En una jornada crucial para el sistema de salud colombiano, la Corte Constitucional ha convocado una sesión técnica para estudiar en detalle el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este encuentro se desarrolla en medio de una profunda crisis que ha afectado al sector, marcada por intervenciones gubernamentales en empresas de salud importantes como Sanitas y la Nueva EPS, así como la solicitud de liquidación voluntaria de Compensar EPS.
El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, ha hecho un fuerte pronunciamiento denunciando la corrupción que permea el sistema de salud colombiano.
El centro del debate es el valor de la UPC, que se paga a las entidades de salud por sus servicios, ha sido objeto de debate y críticas, especialmente por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que lo consideran insuficiente.
«La Contraloría sí llama la atención para que estas intervenciones no cometan las mismas equivocaciones en el manejo y en la administración de la UPC y en la denegación del servicio que ha generado la mayoría de las EPS», Vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga
Uno de los puntos centrales de la sesión fue el regaño del presidente de la Corte a los entes de control.
“A mí me asombra y me asombra muchísimo las muy bajas, raquíticas, cifras de investigaciones de la Fiscalía. No hay un solo proceso que esté, siquiera en etapa de imputación, todas están en estado inactivo o en indagación, es decir no hay una persona sometida a un proceso, a mí me asombra, no hay una sola imputación, eso asombra”, afirmo el magistrado José Fernando Reyes, quien solicitó que estos hallazgos de la contraloria sean enviado también a los demás entes de control como compulsa de copias.
El vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, reveló la existencia de alrededor de 400 hallazgos relacionados con las UPC.
“La Contraloría ha proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de las EPS que han tenido malos manejos en relación a los recursos de la salud. Sin embargo, es cierto que se debe trabajar en conjunto con la Fiscalía y la Procuraduría para trasladar los hallazgos tanto disciplinarios como penales, producto de las auditorías realizadas”, afirmó Carlos Mario Zuluaga, Contralor, que además se adelantan mesas técnicas con diferentes entidades para discutir acciones conjuntas dentro de su misión de vigilar el uso de los recursos de salud.
“Hay necesidad de revisar la UPC, yo estoy completamente de acuerdo que se revice la UPC, por eso nosotros pretendemos –no voy a entrar allá–, que no existan UPC de subsidiados ni de contributivo, y que miremos en detalle qué es lo que estamos haciendo. Ya hoy solamente las enfermedades crónicas de alto costo, las huérfanas, se están llevando casi el 20 % de los recursos, a pesar del crecimiento del presupuesto que ha designado el Gobierno, el 95% de los recursos son trasladados para cubrir la UPC, pasamos de 12 billones en el año pasado a 24 billones este año”, Minsalud, Guillermo Alfonso Jaramillo
Siga la transmisión de la sesión técnica donde intervinieron el Ministro de Salud, Vicecontralor General, usuarios, Director de la Adres y delegados de la Procuraduría y Fiscalía.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presente en la sesión, reconoció la necesidad de revisar el cálculo de la UPC, aunque señaló que la mayor parte del presupuesto se destina a su pago. Esto en un contexto en el que las EPS han insistido en un aumento de la UPC debido al incremento en los costos de las coberturas, la mayor frecuencia de uso de los servicios y los efectos pospandemia en la dinámica de atención médica.
La procuradora delegada para Asuntos de Salud, Diana Ojeda, alertó sobre la posibilidad de llegar a un estado de cosas inconstitucional si no se revisa la UPC para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Esto se suma a los hallazgos de la Corte Constitucional sobre el bajo cumplimiento del Gobierno en cuanto a los Presupuestos Máximos para la financiación de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficio en Salud.
La sesión también puso en evidencia las falencias en la expedición de la metodología para establecer los presupuestos máximos, así como los retrasos en los pagos, lo que afecta tanto a las finanzas de las EPS como a los usuarios del sistema de salud. En respuesta a esto, la Corte Constitucional ha dado un plazo de 45 días al Ministerio de Salud para que cancele efectivamente los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos, así como para presentar un cronograma de acciones para reconocer y pagar los valores pendientes por reajustes a los techos de la vigencia 2022.
¿Qué es la UPC?
La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.
Es el valor que paga el Estado a las EPS, a través de la Adres, por el aseguramiento en salud de cada colombiano. Se calcula con la información de costos entregada por las EPS, que incluye usos, los costos de los servicios en salud y los medicamentos.
Para 2024 se fijó en 12,01%, las EPS esperaban un aumento entre 16% y 18%.
Ese valor es definido actualmente por la Comisión de Regulación en Salud-CRES
Durante la sesión la Corte Constitucional ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de abordar la corrupción y revisar el cálculo de la UPC para garantizar la sostenibilidad financiera y el acceso equitativo a la salud en Colombia. La colaboración entre las diferentes entidades gubernamentales y judiciales será crucial para abordar estos desafíos y promover un sistema de salud más eficiente y transparente.
