El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, rechazó la invitación del presidente Gustavo Petro para participar en un encuentro de diálogo entre las altas cortes y el Gobierno nacional. A través de una carta pública, Ibáñez explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, subrayando la importancia de la autonomía del órgano judicial en un Estado democrático. En su misiva, dirigida al presidente Petro, el magistrado reiteró que la Corte está actualmente analizando y debatiendo una serie de normas emitidas por el Gobierno, como la controversia sobre la conmoción interior.
La independencia judicial
El rechazo de la invitación no es una actitud aislada, sino una reafirmación de la posición que la Corte Constitucional ha defendido históricamente: la separación de poderes y la independencia judicial. El magistrado Ibáñez dejó claro que, en estos momentos, el alto tribunal se encuentra revisando varias leyes y normas propuestas por el Gobierno de Petro, algunas de las cuales están siendo evaluadas a raíz de demandas de inconstitucionalidad.
El presidente de la Corte destacó que la función de los magistrados es tomar decisiones basadas únicamente en el derecho, sin interferencias externas. De hecho, el rechazo se basa en la necesidad de proteger la objetividad de las deliberaciones judiciales, y evitar que se perciba cualquier tipo de influencia política o gubernamental.
El tono de la carta refleja no solo un rechazo a la invitación, sino un llamado a la reflexión sobre el respeto a la autonomía de las instituciones. “Cualquier tipo de actuación que interfiera con nuestras decisiones podría poner en riesgo la transparencia y la imparcialidad de los magistrados”, señala Ibáñez, dejando en claro que el órgano judicial no está dispuesto a comprometer sus principios fundamentales.
De acuerdo con la Constitución, la Corte Constitucional tiene la responsabilidad de revisar y pronunciarse sobre las leyes y actos del Gobierno. En este contexto, Ibáñez reafirma que, como órgano autónomo, la Corte no puede estar sujeta a ninguna presión o interacción que pueda comprometer su capacidad de hacer cumplir la Constitución.
Desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, ha habido varios roces entre el Ejecutivo y el Judicial, especialmente en torno a decisiones clave relacionadas con las reformas legales y las políticas del Gobierno.
Esta es la carta del presidente de la Corte Constitucional el magistrado Jorge Enrique Ibáñez,
«Como es de público conocimiento en estos momentos la Corte Constitucional trámita y se apresta a debatir y decidir varias ponencias relacionadas con demandas de inconstitucionalidad respecto de normas contenidas en varias leyes, algunas de las cuales se tramitaron por el Congreso de la República a partir de la iniciativa del actual gobierno nacional.
También, la Corte por conducto de la totalidad de sus respetivos magistrados sustancia varios expedientes relacionados con los decretos legislativos dictados con fundamento en el articulo 213 de la Constitución, esto es, el decreto que declaró el estado de conmoción interior en una parte del territorio nacional y los respectivos decretos que contienen diversas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
En todos esos procesos, la administración nacional a través de diversas agencias estatales pertenecientes a la Rama Ejecutiva del poder público (ministerios, departamentos administrativos y otros), ya ha intervenido o intervendrá oficialmente para defender la constitucionalidad de las normas demandadas o aquellas respecto de las cuales opera el control automático y, en el caso de las primeras, para impugnar las razones de las demandas admitidas.
Se trata, entonces, de un amplio conjunto de normas respecto de las que el Gobierno ha intervenido o intervendrá de manera oficial en los respectivos procesos judiciales de constitucionalidad y sobre los cuales ahora a la Corte Constitucional en Sala Plena le corresponde adoptar las decisiones de mérito que en derecho corresponda, alejada de cualquier clase de actuación e interferencia que llegue a poner en duda la imparcialidad y transparencia de sus magistrados y la independencia, autonomia y objetividad institucional Corte Constitucional, razón por la cual constitucional y legalmente no me es posible concurrir a participar en el citado «encuentro de diálogo«.
En tal virtud, Señor Presidente, con absoluto respeto y alta consideración, no me es posible aceptar su amable invitación para concurrir al «encuentro de diálogo» entre usted y seguramente otros funcionarios de su administración a realizarse con los Presidentes de las Cortes mañana viernes 21 de febrero de 2025 a las 11:00 a.m. en el Salón Esmeralda de la Casa de Nariño.
Es frecuente que el Señor Presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional, como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, al inicio de su mandato o cada año cuando se renuevan los dignatarios de las Cortes, decida autónomamente presentar un saludo protocolario y de respetuosa disposición de colaboración armónica con la Rama Judicial en los términos de los articulos 113 y 188 de la Constitución Política.
Cuando se trate de ello y el Señor Presidente considere oportuno hacerlo o, en las ocasiones en que desee ser escuchado por la Corte Constitucional o su Presidente por fuera de una actuación judicial en curso, estaremos prestos a recibirlo como siempre lo hemos hecho en las instalaciones del Palacio de Justicia»