La Dirección Nacional de Inteligencia aseguró estar dispuesta a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de las denuncias formuladas por la exdirectora del Fondo de Adaptación. Paralelamente, nuevas revelaciones sobre el entorno familiar de Gabriela Muñoz reavivaron el debate sobre presuntas influencias en entidades del Gobierno.
La controversia en torno a las denuncias realizadas por Angie Rodríguez continúa escalando. La exdirectora del Fondo de Adaptación afirmó recientemente haber sido víctima de amenazas de muerte y extorsiones durante su gestión al frente de la entidad, un periodo marcado por decisiones de alto impacto, entre ellas el traslado de más de un billón de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las declaraciones fueron conocidas el mismo día en que Rodríguez presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En respuesta a los señalamientos, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) emitió un pronunciamiento en el que rechazó cualquier acto de intimidación contra servidores públicos y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones.
“Desde la DNI rechazamos rotundamente cualquier acto de intimidación, extorsión o hecho delictivo que atente contra la integridad de los servidores públicos y/o ciudadanos o pretenda interferir en la transparencia de la gestión de los recursos del Estado”, indicó la entidad en una comunicación conocida públicamente.
Asimismo, la institución señaló que está dispuesta a facilitar toda la información necesaria para que las autoridades puedan esclarecer los hechos denunciados por Rodríguez, quien además ha pedido que se investiguen las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron las amenazas.
El trasfondo del caso Gabriela Muñoz
Mientras avanzaba la denuncia de Angie Rodríguez, también surgieron nuevos elementos relacionados con Gabriela Muñoz, una figura que ha sido mencionada por la exfuncionaria en medio de cuestionamientos sobre presuntas influencias en la Aeronáutica Civil.
Liliana Olaya, madre de Gabriela Muñoz, ocupó hasta hace pocas semanas el cargo de coordinadora de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. Olaya es psicóloga de profesión y llegó a la entidad durante la administración de Jorge Lemus, exdirector de la DNI y reconocido como una de las personas cercanas al presidente Gustavo Petro.
La información ha generado especial interés debido a que la propia Liliana Olaya reconoció haber recomendado para trabajar en la Aerocivil a sus hijos Gabriela y Santiago, así como a cuatro de sus sobrinos. De acuerdo con su versión, estas recomendaciones se realizaron durante la gestión del entonces director de la entidad, Henry Pinto.
Versiones enfrentadas
Henry Pinto aseguró que Olaya se presentó ante él como funcionaria de la DNI y cercana al presidente de la República, una afirmación que ha despertado interrogantes sobre el alcance de las relaciones que pudo haber mantenido dentro del sector público.
Por su parte, fuentes consultadas señalaron que Olaya ya no estaría desempeñando funciones activas en la Dirección Nacional de Inteligencia. De manera extraoficial, se indicó que sus labores estaban relacionadas con la búsqueda y el análisis de información, actividades propias de las funciones de inteligencia y contrainteligencia.
Consultada sobre los detalles de su trabajo dentro de la entidad, Olaya manifestó que no podía referirse a sus funciones y posteriormente no volvió a pronunciarse sobre el tema.
Crecen los interrogantes
La coincidencia temporal entre las denuncias de Angie Rodríguez, la respuesta institucional de la DNI y las revelaciones sobre los vínculos familiares de Gabriela Muñoz ha puesto nuevamente el foco sobre presuntas redes de influencia dentro de diferentes entidades estatales.
Mientras tanto, la Dirección Nacional de Inteligencia insiste en que colaborará con las autoridades competentes y que cualquier información requerida para esclarecer las denuncias será puesta a disposición de los organismos encargados de la investigación.
El desarrollo de estos procesos podría arrojar nuevas luces sobre las denuncias de amenazas formuladas por Rodríguez y sobre los cuestionamientos relacionados con el papel de Gabriela Muñoz y su entorno familiar en distintas dependencias del Estado.