El Gobierno está próximo a firmar un contrato con Portugal para la producción de pasaportes nacionales. Este acuerdo, cuyo valor ronda los 3,1 billones de pesos y tiene una duración prevista de 10 años, se espera que entre en vigencia a partir de septiembre de 2025.
El anuncio lo hizo el jefe de Despacho, Alfredo Saade, quien confirmó que la semana pasada se realizaron diez mesas técnicas con delegados portugueses para definir los términos del contrato. Según Saade, el convenio está listo para firmarse este martes 15 de julio, iniciando luego un proceso de transición para garantizar la continuidad en la expedición de los documentos de viaje.
El acuerdo con Portugal y la transición
El modelo portugués implica que la Casa de la Moneda de Portugal será la encargada de fabricar los pasaportes, dejando atrás la operación con la actual empresa Thomas Greg & Sons, cuyo contrato vence el 1 de septiembre.
El proceso de transición, dijo Saade, contempla un “empalme” necesario cuando una empresa cesa operaciones y otra asume, para evitar traumatismos en el servicio. Sin embargo, el panorama no está exento de desafíos.
Las dudas sobre la Imprenta Nacional
Uno de los temas más controversiales es la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir, en el corto plazo, la producción y distribución de los pasaportes. La Cancillería ha expresado que la entidad no está técnicamente preparada para el cambio inmediato, debido a la alta demanda —alrededor de 8.000 documentos diarios— y la complejidad tecnológica que implica el proceso.
Un informe preventivo de la Procuraduría General de la Nación indica que desde abril pasado ya se advertía la inviabilidad de que la Imprenta maneje la expedición desde el 1 de septiembre, dado que los plazos logísticos superan el tiempo disponible. Por ello, se planteó la necesidad de una “declaratoria de urgencia manifiesta” para garantizar el servicio mientras se ajusta la capacidad operativa.
Investigación disciplinaria y controversias internas
Este caso no está exento de polémicas. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Alfredo Saade y otros funcionarios, como los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, por la gestión del proceso contractual.
Además, varios miembros de la junta directiva de la Imprenta Nacional denunciaron presiones para firmar un acuerdo de confidencialidad restrictivo, como condición para acceder a información clave sobre el contrato con Portugal. Este acuerdo incluiría cláusulas polémicas, como la posibilidad de auditorías no anunciadas a dispositivos electrónicos, controles estrictos sobre la discusión de temas en las juntas y sanciones a discreción de la gerencia.
¿Qué pasará con la Imprenta Nacional?
El Gobierno ha promovido la idea de que la Imprenta Nacional, sea la entidad encargada de la expedición de pasaportes a largo plazo, como parte de un modelo de soberanía tecnológica y reducción de dependencia externa.
No obstante, las señales indican que esa transición será gradual y compleja, y que el contrato con Portugal funciona como un puente indispensable para asegurar la continuidad y calidad del servicio mientras se fortalece la capacidad local.
Es espera que en los próximos días se de la firma oficial.
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