Este 9 de octubre de 2024 se reanudó la audiencia preparatoria del juicio penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno a testigos y fraude procesal. En esta audiencia interviene la defensa, liderada por Jaime Granados, quien argumenta que las insterceptaciones realizadas a Uribe se violaron los principios de reserva en las conversaciones entre abogado – cliente. Este caso judicial ha acaparado la atención del país desde 2018, Uribe es el primer expresidente en la historia de Colombia en enfrentar un juicio penal,
Siga la audiencia preparatoria de juicio al expresidente Álvaro Uribe:
El abogado de Uribe ha manifestado que durante varios meses estuvo interceptada la línea teléfonica del expresidente, incluyendo las conversaciones con su abogado Diego Cadena, las cuales tienen reserva constitucional por ser dialogos entre abogado – cliente. Además del derecho a la intimidad que se le habría violado al expresidente.
Granados solicitó a la juez que fueran excluidas del juicio todas estas interceptaciones a las comunicaciones por considerarlas ilegales.
El caso se originó tras una denuncia del senador Iván Cepeda, quien acusó a Uribe de manipular testigos en su defensa y la de su hermano Santiago Uribe, ambos señalados de vínculos con grupos paramilitares. A pesar de varios intentos de la Fiscalía por archivar el proceso, la acusación se ha mantenido firme, manteniendo vivo uno de los juicios más mediáticos de la política colombiana.
Durante la audiencia de la semana pasada, Uribe se retiró luego de que la jueza Sandra Liliana Heredia le preguntara si aceptaba los cargos. En ese momento, visiblemente molesto, el expresidente exclamó: «Estoy condenado sin pruebas y no me permiten pruebas«. Este episodio fue seguido por la presentación de una acción de tutela por parte de la defensa, argumentando que la jueza 44 de conocimiento de Boggotá, Sandra Liliana Heredia habría vulnerado el derecho al debido proceso. La decisión sobre esta tutela aún está pendiente por parte del Tribunal Superior de Bogotá.
La defensa y el acceso a las pruebas
La defensa, encabezada por Jaime Granados, ha insistido en la necesidad de tener acceso directo a las pruebas extraídas del celular y computador del testigo clave, Juan Guillermo Monsalve. Granados argumenta que la copia proporcionada por la Fiscalía no es suficiente, y que las demoras en el proceso de copia de los datos, completado apenas el 30 de septiembre, han limitado su capacidad de análisis.
Granados reiteró que la solicitud de aplazamiento de las audiencias no busca dilatar el proceso, sino asegurar que la defensa pueda revisar todas las pruebas con el debido rigor. Esto ha generado un nuevo debate entre las partes, sumando complejidad a un juicio ya prolongado por más de seis años.
El caso en su contexto
El juicio contra Álvaro Uribe ha capturado la atención del país desde 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia inició la investigación basada en acusaciones de que su abogado, Diego Cadena, habría sobornado a exparamilitares para obtener testimonios favorables en el caso de Uribe contra Cepeda.
El proceso fue abierto en la Corte Suprema de Justicia, quienes ordenaron el 03 de agosto de 2020 detención domiciliaria en su finca «El Ubérrimo», donde estuvo recluido por 67 días, pero luego de la renuncia de Uribe a su investidura de Senador, su proceso pasó a la Fiscalía por no tener fuero constitucional y el 10 de octubre de 2020, el Juzgado 30 de garantías de Bogotá, ordenó la libertad del procesado Uribe Vélez.
Tras la renuncia de Uribe al Senado, el proceso pasó a la Fiscalía General, que en dos ocasiones solicitó el archivo del caso. Sin embargo, en ambas oportunidades, las solicitudes fueron rechazadas, manteniendo viva la acusación.
Las próximas audiencias, programadas para el 10, 11, 16 y 17 de octubre, serán clave para definir el futuro del proceso, el cual prescribirá el 8 de octubre de 2025 si no se emite una sentencia antes de esa fecha.
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