La Corte Constitucional declaró ajustada a la Carta Política la emergencia económica, social y ecológica decretada tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, pero impuso estrictas condiciones para evitar que los recursos extraordinarios sean utilizados en fines distintos a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas.
La decisión, cuyo proyecto fue elaborado por el magistrado Juan Carlos Cortés González, avaló tanto el Decreto Legislativo 1261, mediante el cual el presidente Abelardo De La Espriella declaró el estado de emergencia, como el Decreto 1348 que modificó el ámbito territorial de su aplicación. Sin embargo, el alto tribunal advirtió que las facultades excepcionales otorgadas al Ejecutivo tienen límites constitucionales claros y no pueden convertirse en una herramienta para resolver problemas ajenos al desastre natural.
La Corte respaldó la declaratoria, pero condicionó su aplicación
Según el pronunciamiento del alto tribunal, las medidas adoptadas al amparo de la emergencia deberán estar directamente relacionadas con los efectos producidos por el terremoto y sus réplicas. La Corte señaló que el Gobierno no podrá utilizar los recursos extraordinarios para financiar gastos ordinarios del Estado ni para cubrir déficits fiscales acumulados.
En uno de los apartes más importantes de la decisión, la corporación estableció que:
«Las competencias para financiar y ejecutar recursos al amparo del estado de excepción no pueden extenderse, en ningún caso, a gastos no relacionados directamente con el estado de emergencia declarado ni pueden destinarse a financiar el déficit fiscal«.
Asimismo, la Corte enfatizó que la emergencia económica tampoco podrá utilizarse para impulsar reformas estructurales o solucionar problemas que ya existían antes del sismo.
«La emergencia no podrá emplearse para atender situaciones preexistentes a la calamidad pública«, advirtió la decisión al referirse particularmente a asuntos relacionados con el sistema penitenciario y carcelario.
Vea el análisis y transmisión en directo de la decisión de la Corte Constitucional
- Votación y ponencia: La Sala Plena aprobó la medida por 7 votos contra 1, bajo la ponencia de Juan Carlos Cortés González; el magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó parcialmente su voto y Vladimir Fernández aclaró el suyo.
- Alcance de los recursos: La Corte advirtió que las facultades no son un «cheque en blanco» y no pueden usarse para atender problemas anteriores al sismo. Asimismo, el Ministerio de Hacienda tiene 20 días hábiles para recalcular los costos reales de la contingencia.
- Condiciones y territorialidad: Las entidades deben justificar por qué no pueden usar vías ordinarias, y las medidas de excepción solo aplican en municipios con afectaciones debidamente certificadas por la UNGRD.
- Control: El Ejecutivo deberá establecer un mecanismo de veeduría independiente para el rastreo de los fondos y ejecutar un plan de recuperación de varios años.
Municipios beneficiados deberán demostrar afectaciones
Otro de los aspectos centrales del fallo está relacionado con la cobertura territorial de las medidas excepcionales.
La Corte avaló la modificación introducida por el Decreto 1348, pero precisó que únicamente podrán beneficiarse de las disposiciones aquellos municipios que registraron daños derivados del terremoto y sus réplicas, de acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), o aquellos que logren acreditar técnicamente una afectación concreta.
Durante el proceso de revisión también se tuvo en cuenta el concepto de la Procuraduría General de la Nación, organismo que consideró que el terremoto constituyó un hecho extraordinario, imprevisible y repentino que justificaba la adopción de medidas excepcionales por parte del Gobierno Nacional.
MinHacienda deberá recalcular los costos de la emergencia
La sentencia también contiene órdenes específicas al Ministerio de Hacienda.
El tribunal exigió que la cartera dirigida por Miguel Gómez realice, en un plazo de 20 días hábiles, una nueva estimación del costo total de la emergencia y de las adiciones presupuestales requeridas para financiar la atención, rehabilitación y reconstrucción de las zonas impactadas.
Además, las entidades encargadas de ejecutar recursos deberán justificar mediante actos administrativos por qué no es posible acudir a mecanismos ordinarios de financiación antes de hacer uso de las facultades extraordinarias derivadas del estado de excepción.
La Corte también ordenó crear mecanismos especiales de seguimiento y control para garantizar la trazabilidad de los recursos y permitir que los organismos de vigilancia tengan acceso permanente a la información relacionada con los compromisos presupuestales asumidos.
Protección especial para las poblaciones más vulnerables
Dentro de las condiciones fijadas por la Corte se destaca la obligación del Gobierno de incorporar enfoques diferenciales en todas las medidas que se adopten durante la emergencia.
En ese sentido, el tribunal indicó que las acciones estatales deberán ajustarse a las necesidades de las comunidades afectadas, considerando factores como edad, género, discapacidad, pertenencia étnica y otras condiciones de vulnerabilidad.
«Las medidas legislativas de desarrollo deberán adecuarse a las necesidades, contextos y particularidades de los grupos poblacionales afectados por la emergencia», indicó la Corte Constitucional.
Reconstrucción deberá tener planeación de largo plazo
El fallo también incluyó un exhorto al presidente Abelardo De La Espriella para adoptar un plan integral de recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.
La Corte pidió que la reconstrucción no se limite a medidas inmediatas, sino que contemple una planeación plurianual de recursos para garantizar la recuperación sostenible de la infraestructura, los servicios públicos y las condiciones de vida de las comunidades impactadas por la emergencia.
La decisión de la Corte Constitucional marca un punto de equilibrio entre la necesidad de responder a una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años y la obligación de garantizar que los recursos públicos sean utilizados con transparencia y dentro de los límites fijados por la Constitución.
Los lectores de Focus Noticias pueden seguir la explicación jurídica completa, las implicaciones políticas del fallo y el análisis de los condicionamientos impuestos al Gobierno en la transmisión especial disponible en el siguiente enlace: Ver video completo y análisis en vivo de la decisión de la Corte Constitucional.
