Bogotá, 10 de diciembre de 2025. En un informe de auditoría de cumplimiento adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, se evidenció un presunto detrimento patrimonial por un valor de $1.618 millones, en la ejecución del contrato de interventoría No. 371-2022, celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.
En auditoría de cumplimiento realizada a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Contraloría General detectó un sobrepago de $1.618 millones, en el contrato de interventoría entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.
- Los pagos a la interventoría fueron realizados de manera incorrecta, sin ajustarse a los avances reales de los contratos supervisados bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
- La Agencia de Renovación del Territorio (ART) fue responsable de la supervisión del proceso, evidenciando fallas graves en el seguimiento técnico y financiero.
Este hallazgo fiscal corresponde a pagos realizados de manera incorrecta y desproporcionada a la interventoría, los cuales no se ajustaron a los avances reales registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) de los contratos supervisados bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
El contrato tenía como finalidad supervisar la ejecución técnica, administrativa, financiera y jurídica de los componentes del PNIS en varios territorios del país. Según los hallazgos, los pagos a la interventoría, establecidos en la cláusula cuarta del contrato, debían guardar estricta relación con el porcentaje de avance de los contratos objeto de supervisión (No. 359-2022, 377-2022 y 402-2022). Sin embargo, el análisis de la supervisión reveló que los avances técnicos de dichos contratos promediaron el 59,23%, 93,67% y 44,8%, respectivamente, muy por debajo del 100% necesario para justificar el pago total.
A pesar de ello, se avaló un pago completo a DCO Ingeniería & Servicios S.A.S., generando un sobrepago de $1.618 millones. Este hecho evidencia fallas graves en el seguimiento técnico y financiero por parte de los responsables del proceso de supervisión, siendo este la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en su rol como entidad ejecutora del PNIS y responsable de velar por el uso adecuado de los recursos públicos.
Este detrimento patrimonial afecta directamente los recursos destinados al desarrollo de proyectos productivos sostenibles y a la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas por el PNIS, subrayando la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión.
