La medida de aseguramiento en lugar de residencia fue solicitada ante el Tribunal Superior de Bogotá, tras imputarles concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en contratos. Ambos exfuncionarios se declararon inocentes y no aceptaron cargos.
Fiscalía pide detención domiciliaria para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD
La medida de aseguramiento en lugar de residencia fue solicitada ante el Tribunal Superior de Bogotá, tras imputarles concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en contratos. Ambos exfuncionarios se declararon inocentes y no aceptaron cargos.
La Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla González (Hacienda) y Luis Fernando Velasco Chávez (Interior), en el proceso que se les sigue por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del Invías para asegurar mayorías en el Congreso de la República. La petición fue presentada ante la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, al término de la audiencia de imputación en la que los dos exfuncionarios se declararon inocentes y no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.
De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían hecho parte de una estructura que buscaba “comprar” respaldos legislativos a través del direccionamiento de 79 proyectos (74 en Invías y 5 en la UNGRD) por un monto total de 612.237 millones de pesos, de los cuales solo siete convenios llegaron a firmarse. El supuesto objetivo era garantizar apoyo a las reformas pensional y de salud, así como a varias operaciones de crédito público presentadas por el Gobierno.
La solicitud de detención domiciliaria
En la segunda jornada del día convocada para la medida de aseguramiento, la fiscal delegada ante la Corte, María Cristina Patiño, anunció formalmente la petición de detención domiciliaria para ambos exministros.
“La Fiscalía concurre en esta segunda audiencia preliminar (…) con el propósito de solicitar la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia contra los imputados Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González. La solicitud se encuentra prevista en el artículo 250 de la Constitución”, explicó la funcionaria.
La Fiscalía sostuvo que se cumplen los requisitos legales para una medida restrictiva de la libertad, al considerar la gravedad de los delitos imputados, la magnitud de los recursos involucrados y el riesgo procesal derivado de la influencia política y administrativa que, a su juicio, aún tendrían los exfuncionarios. La petición se formula por los mismos cargos que ya fueron legalmente imputados: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Según el ente investigador, las conductas investigadas se enmarcan en un esquema de corrupción de alto impacto, articulado entre varias entidades y con participación de congresistas, exdirectivos de la UNGRD y asesores de ministerios. De ahí que la Fiscalía insista en que una medida de detención en lugar de residencia es necesaria para garantizar la comparecencia de los imputados, evitar posibles obstrucciones y proteger la integridad del proceso.
Fiscalía solicita detención domiciliaria para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD
La fiscal delegada advirtió que la medida es necesaria para garantizar el avance del proceso y evitar riesgos procesales similares a los dos exfuncionarios prófugos del escándalo.
En una extensa diligencia que se prolongó hasta cerca de las 7:00 de la noche, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá imponer medida de aseguramiento en lugar de residencia contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), investigados dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, expuso que la medida es necesaria para asegurar su comparecencia al proceso y evitar escenarios como el de Carlos Ramón González y César Manrique, ambos exfuncionarios hoy prófugos de la justicia.
“El país ya ha visto cómo dos procesados dentro de este mismo entramado se encuentran evadidos. Por ello, es indispensable establecer controles efectivos sobre los aquí imputados”, señaló Patiño al concluir su argumentación. Agregó que la detención domiciliaria es la medida “suficiente y razonable” frente a la gravedad de los hechos imputados y los riesgos identificados por el ente acusador.
El esquema que describe la Fiscalía: contratos por apoyo político
Durante la audiencia, la fiscal Patiño reiteró la tesis central del ente acusador: que Bonilla y Velasco habrían participado en un plan orientado a direccionar recursos públicos a favor de congresistas con el fin de asegurar mayorías para las reformas y proyectos clave del Ejecutivo.
De acuerdo con la investigación, los exministros habrían impulsado el direccionamiento de 74 proyectos radicados en Invías, por 571.701 millones de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD, por 40.536 millones de pesos, para un total de 612.237 millones. Aunque todos habrían hecho parte del acuerdo ilícito, solo siete convenios se materializaron.
En la exposición de los hechos, la Fiscalía explicó que este esquema habría operado especialmente en el segundo semestre de 2023, cuando se adelantaban en el Congreso los debates de la reforma pensional, la reforma a la salud y diversas operaciones de crédito público. Como ejemplo, la fiscal relató uno de los episodios documentados:
“El 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado y acordó con Marta Peralta gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión, entre ellos Berenice Bedoya”.
La Fiscalía también recordó que en el marco del caso UNGRD ya han sido vinculados otros exfuncionarios, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, y que la exasesora de Hacienda María Alejandra Benavides se ha convertido en testigo clave tras la solicitud de principio de oportunidad, al relatar cómo se discutían listados de proyectos y congresistas beneficiarios.
Contexto de la imputación: un supuesto “pacto criminal” para asegurar mayorías
La audiencia de imputación se cumplió, igualmente, en el Tribunal Superior de Bogotá y se desarrolló de forma mixta: Ricardo Bonilla asistió de manera presencial, mientras Luis Fernando Velasco participó de forma virtual. Allí, la Fiscalía presentó un relato detallado sobre la presunta existencia de una “empresa criminal” dirigida desde las carteras de Hacienda e Interior, el Invías y la UNGRD.
Patiño sostuvo que los exministros:
“Lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”.
Según el ente acusador, el modus operandi consistía en ofrecer contratos financiados con dineros públicos a parlamentarios a cambio de su respaldo en las votaciones. La investigación ha mencionado nombres como los de la senadora Martha Peralta Epiayú y el senador Julio Elías Chagüi, entre otros congresistas supuestamente interesados en proyectos para sus regiones, así como reuniones en el DAPRE, incluido el llamado “cónclave” del 27 de noviembre de 2023, donde se habría discutido cómo consolidar las mayorías legislativas.
Los exministros no aceptan cargos y se declaran inocentes
En medio de este panorama, los exministros Bonilla y Velasco han optado por una estrategia de negación total de los hechos y han descartado cualquier intención de llegar a acuerdos con la Fiscalía.
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla se declaró inocente tras la lectura de cargos. Al ser consultado por la magistrada Rosero sobre si aceptaba o no los delitos imputados, respondió:
“Soy inocente y no acepto cargos”.
De esta manera, dejó claro que rechaza por completo la imputación por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en contratos.
Por su parte, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco también negó cualquier participación en el esquema descrito por la Fiscalía y fue enfático al descartar una eventual negociación con el ente acusador:
“No acepto cargos, no tengo nada que negociar con la Fiscalía porque soy inocente”.
Tras estas manifestaciones, la magistrada Rosero declaró legalizada la imputación y precisó que, desde ese momento, ambos obtenían la calidad de imputados, además de quedar sujetos a la prohibición de enajenar bienes mientras continúa el proceso.
Lo que viene: decisión sobre la medida y avance del proceso
La audiencia de medida de aseguramiento continuará el próximo 15 diciembre.
Con la imputación formalizada y la solicitud de detención domiciliaria ya planteada, corresponderá ahora a la magistrada Aura Alexandra Rosero decidir si acoge o no la petición de la Fiscalía. La defensa de Bonilla, encabezada por el abogado Mauricio Pava, ya anticipó que cuestionará la imputación por concierto para delinquir y ha insistido en que no se configuraría una organización criminal sino, en el peor de los escenarios, un debate sobre posibles responsabilidades individuales.
Luego de escuchar a la Fiscalía los abogados defensores presentarán sus argumentos para solicita una medida no restrictiva de la libertad para los altos exfuncionarios.
Los actores mencionados
Durante la audiencia fueron señaladas varias figuras clave:
1. Olmedo López y Sneyder Pinilla
Exdirectivos de la UNGRD que, según la Fiscalía, operaban como piezas centrales del direccionamiento contractual.
2. Senadora Martha Peralta Epiayú (Pacto Histórico)
Fue mencionada como “líder de la estrategia política para asegurar votos a la reforma pensional”.
3. Senador Julio Elías Chagüi (Partido de la U)
Se le atribuye un papel relevante en la negociación de cupos indicativos y tres proyectos de Invías en Córdoba.
4. María Alejandra Benavides
Exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave tras la solicitud de principio de oportunidad.
Benavides relató reuniones, presiones, manejo de listas de congresistas y su interlocución con asesores del Dapre.
La Fiscalía dice que el exministro fue determinador.
Los hechos narrados por la Fiscalía: contratos a cambio de votos
La fiscalía aseguró que Velasco habría instruido a Olmedo López:
“Apoyar la reforma pensional mediante la entrega de contratos a ciertos congresistas de la Comisión Séptima.”
Entre los proyectos mencionados figuran:
- Obras en Puerto Concordia (Meta) por $5.458 millones
- Mitigación de riesgos en Mistrató (Risaralda) por $4.811 millones
- Proyectos en Aguazul (Casanare)
- Contrato en La Guajira por $2.125 millones
En paralelo, Bonilla habría impulsado la aprobación de cupos indicativos a través de sus asesoras Andrea Ramírez y Benavides:
“Era necesario direccionar proyectos para las regiones a favor de congresistas, autorizados por el ministro Bonilla.”
Benavides entregó un documento con 71 proyectos para beneficiar a comisiones de Senado y Cámara.
El encuentro del Dapre: el “cónclave” del 27 de noviembre
La Fiscalía describió una reunión organizada por Carlos Ramón González (hoy prófugo) en la sede del Dapre. Allí, según la versión expuesta por Patiño:
“Velasco explicó cómo entregar contratos como coima a los congresistas a cambio de sus votos.”
Ese encuentro habría sido clave para destrabar créditos públicos y alinear apoyos legislativos.
Una presunta organización criminal dentro del Gobierno
Durante la audiencia, la fiscal Patiño reiteró que, según la investigación, dentro del Gobierno se habría conformado “una organización delincuencial” orientada a asegurar mayorías en el Congreso para aprobar las reformas pensional y de salud, así como trámites de crédito público. Según la Fiscalía, dicha estructura involucró a funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda, del Invías y de la UNGRD, y tuvo como eje el direccionamiento de contratos públicos a congresistas.
En palabras de la fiscal:
“Los ministros Velasco Chávez y Bonilla González acordaron entre sí con otros funcionarios de la Rama Ejecutiva y con ciertos parlamentarios el direccionamiento de proyectos contractuales a cambio de su apoyo a los intereses del Gobierno en el Legislativo”.
De acuerdo con el ente investigador, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 los exministros habrían impulsado el manejo de 74 proyectos del Invías por $571.701 millones y cinco proyectos de la UNGRD por $40.536 millones, para un total de $612.237 millones, de los cuales solo siete convenios se concretaron. “Los hechos jurídicamente relevantes serán ampliados al momento de imputar el delito de interés indebido en la celebración de contratos”, anunció la fiscal.
Roles, acuerdos y el cónclave en Casa de Nariño
La delegada también explicó que la supuesta organización operaba con una división del trabajo previamente pactada. “La organización delincuencial se estructuró con roles delictivos específicos e indispensables, sin cuya concurrencia no se hubiese alcanzado la finalidad propuesta”, afirmó. Según la imputación, Velasco y Bonilla habrían “liderado, promovido, dirigido y encabezado” las acciones, emitiendo órdenes, coordinando reuniones y supervisando trámites en el Invías y la UNGRD.
La Fiscalía retomó el testimonio del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien relató el llamado “cónclave del 27 de noviembre de 2023”, una reunión en la Casa de Nariño en la que presuntamente participaron, además de Bonilla y Velasco, altos funcionarios como Carlos Ramón González, Óscar Mauricio Lizcano, Gloria Inés Ramírez y Guillermo Alfonso Jaramillo. Según López, en ese encuentro “se explicó la negociación para asegurar votos parlamentarios a través de contratos”.
Contratos para influir en el trámite legislativo
La Fiscalía sostuvo que Velasco habría impartido instrucciones directas al entonces director de la UNGRD para entregar contratos a congresistas de la Comisión Séptima del Senado, en especial durante los debates de la reforma pensional. “Debía ponerse a disposición de la senadora Marta Peralta Epiayú, quien lideraba el trámite de la reforma”, explicó Patiño.
En cuanto a Bonilla, la delegada afirmó que lideró el ofrecimiento de contratos a los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a quienes el Ministerio de Hacienda presentó 17 operaciones de empréstito entre junio y noviembre de 2023. “La aprobación unánime de estas operaciones solo ocurrió luego de convenir con los legisladores la entrega de contratación pública”, añadió.
El Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver si acoge o no la solicitud de detención domiciliaria presentada por la Fiscalía. La Procuraduría respaldó la petición, mientras que la defensa anunció que argumentará en contra de la medida y cuestionará la calificación jurídica del delito de concierto para delinquir.
La decisión sobre la medida de aseguramiento se conocerá en los próximos días.
Lo que significa la imputación
Con la decisión de hoy, ya son ocho los altos exfuncionarios del gobierno Petro imputados formalmente por el caso UNGRD:
- Ricardo Bonilla
- Luis Fernando Velasco
- Olmedo López
- Sandra Ortiz
- Carlos Ramón González (prófugo)
- César Manrique (prófugo)
Congresistas detenidos e investigados
Los congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidente y presidente de la Cámara de Representantes durante 2023 y 2024, permanecen privados de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, que los investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción relacionado con la UNGRD, específicamente por supuestamente haber recibido o gestionado contratos direccionados a través de cupos indicativos a cambio de apoyar proyectos del Gobierno Nacional. Ambos enfrentan procesos por delitos como cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir, y sus expedientes avanzan en la Sala de Instrucción, que ha recopilado testimonios, documentos oficiales, chats y registros de reuniones con exfuncionarios de la Unidad.
Además de Name y Calle, la Corte Suprema mantiene abiertas investigaciones preliminares y líneas de indagación sobre otros congresistas mencionados en declaraciones de testigos clave como Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como en los documentos hallados en el Ministerio de Hacienda y el Invías. Entre ellos figuran los senadores Julio Elías Chagüi, Mauricio Gómez Amín, Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, algunos señalados por presuntos direccionamientos de proyectos o por intervenir en operaciones de crédito público que habrían beneficiado al Ejecutivo. Varios de estos legisladores ya rindieron versión libre, mientras otros están bajo evaluación para eventuales compulsas de copias, lo que amplía el espectro de congresistas involucrados en uno de los mayores escándalos políticos de la actual administración.
Mientras se adopta la decisión de fondo sobre la medida de aseguramiento, el caso UNGRD continúa escalando como uno de los expedientes más complejos y sensibles para el actual Gobierno. Con los exministros Bonilla y Velasco, ya son ocho altos exfuncionarios vinculados formalmente en un entramado que combina presuntos actos de corrupción, uso político de la contratación pública y compra de apoyos legislativos, y que seguirá bajo la lupa del Tribunal, la Corte Suprema y los órganos de control.