La defensa del expresidente Álvaro Uribe, encabezada por el penalista Jaime Granados, respondió en una carta a las recientes afirmaciones realizadas en la audiencia por los representantes de las víctimas en el proceso por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal. Granados dice que no es cierto que se esté buscando la suspensión del proceso, aclarando que la defensa solo solicitó un tiempo adicional para analizar el material probatorio extraído del celular y computador de Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave en el caso.
En el documento, Granados destacó que la defensa no fue responsable de los retrasos en la obtención de la información contenida en los dispositivos de Monsalve, los cuales estuvieron bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia hasta finales de septiembre de 2024. Argumentó que fue hasta el 30 de septiembre cuando la defensa logró completar la copia original de los datos, lo que dejó un margen muy corto para su análisis antes de la audiencia programada.
Granados también subrayó que la defensa tiene un interés legítimo en acceder directamente al celular y computador de Monsalve, y no solo a la copia espejo proporcionada por la Fiscalía. Según su explicación, la solicitud de un aplazamiento por parte de la defensa no tenía la intención de dilatar el proceso, sino de asegurar que toda la información fuera debidamente revisada en un plazo no mayor a siete días.
«No es cierto que el suscrito haya pretendido una nueva suspensión de la actuación procesal tal y como se ha dicho pues, por el contrario, se comunicó respetuosamente al Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que era imperativo un tiempo no mayor a 7 días, con el propósito de revisar lo que se había extraído en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, es decir, lograr analizar la información encontrada en los mencionados celular y computador y no solo limitarnos a un obtención» .
En cuanto a las acusaciones de las víctimas sobre el supuesto desconocimiento de las normas procesales por parte de la defensa, Granados refutó señalando que el proceso se ha regido por la Ley 600 de 2000, pero fue adecuado a la Ley 906 de 2004. Esta modificación, explicó, ha influido en la forma en que se ha llevado la audiencia preparatoria ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
