Contraloría General abre proceso de responsabilidad fiscal por $1.624 millones al ministro de Hacienda, por pagos dobles y triples de la nómina de funcionarios públicos en noviembre de 2023.
La decisión se toma luego que el organismo de control iniciara de oficio una indagación preliminar para establecer el daño patrimonial ocasionado con los más de 180 mil pagos equivocados que se efectuaron a funcionarios de 74 entidades públicas.
De otro lado, en auditoría financiera practicada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se estableció un hallazgo fiscal por más de $1.643 millones por los intereses que dejó de liquidar diariamente el Banco de la República sobre el saldo de la cuenta del Tesoro Nacional, como consecuencia de los pagos en exceso de nómina.
La Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $1.624 millones ($1.624.181.986,4) por los pagos dobles y triples que equivocadamente se realizaron el 24 de noviembre de 2023, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF Nación) a 180.715 funcionarios públicos de todo el país, vinculando como presuntos responsables al Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al Viceministro General Diego Alejandro Guevara y otros 5 funcionarios de esta cartera.
En esta decisión adoptada por la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, a través de la Contraloría Delegada Intersectorial No. 1, se vincularon como terceros civilmente responsables a 4 compañías aseguradoras, para garantizar el resarcimiento del perjuicio ocasionado.
Este proceso tuvo origen en la información publicada en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en diferentes medios de comunicación por el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien dio a conocer que el 24 de noviembre de 2023, mediante el SIIF Nación -Sistema Integrado de Información Financiera-, fueron efectuados pagos de nómina adicionales a varios servidores públicos, con cargo al Presupuesto General de la Nación, con erogaciones de dos o tres veces más de la asignación que correspondía, por un total de más de medio billón de pesos ($665.377.015.937,85).
De manera inmediata, la CGR inició una indagación preliminar para determinar las circunstancias de tiempo y modo en que se efectuaron los pagos indebidos y evitar un detrimento patrimonial. Fue así como se hizo un seguimiento detallado a los recursos que iban retornando a las arcas del Estado, bien por reversos bancarios, consignaciones voluntarias y débitos de nóminas, entre otros.
Se encontró que fueron devueltos al Tesoro Público un total de $663.755.200.394, quedando un saldo de $1.624.181.986,4 por recuperar, que incluye el Gravamen de Movimientos Financieros cobrado por la única entidad bancaria que lo aplicó.
