El presidente de Ecopetrol será imputado por su presunta responsabilidad en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la que fue gerente. La Fiscalía no prevé pedir medida de aseguramiento en esta etapa.
La diligencia estaba programada para este miércoles 8 de abril en Bogotá, sin embargo, Roa no se conectó a la audiencia por lo que fue aplazada.
Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, tiene programada una audiencia de imputación de cargos por su presunta responsabilidad en la violación de topes electorales. La diligencia corresponde al segundo frente penal que enfrenta ante la Fiscalía.
La imputación se realizará ante un juez de control de garantías en Bogotá. La Fiscalía le atribuirá a Roa el presunto delito de violación de topes o límites de gastos en campañas electorales, por hechos relacionados con su papel como gerente de la campaña “Petro Presidente” de 2022. El caso se originó, en buena parte, en la compulsa de copias hecha por el Consejo Nacional Electoral, que concluyó que había méritos para investigar penalmente al entonces responsable de autorizar gastos, firmar contratos y avalar operaciones contables de la campaña.
Qué se discutirá en la audiencia
La Fiscalía sustentará que Roa, en su condición de gerente de campaña, habría tenido control directo sobre la ejecución financiera y el reporte de gastos en la plataforma Cuentas Claras. La tesis del ente acusador es que existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad en irregularidades contables y de financiación detectadas tanto en primera como en segunda vuelta presidencial.
Hasta ahora, la Fiscalía ha indicado que no solicitará una medida de aseguramiento contra el presidente de Ecopetrol en esta audiencia. La decisión implica que, por el momento, buscará formalizar la imputación y continuar el proceso sin pedir una restricción inmediata de la libertad. Esa postura ya había sido reportada cuando se conoció el avance de las investigaciones penales derivadas de la decisión del CNE.
La base de la investigación: la decisión del CNE
El proceso penal contra Roa avanzó después de que el Consejo Nacional Electoral sancionara en noviembre de 2025 a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por violación de topes y financiación irregular. El CNE concluyó que hubo excesos de gasto en ambas vueltas y omitió el reporte de varios movimientos, y además compulsó copias a la Fiscalía para que investigara la eventual responsabilidad penal del entonces gerente de campaña.
De acuerdo con esa decisión administrativa, en la primera vuelta la campaña habría excedido los topes de ingresos y gastos en aproximadamente 2.459 millones de pesos, mientras que la omisión de reportes sumó cerca de 2.611 millones. En la segunda vuelta, el exceso de topes fue calculado en alrededor de 583 millones de pesos y la omisión de gastos en unos 1.087 millones. En ese expediente, además, se ordenó la devolución de recursos públicos y se impusieron sanciones económicas a varios responsables de la campaña.
En paralelo, la Fiscalía maneja una línea de investigación propia con cifras parcialmente distintas a las administrativas del CNE. El fiscal del caso, Elkin Ardila, ha trabajado sobre un faltante o irregularidad por 2.024 millones de pesos: 451 millones por aportes presuntamente no reportados y 1.573 millones por facturación irregular asociada, entre otros conceptos, a hoteles, publicidad y tiquetes aéreos durante la campaña presidencial de 2022.
El rol de Ricardo Roa en la campaña
Uno de los puntos centrales del caso es la función que Roa desempeñó en la campaña. El CNE y la Fiscalía coinciden en que, como gerente, era el encargado de autorizar gastos, firmar contratos y validar operaciones contables. En otras palabras, su posición lo ubicaba en el centro de las decisiones financieras que hoy son objeto de investigación penal y administrativa.
La investigación también se apoya en documentos, soportes contables y materiales probatorios recolectados inicialmente por el CNE, en particular dentro del expediente adelantado por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Esa documentación fue una de las bases para la sanción administrativa contra la campaña y para la compulsa de copias que dio pie al proceso penal en la Fiscalía.
Vacaciones y licencia en Ecopetrol
La audiencia se produce además en un momento de alta presión sobre la continuidad de Roa al frente de Ecopetrol. La junta directiva de la compañía aprobó que tome siete semanas de vacaciones, desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo, seguidas de una licencia no remunerada de 30 días calendario que se extenderá hasta el 27 de junio. Durante ese periodo, la presidencia encargada quedará en manos de Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos.
Quién es Ricardo Roa
Ricardo Roa Barragán es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional y especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Ecopetrol lo presenta como un directivo con más de 30 años de experiencia en el sector energético, con paso por cargos de alto nivel en Colombia y otros países de la región. Antes de llegar a la petrolera estatal, fue presidente del Grupo Energía de Bogotá, de Transportadora de Gas Internacional (TGI) y gerente de la Empresa Energía de Honduras, entre otros cargos.
En 2022 tuvo una exposición política determinante al convertirse en gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Posteriormente asumió la presidencia de Ecopetrol, uno de los cargos más sensibles del sector público empresarial colombiano. Desde allí ha enfrentado cuestionamientos por el impacto de sus procesos judiciales sobre la gobernabilidad corporativa de la empresa y sobre la relación con inversionistas y mercados.
Lo que sigue en el proceso
La audiencia de este 8 de abril será clave para definir si Roa queda formalmente vinculado por la Fiscalía en este segundo proceso penal. Si la imputación se concreta y el directivo no acepta cargos, el ente acusador deberá avanzar hacia la eventual presentación del escrito de acusación en los términos que fija la ley. Ese escenario replicaría, en términos procesales, la ruta que ya sigue el otro expediente que tiene abierto el presidente de Ecopetrol.
Por ahora, la investigación por los topes de campaña se mueve en dos carriles: uno administrativo, ya resuelto por el CNE con sanciones económicas, y otro penal, que busca establecer si las irregularidades detectadas comprometen la responsabilidad individual de Roa como gerente de campaña.
El otro proceso: la imputación por la compra de un apartamento
Semanas antes de esta audiencia, el 11 de marzo de 2026, Ricardo Roa ya fue imputado por la Fiscalía por un caso distinto: presunto tráfico de influencias en relación con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, el penthouse 901. En esa diligencia, Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente. El juez dio por legalizada la imputación.
Según la Fiscalía, entre agosto de 2024 y enero de 2025 Roa habría usado indebidamente su posición como presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares. La hipótesis del ente acusador es que le habría pedido a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, beneficiar al empresario Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocio en esa filial del grupo Ecopetrol. En esa línea, la Fiscalía sostiene que Roa presuntamente instruyó que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG fuera adjudicado a Gaxi ESP SAS, empresa vinculada a Mancera, quien además estaba relacionado con la negociación del apartamento.
Ese expediente se convirtió en el primer caso penal formalmente imputado contra el actual presidente de Ecopetrol. La defensa de Roa ha sostenido que controvertirá las pruebas de la Fiscalía tanto en ese proceso como en el relacionado con la campaña presidencial de 2022.
