Bogotá, Colombia. La Corte Constitucional atraviesa un momento clave en el estudio del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, luego de que el magistrado y presidente de la corporación, Jorge Enrique Ibáñez, presentara formalmente un impedimento para participar en las deliberaciones relacionadas con este tema.
La decisión ahora está en manos de la Sala Plena, que deberá definir si acepta o no la solicitud del magistrado. De ser avalada, Ibáñez quedaría apartado tanto de la discusión como de la votación sobre la constitucionalidad del decreto que sustenta la declaratoria de emergencia económica.
El origen del impedimento
El impedimento fue presentado tras una recusación interpuesta por la Presidencia de la República, que solicitó apartar al magistrado Ibáñez del estudio de las demandas contra la emergencia económica. Según se ha conocido, la recusación se fundamenta en varias entrevistas concedidas por el magistrado a medios de comunicación, en las que, según el Gobierno, habría existido un posible prejuzgamiento sobre el decreto.
Sin embargo, en el documento remitido a la Sala Plena, Ibáñez sostiene que sus declaraciones no constituyeron un pronunciamiento de fondo ni una valoración anticipada del decreto cuestionado.
“En tales entrevistas —si se observan de manera completa e integral— no avancé ninguna opinión o concepto sobre la decisión a adoptar en estos casos en particular, sino una presentación estrictamente académica sobre las distintas posibilidades de actuación y de decisión que le correspondería adoptar en derecho a la Corte Constitucional conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia”, explicó el magistrado.
Aun así, y con el objetivo de preservar la transparencia del proceso, el presidente de la Corte optó por declararse impedido y solicitó que su situación sea priorizada y resuelta con prontitud, dada la relevancia del tema para el país.
La decisión queda en manos de la Sala Plena
Con la solicitud sobre la mesa, serán los ocho magistrados restantes quienes deberán deliberar y determinar si aceptan el impedimento. Solo después de resolver este punto procesal, la Corte podrá avanzar de lleno en el análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la emergencia económica.
El debate se da en un contexto de alta expectativa nacional, ya que el Gobierno ha señalado que esta medida es clave para atender presiones fiscales y macroeconómicas. De hecho, el Ejecutivo estudia la posibilidad de prorrogar el decreto de emergencia, a la espera de una decisión definitiva del alto tribunal.
Reacciones desde el Gobierno
El proceso judicial también ha generado reacciones políticas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó fuertes críticas a través de su cuenta en la red social X, cuestionando la actuación de algunos magistrados y el ritmo de los procesos en la Corte Constitucional.
Un debate de alto impacto nacional
Mientras se define el impedimento del magistrado Ibáñez, la Corte Constitucional se prepara para una de las decisiones más trascendentales del año. El fallo que adopte no solo marcará el futuro inmediato de la emergencia económica, sino que también tendrá efectos sobre la relación entre el Ejecutivo y el máximo intérprete de la Constitución.
Por ahora, el país permanece a la espera de la determinación de la Sala Plena, que deberá resolver primero si el presidente de la Corte puede o no participar en el debate que definirá el rumbo económico del país en el corto plazo.
