La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no logró una mayoría para decidir si llama a juicio y ordena medida de aseguramiento (captura y envío a prisión) contra cinco congresistas en ejercicio y un excongresista investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La votación terminó empatada 3 a 3, por lo que el expediente deberá ser destrabado con la participación de conjueces.
La Sala volverá a reunirse el próximo miércoles 11 de marzo para avanzar en la designación de los conjueces y retomar la discusión de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que plantea acusación (llamado a juicio) y privación de la libertad mientras avanza el proceso.
Quiénes son los investigados
Según la información conocida hasta ahora, los vinculados por la Corte en esta etapa son:
- Wadith Manzur (Partido Conservador)
- Liliana Esther Bitar (Partido Liberal)
- Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)
- Karen Astrid Manrique (Curules de Paz)
- Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
- Juan Diego Muñoz (excongresista, Alianza Verde)
De qué trata el caso de corrupción UNGRD
El proceso se enmarca en el escándalo por el presunto desvío y asignación irregular de recursos y contratos ligados a la UNGRD, caso que ha salpicado a distintos actores políticos y administrativos. En el expediente que se discute en la Corte, la hipótesis central es que, a través de “cupos indicativos” y contratos/proyectos para regiones, se habría gestionado apoyo político a iniciativas del Gobierno tramitadas en el Congreso. Entre los escenarios mencionados en las investigaciones periodísticas sobre el caso figura la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde algunos de los investigados habrían tenido influencia en votaciones clave.
Qué pedía la ponencia del magistrado Misael Rodríguez
La ponencia que se estudia propone llamar a juicio a los seis vinculados y, además, imponer medida de aseguramiento intramural (enviar a prisión), bajo el argumento de que, por su peso político y capacidad de influencia, podrían afectar el desarrollo del proceso si permanecen en libertad durante el juicio.
No es la primera vez que la Sala discute medidas restrictivas: en un intento anterior, una ponencia para imponer medida de aseguramiento fue derrotada, y ahora el debate se reactivó en el marco del eventual paso a juicio.
Las pruebas y testimonios que sustentan la investigación
En los reportes conocidos sobre el expediente, se mencionan como insumos relevantes:
- Declaraciones de Olmedo López (exdirector UNGRD) y Sneyder Pinilla (exsubdirector UNGRD).
- Señalamientos y versiones de exfuncionarios del Gobierno relacionados con el flujo de información y decisiones presupuestales.
- Un componente documental que incluye, según publicaciones, chats y registros atribuidos al celular de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, que darían cuenta de reuniones y coordinaciones entre actores políticos y de Gobierno.
Por qué se produjo el empate 3–3
El empate reflejó posturas jurídicas contrapuestas dentro de la Sala. Entre los elementos que han pesado en la discusión, medios nacionales han reportado dos líneas de debate:
- Cuestionamientos de procedimiento (posibles vicios en el trámite o reparto de un expediente específico dentro del conjunto de investigaciones).
- Diferencias sobre si existen razones nuevas o pruebas sobrevinientes que justifiquen ordenar captura ahora, especialmente si antes la medida había sido negada.
Con el empate, la Corte debe acudir a conjueces para completar la decisión y poder votar de nuevo la ponencia.
Qué viene ahora: conjueces y nueva sesión el 11 de marzo
La hoja de ruta inmediata contempla una reunión para escoger conjueces y una nueva discusión con ellos incorporados al debate, prevista para el miércoles 11 de marzo. Ese día se espera que se destrabe el punto central: si la Corte acusa (llama a juicio) a los investigados y si, además, decreta o no la privación de la libertad.
Algunos de los investigados mantienen actividad política y, según reportes, hay congresistas que buscan sostener o renovar su espacio electoral, un contexto que añade presión pública sobre el calendario de la decisión judicial.