De cara al proceso electoral de 2026, la Contraloría General de la República anunció un refuerzo en la vigilancia del gasto público y la contratación estatal, con el fin de prevenir el uso indebido de los recursos públicos en campañas políticas. La medida se implementará en el marco de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, y se apoyará en el Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, liderado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).
De acuerdo con la entidad, este modelo permite monitorear de forma técnica y continua la contratación pública, la ejecución presupuestal, la nómina estatal y los subsidios sociales en todo el país. El sistema integra información de plataformas como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA), y los sistemas presupuestales del DNP y el Ministerio de Hacienda, lo que facilita detectar irregularidades o patrones de riesgo asociados a la financiación electoral o desviación de recursos.
Picos de contratación antes de las restricciones electorales
El monitoreo realizado por la Contraloría detectó que los meses de septiembre y octubre de 2025 registraron los niveles más altos de contratación y convenios interadministrativos antes de la entrada en vigor de las restricciones electorales. Según los reportes del SECOP, los montos alcanzaron $4,0 billones en septiembre y $3,5 billones en octubre, lo que llevó a la entidad a activar alertas tempranas ante posibles riesgos de uso irregular de los recursos.
A partir del 8 de noviembre de 2025, la Contraloría comenzó a vigilar que no se utilicen convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante el periodo de restricciones. Asimismo, se revisarán incrementos inusuales en contratos de prestación de servicios, transferencias excepcionales a entidades locales y la participación de contratistas inhabilitados por exceder los límites de financiación política.
El control también se extenderá, desde el 31 de enero de 2026, a la contratación directa, con el objetivo de evitar desviaciones de gasto público durante la campaña presidencial y legislativa.
Articulación institucional y control ciudadano
La Contraloría anunció además una articulación con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para compartir información y alertas sobre posibles desvíos del gasto público con fines políticos.
La entidad recalcó que este modelo de seguimiento tiene un enfoque preventivo y no sancionatorio, priorizando la vigilancia oportuna como herramienta para fortalecer la legalidad y la equidad democrática.