Este jueves al medio día fueron escuchadas las tres mujeres ternadas por el presidente Gustavo Petro para ser la próxima Defensora del Pueblo, las abogadas presentaron sus propuestas ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
El mandatario repitió su fórmula de solo mujeres para reemplazar a Carlos Camargo y su periodo iniciará el próximo primero de septiembre.
Las ternadas son reconocidas defensoras de Derechos Humanos: Dora Lucy Arias Giraldo, defensora de Derechos Humanos, Jomary Ortegón Osorio vicepresidenta del Colectivo José Alvear Restrepo e Iris Marín Ortiz, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.
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La elección se llevará a cabo el viernes 16 de agosto y el periodo iniciaría el primero de septiembre.
Las tres mujeres ternadas durante 20 minutos expusieron sus hojas de vida y sus propuestas a implementar en la Defensoría. Esta elección del viernes se realiza mediante voto secreto. Se requeren de al menos 63 votos de los 186 representantes.
Estos son los perfiles de las candidatas a dirigir la Defensoría del Pueblo:
Dora Lucy Arias Giraldo
Abogada, experta en Utilidad Pública, Dora Lucy Arias Giraldo ha trabajado durante más de 20 años en litigio, investigación, pedagogía y fortalecimiento organizativo acompañando a organizaciones populares, especialmente comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia y América Latina para la defensa territorial y de derechos humanos frente abusos de poder estatales y de grandes poderes económicos.
Dora Lucy ha presentado su visión para liderar la Defensoría del Pueblo, subrayando la importancia de elegir a una defensora de derechos humanos con un profundo conocimiento del territorio colombiano. Según su propuesta, la experiencia directa en las comunidades y en los territorios más afectados por el conflicto es esencial para que la Defensoría recupere su papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. Propone una Defensoría conectada con las realidades de la «Colombia profunda», donde las contradicciones y necesidades son palpables, y la conflictividad requiere atención inmediata. Con su experiencia en el trabajo con las comunidades, cree que puede contribuir a revitalizar la misión de la Defensoría: escuchar a la ciudadanía, tramitar sus voces y garantizar el respeto de sus derechos. Subraya que la Defensoría del Pueblo debe ir más allá de simplemente contar víctimas y documentar violaciones de derechos humanos, y en su lugar, prevenir estos contextos mediante una presencia activa y comprometida en las regiones. Hace un llamado a enfrentar los desafíos de moralidad administrativa que la institución ha sufrido desde su creación tras la Constitución de 1991. Además, propone enfoques específicos para abordar problemáticas críticas como el reclutamiento forzado, las violencias de género y las brechas regionales que limitan el desarrollo integral de las comunidades y obstaculizan la construcción de paz.
La abogada Dora Lucy Arias, hizo parte del Colectivo José Alvear Restrepo CAJAR, ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos de comunidades afectadas por mega proyectos extractivos mineros en Colombia y Latinoamérica. A través de trabajo de documentación, investigación y litigio, su objetivo es que “las comunidades afectadas por conflictos ambientales puedan permanecer en su territorio con plena realización de sus derechos”.
Iris Marín Ortiz
Iris Marín Ortiz, ex magistrada auxiliar de la corte constitucional, trabajó con la magistrada Natalia Ángel Cabo.
Abogada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del -Rosario, Con una maestria en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Constitucionalista, defensora de derechos humanos. Paz, derechos de las víctimas y justicia transicional.
Cuenta con 25 años de experiencia. Ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y trabajado en organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, en cargos directivos del Gobierno para la implementación de la Ley de Víctimas, asesora en hallazgos y recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, asesora del equipo de Gobierno en la negociación de Paz con las FARC-EP.
Profesora en derechos humanos, derecho constitucional, igualdad de género, derechos de las víctimas y justicia transicional.
Jomary Ortegón Osorio
Jomary Ortegón Osorio, vice Presidenta de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Abogada de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en derecho constitucional y Especialista en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en derecho penal de la Universidad Libre.
Propuestas:
La candidata busca redefinir el rol de la Defensoría del Pueblo, Jomary Ortegón ha planteado la necesidad de una «Defensoría para la Paz», consolidación de la presencia de la Defensoría en las regiones más afectadas por el conflicto y la violencia. Siendo la primera mujer en ocupar este cargo, Ortegón subraya la importancia de fortalecer el enfoque de género dentro de la Defensoría. Propone una atención prioritaria a las mujeres y a las personas con orientaciones sexuales diversas, Ortegón también pone en la mesa la necesidad de que la Defensoría aborde de manera integral nuevas problemáticas emergentes en el ámbito de los derechos humanos, como el desplazamiento forzado por razones climáticas, la migración masiva, y el alarmante incremento en las tasas de feminicidio.
Defensora de derechos humanos, desde hace 20 años acompaña labores de litigio a nivel de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en representación de víctimas de graves violaciones a derechos humanos en la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, en la Comisión Interamericana ha litigado alrededor de 30 casos de violaciones a derechos humanos en casos de pueblos indígenas, niños y niñas, defensores de derechos humanos, campesinos, en los cuales se han obtenido sentencias contra el Estado colombiano y en favor de los derechos de las víctimas en casos como el Palacio de Justicia (2014), Masacre de Santo Domingo (2013), Manuel Cepeda Vargas (2010), Masacre de la Rochela (2008), Masacre de Mapiripán (2005). También acompaña permanentemente la solicitud y el seguimiento a medidas de protección internacional en favor de líderes y lideresas en situación de riesgo incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y pueblos indígenas.