Un reciente estudio sectorial realizado por la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan los proyectos de Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales (SSFI), especialmente en las regiones más apartadas de Colombia. Aunque estos proyectos representan un importante paso hacia la transición energética y la mitigación de la crisis climática, los retos técnicos, sociales y presupuestales amenazan su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
El informe destaca que, desde 2015, la estrategia del gobierno nacional ha logrado ampliar el acceso a la electricidad en zonas no interconectadas (ZNI), áreas donde el servicio eléctrico es inexistente o muy limitado. Sin embargo, persisten serios rezagos en el cumplimiento de las metas de cobertura. Según el estudio, 818.119 viviendas —equivalentes a más de 3,3 millones de personas— aún carecen de acceso a la electricidad. De ellas, se estima que 230.462 podrían beneficiarse de las SSFI, pero la inversión requerida para alcanzar una cobertura universal es de $14,47 billones.
Entre las principales preocupaciones identificadas por la Contraloría está la escasa capacidad de pago de los usuarios potenciales, lo que incrementa la necesidad de subsidios y puede limitar futuras inversiones en energías alternativas. Además, se alerta sobre la falta de metodologías adecuadas para la operación y mantenimiento de los sistemas solares, lo que pone en duda su sostenibilidad, especialmente en un contexto donde se discute la creación de comunidades energéticas que deben integrarse con el Sistema Interconectado Nacional.
El análisis de 32 contratos interadministrativos ejecutados por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) y el Ministerio de Energía, con una inversión de $271.348 millones, permitió aumentar en 13.425 los nuevos usuarios con electricidad en 17 departamentos. Sin embargo, la cobertura lograda es considerada insuficiente, dado que las metas gubernamentales se califican como poco ambiciosas. A este ritmo, advierte la Contraloría, la cobertura universal podría tardar al menos 20 años.
El informe concluye con una recomendación: se deben maximizar los recursos disponibles en fondos públicos, como el FAZNI y el FAER, así como el sistema de regalías y las estampillas proelectrificación, para asegurar que todos los colombianos tengan acceso a la electricidad, un servicio esencial para el bienestar y el desarrollo del país.