La Contraloría ha desenterrado un desfile de irregularidades financieras en el proyecto Centros Digitales, revelando un desfalco monumental de $67,970 millones.
A través de su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, se ha imputado responsabilidad fiscal a varios actores clave, arrojando luz sobre una gestión fiscal ineficaz e inoportuna. El foco de la investigación recae en el incumplimiento del contrato de aporte 1043 de 2020, donde la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal no cumplieron con la entrega total de equipos, afectando la meta 6 de la fase de instalación.
Este incumplimiento impidió alcanzar los objetivos esenciales del Estado vinculados al proyecto Centros Digitales, diseñado para instalar soluciones de acceso comunitario a Internet gratuito en 16 departamentos de la región B. La terminación anticipada del contrato, respaldada por una garantía bancaria falsa y la omisión en la entrega de equipos por parte del socio mayoritario de la empresa proveedora, resultó en la imposibilidad de cumplir con los cometidos del proyecto.
Este conjunto de acciones conllevó al retorno de recursos públicos y al desembolso indebido de fondos por concepto de anticipo, adicionalmente, el consorcio interventor enfrenta cargos por aprobar órdenes de pago sin verificar integralmente los documentos respaldatorios, incumpliendo las condiciones para acceder a los recursos.
Funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también están bajo la lupa, enfrentando imputación de responsabilidad fiscal por omitir deberes exigibles según el manual de funciones de la entidad.
