 117.000 millones de pesos
