Un estudio de la Contraloría General de la República reveló serias deficiencias en la implementación de las medidas de protección a grupos y comunidades en riesgo en Colombia.
A pesar de que en 2023 se destinaron $1,29 billones a esquemas de protección, solo el 18 % de las solicitudes realizadas por comunidades vulnerables obtuvieron una respuesta efectiva.
El informe, titulado “Análisis de la Implementación de la Ruta de Protección a Grupos y Comunidades en Riesgo”, fue elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad. El análisis abarca el periodo 2019-2023 e identifica debilidades estructurales que comprometen la eficacia y eficiencia de las acciones adoptadas por el Estado para salvaguardar la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades étnicas.
Según el estudio, durante ese periodo se radicaron más de 1.300 solicitudes de protección, principalmente por parte de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, campesinas y organizaciones sociales. No obstante, solo 234 de estas solicitudes han sido atendidas, mientras que las demás se encuentran en evaluación o fueron descartadas por no cumplir con los criterios establecidos. En promedio, una comunidad puede esperar hasta 203 días por una respuesta, lo que pone en entredicho la capacidad del sistema para actuar oportunamente ante situaciones de riesgo.
A pesar del millonario presupuesto asignado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la entidad encargada de implementar estas medidas el informe cuestiona la priorización del gasto. De los $1,29 billones ejecutados en 2023, el 93 % fue destinado a medidas individuales, como esquemas con escoltas, vehículos blindados y chalecos antibalas. En contraste, solo el 7 % se asignó a medidas colectivas, que según el estudio podrían tener un impacto más amplio y costo eficiente en contextos comunitarios.
La Contraloría también llamó la atención sobre el creciente gasto acumulado de la UNP en los últimos años, que pasó de $1,3 billones en 2019 a $2,6 billones en 2024, sumando un total de $6,3 billones en cinco años. Sin embargo, menos del 1 % de estos recursos se ha invertido en proyectos de fortalecimiento institucional o de largo plazo, lo que evidencia una baja capacidad para generar transformaciones estructurales en la política de protección.
En 2022, por ejemplo, la UNP destinó $1,8 billones, de los cuales el 77,7 % se invirtió en bienes y servicios operativos, como escoltas, vehículos y equipos de comunicación; un 10,2 % en convenios interinstitucionales; y apenas el 0,4 % en inversión institucional. Esta desproporción preocupa al ente de control, que insiste en la necesidad de orientar recursos hacia estrategias más sostenibles.
Durante la elaboración del estudio, la Contraloría entrevistó a líderes sociales y representantes de comunidades en riesgo, quienes expresaron su inconformidad con las medidas implementadas. Uno de ellos, integrante de la comunidad indígena del Cauca, señaló que “nos dan un chaleco, pero no detienen a quienes nos amenazan”. Las voces recogidas coinciden en señalar que las medidas individuales son insuficientes, mal coordinadas y alejadas de los contextos reales de riesgo que enfrentan las comunidades.
El estudio también cita datos de la Defensoría del Pueblo, que registró 1.068 asesinatos de líderes sociales entre 2019 y 2024, con un pico en 2022, cuando se reportaron 215 casos. Las víctimas incluyeron líderes comunales, indígenas, comunitarios, afrodescendientes, sindicales y defensores de derechos humanos. Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo y Bogotá son los territorios que concentran el mayor número de estos crímenes, y paradójicamente, también las mayores solicitudes de protección no atendidas.
Ante este panorama, la Contraloría General hace un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la UNP y a las entidades competentes para reforzar la articulación interinstitucional, implementar enfoques diferenciales y garantizar que los recursos públicos destinados a la protección sean utilizados de manera eficaz, transparente y orientada a las verdaderas necesidades de las comunidades.
El ente de control enfatiza que es momento de reconfigurar la política de protección en el país, dejando atrás la respuesta reactiva y fragmentada, para avanzar hacia un enfoque integral que combine prevención, justicia, garantías de no repetición y protección colectiva, de forma que se salvaguarde la vida, la dignidad y el liderazgo social en todos los territorios de Colombia.
