La Contraloría de Bogotá anunció que luego de visitas de verificación fiscal en la Subred Centro Oriente y a la Secretaría Distrital de Salud, se evidenciaron presuntas fallas administrativas, por lo que se iniciaron indagaciones preliminares de hechos que incluyen recursos por más de $61.000 millones de pesos.
La indagación más preocupante se relaciona con la cartera vencida del Fondo Financiero Distrital de Salud que llega a un año y la prescripción de saldos por cobrar de los años 2017 y 2018 que suman los $45.823 millones.
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Según la Contraloría Distrital, los saldos por cobrar corresponden a prestación de servicios con EPS en liquidación como Comfacundi, Medimás y Cafesalud y el Fondo Financiero Distrital de Salud. Se alertó que con esta última entidad hay un convenio de ambulancias el cual, tiene múltiples fallas en la ejecución, en la administración del personal, en el pago de las nóminas y la facturación de traslados.
Adicionalmente el Ente de Control Distrital explicó la situación con las órdenes de prestación de servicios y alertó que registran presuntas irregularidades en la identificación de servicios asistenciales por horas extras y nocturnas y la revisión de cerca de 4.240 contratos de prestación de servicios que requieren precisar los estudios de conveniencia y factores de necesidad e idoneidad.
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Respecto a las órdenes de suministro de combustible se advirtió de posibles anomalías en la ejecución del contrato cuya demanda supera la cuantía del límite. La Subred Centro Oriente ESE en la vigencia 2021, realizó orden de compra por valor de $188 millones a la Organización Terpel SA, para el suministro de combustible, superando el valor permitido en su propio Manual de Contratación fijado en 100 SMMLV, es decir de cerca de $90 millones de pesos, advierte la Contraloría Distrital.
Indicó también que también adelanta seis procesos de responsabilidad fiscal que están relacionados con la operación de la Subred Centro Oriente por valor de $1.200 millones que se refieren al suministro de alimentos para hospitales, al presunto pago indebido de equipos en los servicios de vigilancia y seguridad privada, la compra de insumos para laboratorios y la prestación de servicios médicos, entre otros.
