Bogotá, 15 de julio de 2025 — La Corte Suprema de Justicia negó la tutela presentada por Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, y confirmó la condena de 63 meses y 15 días de prisión (cinco años y dos meses) impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá. La condena es por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, tras los actos vandálicos cometidos en 2019 durante el estallido social.
Antecedentes del caso
En abril de 2019, Barrera Rojas protagonizó la destrucción con un martillo de parte de la estación Molinos del sistema TransMilenio, además de participar en actos de vandalismo contra la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Tunjuelito. Estos hechos quedaron registrados en videos que ella misma difundió en sus redes sociales, lo que fue clave para su condena.
Tutela negada y argumentos del tribunal
Epa Colombia interpuso una tutela buscando que se le desvinculara del delito de instigación a delinquir con fines terroristas, argumentando vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó el recurso y ratificó la sentencia, remitiendo el fallo a la Corte Constitucional para una posible revisión.
En el fallo, el alto tribunal destacó que la difusión masiva de contenido violento y destructivo en redes sociales tiene la capacidad de incitar a terceros a replicar conductas delictivas, lo que justifica la imputación del delito con fines terroristas. Precisó además que no es necesario probar que los receptores de estos mensajes hayan cometido actos terroristas, sino que basta con la probabilidad de generar zozobra y temor en la población.
Esta es la segunda tutela que le niegan a Barrera Rojas. En abril pasado, la Corte ya había rechazado una primera acción en la que la influenciadora alegaba violación de derechos como el debido proceso, la dignidad humana y la libertad de expresión.
Justicia restaurativa: una posible vía alternativa
En junio de este año, Epa Colombia solicitó acogerse a un proceso de justicia restaurativa para cumplir su condena. Su defensa propuso que pueda realizar labores como gestora de movilidad, cajera o promotora pedagógica dentro de TransMilenio, el sistema afectado durante los hechos.
El abogado Francisco Bernate, representante legal de Barrera, aclaró que esta solicitud no representa impunidad, sino una modalidad alternativa para cumplir la sanción penal. De aprobarse, el proceso involucraría a entidades como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Inpec y TransMilenio para lograr un acuerdo.
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