El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó este jueves la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en la Región Caribe, donde advirtió profundas fallas estructurales en la planeación, ejecución y control de estos dineros, esenciales para el desarrollo de los territorios.
Según el informe, entre 2022 y 2025 la Contraloría ha auditado 599 proyectos financiados con regalías, por un valor total de $7,1 billones. De estos, 155 corresponden a iniciativas aprobadas por el OCAD Paz. Como resultado de los procesos de vigilancia, el organismo de control identificó 414 hallazgos con presunta incidencia fiscal que superan los $1,7 billones, mientras que solo en el componente del OCAD Paz se calcula un posible detrimento patrimonial por $224.000 millones.
En materia de responsabilidad fiscal, el panorama también preocupa. En todo el país hay 1.156 actuaciones abiertas por un valor superior a $3,2 billones. En la Región Caribe, específicamente, están en curso 425 procesos por más de $1,2 billones. Además, se han proferido 49 fallos con responsabilidad fiscal por cuantías superiores a $154.000 millones, con una recuperación efectiva de $20.000 millones. A nivel nacional, la Contraloría ha logrado recuperar más de $34.000 millones desde el inicio de esta administración.
Rodríguez Becerra insistió en que el control fiscal debe ser entendido como un mecanismo resarcitorio y preventivo, no solo sancionatorio. En su intervención, hizo un fuerte llamado a replantear el modelo de inversión en la región: “El Caribe necesita un nuevo acuerdo regional por las regalías, basado en la planeación por resultados, la transparencia y la rendición de cuentas. No puede seguir siendo la región que más da y menos recibe, la que alimenta con su energía al país mientras su gente lucha por servicios básicos”, subrayó.
Una región con millonarias asignaciones pero con profundas brechas
Desde 2012 hasta el primer semestre de 2025, la Región Caribe ha aprobado 9.858 proyectos por $35,3 billones, lo que representa el 32% del total nacional, equivalente a $108 billones. Esta cifra supera en cuatro veces la inversión del Eje Cafetero y triplica los recursos asignados al Pacífico. Aun así, la región sigue arrastrando graves desigualdades.
En departamentos como La Guajira, Córdoba y Sucre, más del 60% de la población permanece en condiciones de pobreza, pese al masivo flujo de recursos. “La inversión no siempre se traduce en bienestar”, sostuvo el contralor, quien hizo un fuerte contraste entre la magnitud del dinero ejecutado y los resultados obtenidos.
El caso del Cesar fue uno de los más mencionados: concentra el 22% de todas las regalías aprobadas en la región, equivalentes a $7,8 billones, cifra apenas $1 billón menor que lo asignado a los 178 municipios del Eje Cafetero —una región que agrupa siete veces más entidades territoriales—.
Obras inconexas, proyectos inconclusos y prioridades invertidas
La Contraloría identificó un patrón repetido de inversiones sin planificación integral. Más de 3.000 proyectos de mejoramiento vial, sobre todo terciarios, avanzan sin conexión entre sí y sin un plan maestro que garantice continuidad y sostenibilidad. Lo mismo ocurre con cientos de obras recreativas: 503 parques han sido construidos o remodelados en zonas donde comunidades enteras carecen de agua potable o servicios de salud.
Uno de los ejemplos más críticos se registra en La Guajira, donde se han destinado más de $109.000 millones a parques y espacios recreativos, mientras la Sentencia T-302 de 2017 sigue sin cumplirse. En este departamento, el 76,3% de la población rural no tiene acceso a agua potable. “Esa es la paradoja de la abundancia vacía: tener recursos, pero no rumbo”, advirtió Rodríguez Becerra.
“La región depende de regalías para sobrevivir, pero no para crecer”
El contralor explicó que la falta de continuidad administrativa y la rotación de equipos técnicos impiden consolidar proyectos sostenibles. “Cada cambio de gobierno reinicia la historia. Los proyectos quedan a medio camino, los diagnósticos se repiten y las oportunidades se pierden”, afirmó.
A su juicio, el Caribe tiene todo para liderar una transición energética justa —viento, sol, puertos y talento humano—, pero esa transformación solo será posible si el manejo de las regalías deja de ser improvisado y se convierte en una política técnica y sostenible en el tiempo. “No puede hablarse de sostenibilidad cuando los municipios aún dependen de las transferencias para subsistir”, concluyó.
