La Defensoría del Pueblo ha solicitado que se declare el desacato de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, dirigidas a remediar la situación de vulneración de derechos de los niños wayús en La Guajira.
Esta acción surge ante el persistente incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de establecer un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de políticas públicas, tal como ordenó el alto tribunal para superar el estado de cosas inconstitucional en la región.
En una reunión técnica reciente, la Defensoría destacó la falta de coordinación y articulación efectiva del Gobierno Nacional en este asunto crítico. Se encontró que muchos indicadores clave, destinados a medir el acceso a derechos básicos como agua, alimentación y salud, no están siendo adecuadamente operativos debido a sistemas de información defectuosos o incompletos.
Según el informe de la Defensoría, seis años después de la Sentencia, persisten graves deficiencias en la implementación de las medidas ordenadas, lo que continúa afectando severamente los derechos fundamentales de la niñez wayú. Se subrayó la necesidad urgente de priorizar el censo poblacional y la georreferenciación del pueblo Wayú, esenciales para diseñar políticas públicas que atiendan efectivamente a todas las comunidades dispersas en el territorio.
Además, se enfatizó la importancia de capacitar a los actores municipales y transferir conocimientos técnicos a las comunidades indígenas, para fortalecer su autonomía en la gestión de proyectos sostenibles.
La Defensoría instó a establecer reglas claras que aseguren la participación efectiva del pueblo Wayú en la toma de decisiones que les afecten directamente, en conclusión, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de seguir vigilando de cerca esta situación y llamó a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas para cumplir con las órdenes judiciales y garantizar los derechos de los niños wayús en La Guajira.